La reacción del Gobierno español, que ya preside el Consejo de la Unión Europea, ha sido aprobar un decreto-ley que, bajo la fachada de "adaptar el régimen jurídico” de los VTC a la sentencia europea, busca burlar o anular sus efectos.

Esta actuación legislativa del Ejecutivo español en el marco de la denominada “guerra del taxi”, plantea serios interrogantes sobre el respeto a las instituciones judiciales. En particular, por el abuso del instrumento del decreto-ley, que casi siempre es una estrategia inaceptable.

Máxime cuando las razones de extrema urgencia que lo deben justificar son realmente de oportunismo ante una inminente convocatoria de manifestaciones por los taxistas y en un contexto de precampaña ante la celebración de elecciones generales.

Es el tercer decreto-ley en menos de una década que se aprueba sobre este asunto por el Gobierno central (sin contar con los promulgados por los autonómicos), lo que ya indica el bajo nivel de nuestros dirigentes políticos para legislar de forma estable y consensuada, en aras de la seguridad jurídica y de otros principios constitucionales involucrados.

Está pendiente otra sentencia del TJUE sobre el caso a instancias del Tribunal Supremo, así que, vistos los precedentes, mucho nos tememos que igual este decreto-ley no será el último.

A la vista de las explicaciones sobre el asunto ofrecidas por la vicepresidenta económica del Gobierno en rueda de prensa, se viene a la memoria el adagio atribuido a Winston Churchill: "En tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería ser protegida de las mentiras por un guardaespaldas".

Es el tercer decreto-ley sobre taxis y VTC lo que indica el bajo nivel de los dirigentes políticos para regular de forma estable 

Porque, tanto la exposición de motivos del decreto-ley como las declaraciones del hato de portavoces gubernamentales, revisten de protección al medioambiente y a la congestión vial una reforma legal que simplemente pretende conservar el statu quo entre ambas modalidades de transporte. Distinción que viene arrastrándose desde hace casi cuarenta años y la discriminación que el TJUE denuncia en los fundamentos su sentencia.

Así, la actuación del Ejecutivo tiene el sabor de oportunidad perdida para ordenar sin parchear la movilidad urbana de estas dos tipologías de vehículos sin caer en el enfrentamiento y evitar abrir nuevas brechas regulatorias en detrimento de los usuarios de estos servicios.

En vez de asumir lo dispuesto por la Justicia europea, que no es otra cosa que abrir el mercado, eliminar proteccionismos contrarios a la competencia y crear un sano marco de reglas comunes para taxis y VTC en el mercado en el que concurren (que es sólo el de los servicios contratados previamente por emisoras y aplicaciones digitales), se vuelve a optar por intervenir más la economía. 

La nueva norma opta por limitar el crecimiento de ambos servicios, por ahondar en la diferencia jurídica de unos servicios que los usuarios ya perciben como iguales y por fraccionar más aún el mercado, tanto económica como administrativamente. Una solución que dará pie a múltiples y dispares regulaciones autonómicas y locales que anticipan una cascada de litigios a los que parece que estas actividades económicas están condenadas.

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También resulta cuanto menos extraño que, después de que el anterior ministro de transportes José Luis Ábalos dictase otro decreto-ley para trasladar la ordenación de estos servicios a las Comunidades Autónomas, la actual titular Raquel Sánchez las haya excluido del debate previo sobre las medidas adoptadas. 

Se desprecia otro decreto-ley (3/2018, de 20 de abril) que requiere la convocatoria de una conferencia sectorial entre el MITMA y las regiones para el caso de que se articulasen medidas “a nivel estatal y autonómico que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia, la prestación del servicio y la coordinación en el ámbito urbano e interurbano de la actividad desarrollada por las distintas modalidades de transporte de viajeros en vehículos de turismo, conforme a los principios que deban cumplir los requisitos que regulen el acceso a las actividades de servicios y el ejercicio de las mismas según la normativa vigente”.

Eso es exactamente lo que ahora se ha hecho con este nuevo decreto-ley, estableciendo nuevos requisitos limitativos al acceso a la actividad de VTC o “la apuesta por la declaración del transporte de viajeros en taxi como servicio de interés público”.

Esta última declaración de interés público también contradice lo expuesto por los magistrados del TJUE, que habían dejado sentado el hecho de que en la Unión Europea la actividad de servicios de taxi no se considera de interés general pese a que se encuentre intensamente regulada. 

Esta última declaración de interés público también contradice lo expuesto por los magistrados del TJUE

Tampoco que esa actividad posea características específicas respecto a otras actividades económicas, ni que se haya confiado a los taxistas una misión específica de servicio público mediante actos del poder público suficientemente precisos en este sentido que justificasen ese estatus.

Para colmo, paradójicamente (pese a presentarse la actuación gubernativa como “adaptación del régimen jurídico de los VTC” a la citada sentencia), el decreto-ley no deroga la denominada ratio 1/30 -origen del caso planteado ante el TJUE-, sobre la que éste vino a señalar su contradicción con la libertad de establecimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Se mantiene así de facto la congelación del mercado en los apenas 80.000 taxis y VTC que hay en toda España, cuando, por ejemplo, solo una ciudad como Londres (no especialmente deficitaria en metro, buses, etc.) cuenta con más de 90.000 vehículos entre ambas modalidades. Recordemos esto ante las largas colas de espera que se repetirán este verano, etc.

La apelación a la protección de los niveles de emisiones, forzando la electrificación de toda la flota para que pueda existir crecimiento de estos servicios de movilidad, es ciertamente pintoresca, pues estos vehículos destinados al transporte público de pasajeros representan una minoría en comparación con los millones de vehículos públicos y particulares que circulan en España.

En definitiva, asistimos a un nuevo episodio de gobernanza oportunista a golpe de decreto-ley, sorteando las decisiones judiciales en perjuicio de los usuarios de movilidad, limitando el crecimiento económico y sin establecer reglas transparentes e iguales para todos. ¿Cuánto se tardará en necesitar un nuevo parche ante nuevas sentencias o innovaciones tecnológicas que pongan en peligro el castillo de naipes sobre el que sustentan las licencias de taxis y las autorizaciones de VTC?

***Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes.