Considerando, además, la mayor precariedad laboral que sufren aquéllos que tienen trabajo y las dificultades de acceso a una vivienda digna a precios asequibles en nuestro país. Todo ello tiene consecuencias económicas y sociales: merma el desarrollo económico y los ingresos públicos, y condiciona la reducida tasa de natalidad.

Existe, además, un riesgo de perpetuación de las desigualdades. En España el 10% más rico posee el 60% de la riqueza. No funciona adecuadamente el ascensor social. No todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades. Las personas nacidas en hogares de elevada renta y riqueza compiten en mejores condiciones porque pueden financiarse una mejor formación, y porque disponen de una red de contactos que hoy por hoy sigue siendo el primer circuito para conseguir un buen empleo.

Por tanto, no basta con repartir los ingresos, también es preciso ir a la raíz de las desigualdades en términos de oportunidades. A este respecto, la medida más eficaz es construir un fondo de riqueza pública, fortaleciendo los servicios públicos, prioritariamente el sistema educativo y de prestaciones sociales para el cuidado de las familias y la juventud. España tiene una tasa de abandono escolar prematuro de las más altas de Europa, lo que exige reforzar el sistema público educativo y un mayor acompañamiento de los niños y los adolescentes para que puedan finalizar su formación.

Para todos aquellos jóvenes que abandonaron sus estudios, y que en gran parte se encuentran desempleados, es preciso facilitar que retomen su formación. En la actualidad existen demandas de empleo no cubiertas, en gran parte relacionadas con los sectores de las transiciones verde y digital. Deben reforzarse las políticas activas de empleo para recualificar a desempleados y que puedan reinsertarse al mercado de trabajo.

En España el 10% más rico posee el 60% de la riqueza

Además de la formación, los servicios públicos de empleo deben cumplir su finalidad: facilitar la inserción laboral. Sólo ampliando el número de funcionarios de dichos servicios para ofrecer una asistencia personalizada a los demandantes de empleo y mejorando la información sobre ofertas y demandas de empleo, podrán convertirse en la primera forma de encontrar trabajo.

También puede resultar interesante que las políticas públicas se dirijan a ayudarles a emprender. El mercado de trabajo está cambiando hacia cada vez más profesionales autónomos o free lance que deciden desarrollar su propio proyecto empresarial. Estos jóvenes necesitan, para ese primer empujón, tanto asesoramiento como financiación. Sobre todo, aquellos que no tienen un colchón sobre el que caer como consecuencia de inversiones fallidas, lo que limita sus posibilidades de emprender.

En esta campaña electoral, ante la necesidad de dar soluciones a los problemas de nuestra juventud, SUMAR ha propuesto la medida de “herencia universal”: un único pago de 20.000 euros a toda persona que llega a la mayoría de edad. No se trata de un cheque en blanco, porque está condicionada a financiar un proyecto que tenga un beneficio social, ya sea financiar estudios o crear un proyecto empresarial.

La medida, planteada originariamente a finales del siglo XVIII por el filósofo Thomas Paine en 1795, y más tarde por el ministro italiano Enrico Letta y el economista Thomas Piketty, surge porque las herencias juegan un papel cada vez más crucial como factor de desigualdad. De hecho, las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España. La instrumentación de una herencia universal responde a esa preocupación, pero la iniciativa no está exenta de ciertos interrogantes.

En primer lugar, sobre la universalidad de la medida, planteada como nuevo derecho de ciudadanía para los jóvenes. Es cierto que así se garantiza una mayor eficacia de la medida, al eliminar los trámites burocráticos; pero, también, considerando que los jóvenes de familias con altos niveles de renta y riqueza no necesitan una “herencia universal”, debería valorarse la inclusión de algún tipo de restricción.

Las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España

En segundo lugar, en un contexto de vuelta a las reglas fiscales, una política fiscal responsable requiere conocer cómo financiar estas subvenciones, cuyo coste estimado es de unos 10.000 millones de euros anuales, lo que equivale aproximadamente al 0,8% del PIB de España. La imposición de un gravamen sobre las rentas y patrimonios altos parece contradictoria con el carácter universal del dispositivo.

Y, en tercer lugar, existen riesgos de implementación de esta medida derivados de la utilización de la herencia universal para fines que no son los previstos – formación o emprendimiento empresarial-. De ahí la importancia del seguimiento y control, con posibilidad de requerir su devolución, o incluso sanción. Todo ello plantea importantes cuestiones que atañen al diseño del dispositivo.

En definitiva, la propuesta de la “herencia universal” abre el debate acerca de cómo mejorar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes. Sin duda, la iniciativa no tiene la madurez suficiente para una pronta puesta en marcha, pero al menos pone de manifiesto la necesidad de lograr una sociedad más justa con un mejor reparto de las oportunidades al inicio de la vida adulta.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.