El Gobierno ha recurrido a un término del casticismo patrio, “va como una moto”, para definir la situación de la economía española. En esa misma línea se pronuncian buen número de analistas que hasta ayer concedían mayor importancia a la evolución tendencial de aquella, mientras ahora, se limitan a realizar la foto de su comportamiento coyuntural inmediato haciendo abstracción de sus perspectivas no ya a medio-largo plazo, sino tan sólo a unos meses vista; sorprendente mutación. Es como celebrar  el paso gimnástico de un corredor de fondo cuando se dirige hacia un precipicio. 

Ahora bien, si se pretende realizar una evaluación de la labor de un gobierno, lo razonable y serio es ver cuál ha sido su saldo neto. Cuando además se aspira contra la evidencia a fundamentar la existencia de una especie de milagro económico patrio, es preciso ponerle en relación con lo acaecido en los demás países de la UE-eurozona en ese mismo período de tiempo. En este caso, el de la legislatura a cuyo final nos encaminamos. 

Los datos referidos al crecimiento del PIB español en precios corrientes entre 2019 y 2022 son malos. En ese espacio temporal, el PIB creció en España un 6,6%, el peor resultado cosechado por los países de la UE con la excepción de Italia, que anotó un 6,3%. En el área del euro, fue de un 11,2%; en Alemania, un 11,4%; en Francia, de un 8,3%.

Es evidente y comprobable que la economía nacional se ha comportado mucho peor que la de todos los Estados de la unión monetaria, salvo Italia. Si se da un paso más y se contempla la trayectoria del crecimiento del PIB real entre 2019 y 2022, las cifras son aún peores. Su incremento medio en España fue el 0,4%, el más bajo de la UE-27 en el período de referencia.

Si se acepta, como el PIB per cápita como una aproximación al nivel de vida de los habitantes de un país, las cifras para España son muy negativas o, cuanto menos, nada positivas. Entre 2019 y 2022, esa variable experimentó en España, en términos nominales, una contracción de 2,4 puntos, la segunda mayor caída de la UE-27, superada por Islandia. Sólo dos Estados de ese área tuvieron ligeros descensos de su PIB per cápita, Francia y Alemania, ambos del 0,2%. Si se mide ese indicador en términos de Paridad del Poder Adquisitivo, España lidera el ranking europeo en lo referente a su “crecimiento negativo”, el -6,6% entre 2019 y 2022.

España es el tercer Estado de la UE con un mayor porcentaje de la población en riesgo de pobreza y de exclusión social

Por otra parte, a finales de 2022, el déficit público español se situó en el 4,8% del PIB frente al 3,6% en la eurozona, y la ratio deuda pública/PIB en el 113,2% frente al 91% en la unión monetaria. Y la inflación acumulada desde mayo de 2019 hasta mayo del 2023 creció un 15,9%, lo que iba incidido de manera evidente en la erosión de la renta de las familias.

La tasa de paro española se situaba a finales de 2022 en el 13,1% frente al 6,1% de la UE, y el desempleo juvenil en el 29,6% frente al 15% en la UE. Ese diferencia no se ha estrechado en lo que va de 2023. España tiene el penoso honor de encabezar el ranking de paro en el escenario europeo, pese a los cantos triunfales entonados por el Gobierno y enarbolados por la Sra. Díaz como un banderín de enganche para atraer votos a esa especie de callejón de las almas perdidas que es la plataforma electoral que lidera.

El Gabinete social-comunista cerrará su paso por el poder con otro notable récord. España es el tercer Estado de la UE con un mayor porcentaje de la población en riesgo de pobreza y de exclusión social. Eso sí, dos países con niveles de desarrollo y con un dinamismo económico enorme, entiéndase la ironía, Rumania y Bulgaria baten a España en ese honroso escalafón: Rumania con un 32% de sus habitantes en esa situación y Bulgaria con el 34%. En la media UE, ese indicador se sitúa en el 21,6%.

La medida estrella diseñada por el Gobierno para mejorar la posición de las personas ubicadas en ese indicador sólo puede calificarse de fracaso. La AIReF ha señalado que el número de familias que accedieron a esa prestación con contributiva es de 284.000 personas, el 35% de las que tendrían derecho a percibirla. Y, ese maravilloso ejercicio de solidaridad de la izquierda gobernante, se ha extendido a toda su política de ayudas sociales. Según la OCDE, el 20% de los hogares más ricos de España recibió más del 30% de las transferencias del Estado, mientras que al 20% de los más pobres sólo fueron a parar el 12%.

A grandes rasgos, los datos expuestos muestran con bastante claridad los resultados de la gestión del Gobierno social-podemita y son inapelables. Se trata de un balance negativo, mírese como se mire. Y esgrimir como atenuante el efecto de la pandemia es un truco burdo, ya que aquella fue padecida por la totalidad de los Estados europeos y a casi todos les ha ido mejor como lo reflejan los indicadores que se han comentado con anterioridad. Dato mata relato.