La pandemia puso de relieve los riesgos y consecuencias de la vulnerabilidad industrial y tecnológica de Europa. La posterior crisis de oferta y los “cuellos de botella” agudizaron tales vulnerabilidades.

Se hizo evidente la necesidad de contar con autonomía estratégica en la UE, no sólo en vacunas, industria farmacéutica, componentes tecnológicos o minerales y materias primas escasas; sino también y, ante el shock energético derivado de las guerras primero en Ucrania y después en Palestina, con una autonomía energética europea. Para reducir nuestra dependencia rusa del gas, acelerar la transición hacia energías renovables y propiciar una nueva regulación del precio en el mercado eléctrico, que vaya más allá de los mecanismos de corrección implantados en algunos países de la unión, como ha sido la excepción ibérica.

Resulta imprescindible el desarrollo de una nueva política industrial común en Europa que dote al área económica europea de autonomía estratégica, al tiempo que facilite la transición a un modelo productivo basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación.

La aprobación del Fondo de Recuperación y Resiliencia Next Generation UE, inicialmente pensado para hacer frente a la pandemia, constituye un buen primer paso en la dirección correcta. Por primera vez se articula una respuesta fiscal europea conjunta de inversión, con cumplimiento de hitos y reformas adoptados conjuntamente, y que tiene una dotación de más de 800.000 millones de euros. El objetivo que persigue es reactivar las economías europeas e impulsar el cambio estructural, el crecimiento y la estabilidad en la era digital.

Resulta imprescindible el desarrollo de una nueva política industrial común en Europa que dote al área económica europea de autonomía estratégica

No se puede desarrollar una política industrial europea sin un presupuesto común. La UE debe contemplar la creación de capacidad fiscal común. Tal vez, una posibilidad sea prolongar la iniciativa del fondo Next Generation UE, perpetuándolo y convirtiéndolo en el embrión de una unión fiscal. La mutualización de la deuda pública con programas conjuntos de inversión conduce a una mayor eficiencia y más espacio fiscal, ya que los costes agregados de endeudamiento son menores.

Esta mayor integración facilita, federalizando gasto, que las inversiones cruciales se produzcan según la necesidad de cada país, en vez de según su capacidad. Hasta ahora la escasa política industrial se desarrolla en los países con margen fiscal suficiente, como ocurre en Alemania, mermando la potencialidad de invertir a mayor escala para generar un área industrial europea competitiva.

Esta Unión Fiscal pasa por la reforma de las reglas fiscales para adaptarlas a cada economía, y compatibilizar unos objetivos de déficit y deuda razonables y realizables para cada Estado miembro, con inversiones públicas que potencien la política industrial común y lograr un crecimiento económico sostenible que además garantice la cohesión social. Sólo así se podrán corregir los desequilibrios de manera gradual y evitar shocks y riesgos de sesgo procíclico que tienen las reglas fiscales actuales, tal y como comprobamos con las políticas de austeridad forzadas tras la crisis financiera.

Si la Unión Europea pretende tener éxito en su carrera industrial y tecnológica frente a China y Estados Unidos, debe dar pasos y avanzar desde la unión monetaria hacia una unión económica amplia, con la creación de Unión de Mercados de Capitales, Unión Bancaria, Unión Energética, pero sobre todo con la Unión Fiscal. Urge un instrumento financiero o fondo soberano, tomando como ejemplo a los EEUU, para desarrollar una política industrial europea conjunta que defienda el Mercado Único evitando la fragmentación nacional y la competencia entre Estados miembros.

En otras economías importantes, como China y EEUU, están bien posicionadas en sectores estratégicos porque desarrollan políticas industriales invirtiendo a gran escala, especialmente para avanzar en investigación, tecnología e innovación. Sin embargo, en la UE tan sólo existen políticas descentralizadas, y no en todos los países. El resultado es que no se consigue potenciar una estrategia industrial de conjunto.

En la UE tan sólo existen políticas descentralizadas

La autonomía estratégica y la supervivencia del área económica europea pasa por impedir la utilización de ayudas nacionales para atraer proyectos de inversión o rescatar empresas de forma asimétrica y contraria a los principios de integración europea. Se trata de evitar el pragmatismo contable y apostar por el papel del “Estado Emprendedor”, pero a nivel UE, para desarrollar proyectos industriales capaces de escalar su tecnología, al igual que viene haciendo EEUU con grandes proyectos, como son por ejemplo los espaciales y de defensa. La descentralización es una receta para la subinversión.

El Gobierno federal de EEUU, no los estados norteamericanos, domina la inversión en ciencia y tecnología. La UE tiene oportunidades en sectores como IA, aeroespacial, computación cuántica, tecnologías de defensa, salud de vanguardia; pero debe reconsiderar las ayudas de estado eliminando obstáculos administrativos y regulatorios y garantizando eficiencia y sencillez. Europa debe salvaguardar los intereses de las empresas europeas ante las medidas de corte proteccionista que aprueba EEUU, como la reciente Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act) aprobada en agosto de 2022.

Si Europa quiere salir de su estancamiento y mejorar la competitividad y el dinamismo de las economías europeas, urge ampliar las inversiones federales y hacerlas permanentes. Si se administran de forma centralizada serán más eficientes, y su financiación debe ser a través de la emisión de deuda soberana de la UE. Es un gran paso de unión política que requiere cesión de soberanía nacional. Pero la fragmentación regulatoria y de las políticas industriales conduce al declive en relación a los otros grandes bloques. Se trata de una cuestión de supervivencia del bienestar y el modo de vida propio de la sociedad europea.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.