Por otro lado, están las consecuencias de esta subida de tipos en los tramos variables de la deuda viva de las empresas, presionando al alza su carga financiera y pudiendo llegar a suponer un problema de solvencia para aquellas compañías más apalancadas o que hayan visto más penalizada la generación de caja en los últimos años a raíz de la Covid, la subida de los costes energéticos y el encarecimiento generalizado de los costes de producción.

Es de hecho, esta percepción de un potencial incremento de la morosidad empresarial lo que, adicionalmente, estaría contribuyendo a un endurecimiento de las condiciones de financiación para las empresas no solo en precio sino también, aunque en menor medida, en plazo y exigencia de garantías.

El empeoramiento del riesgo percibido por parte de las entidades financieras estaría provocando que no solo el nuevo crédito haya retrocedido (más de un 7% en los siete primeros meses acumulados de este año frente a 2022 según datos del BDE), sino también los saldos vivos (-3%), dando los primeros signos de un problema de refinanciación (a modo de referencia, en la crisis financiera global de 2008 no fue hasta diciembre de 2009 que se registró un retroceso del 3% en los saldos vivos que llegó a máximos interanuales del -20% en 2013).

Tampoco los mercados de capitales de deuda dirigidos a empresas de capitalización media (en nuestro caso el MARF) han funcionado con la eficiencia observada en años anteriores debido a una combinación de incertidumbre y competencia de otros productos con rentabilidades atractivas para los inversores (entorno que debería ser tendente a normalizarse y abrir de nuevo esta puerta a las empresas).

La subida de los costes energéticos y el encarecimiento generalizado de los costes de producción

Esto ha llevado a que desde 2022 se haya mantenido cierto dinamismo en la emisión de pagarés a corto plazo, si bien a un coste muy elevado y con un acortamiento de plazos, pero un acceso extremadamente limitado a la financiación a largo plazo a través de la emisión de bonos y obligaciones, ventaja diferencial de la renta fija y atractivo para que muchas empresas decidan acceder a estos mercados. A modo de referencia, en lo que va de año tan solo dos empresas no financieras han sido capaces de emitir valores a largo plazo en MARF.

Este complicado entorno estaría condicionando una mayor apelación a instrumentos de financiación pública y la solicitud de ayudas en forma de créditos blandos. Financiadores públicos (a nivel estatal y de Comunidad Autónoma) se perfilan, por lo tanto, como socios de largo plazo de suma importancia a incorporar en la estrategia de la búsqueda de fondos de las empresas.

En este contexto, la ágil puesta en marcha de los numerosos instrumentos de financiación pública recogidos en la adenda al Plan de Recuperación, cuya aprobación final por parte de las autoridades europeas se espera en próximas semanas, se configura como un factor decisivo para poder compensar un entorno de mayor dificultad en el acceso a la financiación.

Por último, los fondos de deuda privada, más flexibles en estructuración de operaciones y análisis de riesgos, pero tradicionalmente percibidos por las compañías como una financiación “cara”, encontrarán también una oportunidad para reforzar su apoyo a las empresas al verse reducido su coste diferencial con los tipos de interés de la financiación bancaria y ser capaces de ofrecer soluciones ágiles a empresas en diferentes situaciones y con diferentes necesidades.

*** Irene Peña, profesora de Afi Escuela.