La votación para convalidar los tres Reales Decretos-Ley 6, 7 y 8 de 2023 tiene una lectura económica de enormes consecuencias. La primera cuestión que afecta de lleno a la economía es la inseguridad jurídica e institucional creciente. La capacidad de mantener en vilo a las empresas y los inversores hasta el último minuto jugándose su capital sin el cual no se puede crear empleo, reducir la desigualdad de renta o el progreso social.
La seguridad jurídica es un intangible que muchas veces no es suficientemente valorado. En las diferentes encuestas de opinión empresarial, España suele aparecer en los puestos más bajos en cuanto a calidad normativa. En este sentido, los partidos nacionalistas de raíz de centro-derecha deberían ser especialmente sensibles, pero la radicalización de estas formaciones impide que sean un contrapeso ante un Gobierno poco proclive a la claridad y estabilidad de la regulación.
Nos encontramos ante una praxis normativa (el Real Decreto) que refleja hasta qué punto hemos dejado de estar de acuerdo en lo fundamental y hemos fomentado las trincheras. Sólo así puede explicarse la creación de una barrera entre los agentes económicos de un mismo país con lo pactado con Junts: por un lado, la utilización de las balanzas fiscales y, por otro, la creación de un marco de presión empresarial para re localizar las sedes mercantiles salidas desde el 1-O.
España suele aparecer en los puestos más bajos en cuanto a calidad normativa
En el primer caso, no es la primera vez que se pretende usar con fines divisivos un cálculo que no tiene una metodología aceptada por todos; con una gran dificultad técnica como es establecer las competencias homogéneas, el equilibro entre ciudadanos en función del territorio en el que viven, pero que pueden tener pagos de impuestos distintos según dónde residan, tengan sus actividades o realicen su gasto, y de igual modo con respecto a los servicios públicos que recibe.
Lo que salga de ese cálculo servirá a los secesionistas para defender que su contribución a la caja común tiene que reducirse o incluso desaparecer. Tomando los últimos cálculos de Fedea, de los 8.815 millones de euros de contribución neta que hacen Madrid, Cataluña y Baleares a la caja común a competencias homogéneas y presión fiscal, Cataluña aporta 2.168 millones frente a los 6.313 millones de Madrid. El riesgo de desestabilización del sistema de financiación es enorme tal como revelan estas cifras.
Cataluña aporta 2.168 millones frente a los 6.313 millones de Madrid
En el segundo caso nos lleva a una honda preocupación sobre la presión que se ejercerá sobre las empresas para su vuelta a Cataluña. Está claro que cualquiera de las vías planteadas por Junts (sean sanciones para quien no se relocalice o incentivos para quien sí lo haga) no son compatibles con el principio Europeo de la libertad de movimiento de capitales y la normativa española bajo ningún concepto puede contradecir el marco europeo.
Por tanto, la única posibilidad para hacer esta presión es hacerlo de manera indirecta a través de nombramientos de consejeros, patronos o cargos directivos que puedan ejercer una influencia decisiva. El independentismo ha pasado de negar la realidad de que se habían marchado más de 8.000 sociedades mercantiles y entidades del tercer sector desde 2017 a imponer su vuelta como objetivo irrenunciable.
En suma, me temo que esta dinámica tendremos que sufrirla durante mucho más tiempo. Se suele decir en el madridismo que “90 minutos en el Bernabéu se pueden hacer muy largos”. Algo así nos pasará con esta legislatura.