Comienza el año con tres noticias inquietantes. La sugerencia de Mónica García, ministra de Sanidad, de que sean los ciudadanos quienes se concedan las bajas de tres días; la alarma de las empresas generadoras de energías renovables ante la negativa de Junts a dar sus votos a Sánchez en el Congreso y, al hilo de esa noticia, la exigencia de Puigdemont de penalizar a las empresas que cambiaron su sede social fuera de Cataluña tras el 1-O.
Tres noticias inquietantes porque reflejan la falta de coherencia del ámbito político en España.
Empezando por el final. Una de las claves de la estabilidad es la capacidad de los individuos para prever, en la medida de lo posible, las acciones de los demás agentes. Especialmente de los gobernantes. Por eso las leyes han de ser claras, publicadas y conocidas por todos, para que los ciudadanos sepamos a qué atenernos.
Cuando las decisiones del gobierno se materializan en decretos leyes pasando por encima de la práctica parlamentaria y de la función del Senado, el ciudadano percibe una mayor incertidumbre respecto a lo que el gobernante puede hacer.
El chantaje político de Puigdemont al presidente del Gobierno, exigiendo que se penalice a las empresas que se fueron de Cataluña porque el entorno de una república catalana no era el mejor para la marcha del negocio, es de una desfachatez increíble.
El chantaje político de Puigdemont al presidente del Gobierno es de una desfachatez increíble
Lo peor no es eso. Es que el gobierno no haya respondido tajantemente respaldando a las organizaciones y dejando claro que el chantaje no es aceptable en democracia. Porque esa penalización, si fuera legal y constitucional, manda un mensaje a los directivos: no tienes libertad para establecer la sede donde quieras y estás obligado a permanecer donde a mis intereses políticos les convenga.
¿Qué reacciones puede desencadenar ese mensaje? La estampida empresarial y la contracción de la inversión. Porque cuando a una empresa se le ponen trabas para tomar las decisiones empresariales más básicas (como buscar el entorno que le proporcione mayor seguridad jurídica, esto es, le asegure la estabilidad) esa empresa se va, ese capital emigra.
Si se va, lo hará con razón. Imaginen que un ciudadano no tiene claro si el gobierno va a decidir que lo que ahora está permitido, en dos horas no lo estará. ¿No buscarían un lugar donde supieran a qué atenerse?
La segunda noticia, relacionada con esta es el peligro en el que se encuentran las empresas de energías renovables a la que les hubiera afectado negativamente que no se aprobaran los reales decretos. En concreto aquel que propone una moratoria, en primer lugar, para obtener autorización administrativa de construcción de proyectos renovables, y cuyo plazo finaliza en apenas quince días.
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Además, por otro lado, propone que se extienda el plazo para poner en marcha e interconectar las instalaciones a la red en tres años. Tal y como informa El Periódico de la Energía, las consecuencias de la no aprobación hubiera afectado a proyectos valorados en más de 40 mil millones de euros. Una cifra nada despreciable.
Esto es lo que pasa cuando la transición energética depende de las subvenciones, y cuando el gobierno juega a los decretos ómnibus. Es decir, se mezclan en el mismo real decreto temas relevantes y urgentes cuyo rechazo supondría una sustanciosa pérdida, con otras medidas de carácter político.
Así se consigue meter presión para que se apruebe, y de no ser así, se culpa a los que votaron no por perjudicar las pensiones, la transición energética, etc. Es un táctica propia de trileros que he visto a diestra y a siniestra, en todo el arco político.
El tercer punto de tensión informativa ha sido la propuesta de la Ministra de Sanidad de que sean los ciudadanos los que auto regulen sus bajas cuando son de tres días o menos. En un país con el absentismo laboral alto, parece una medida un tanto arriesgada, por más que la intención sea loable.
En un país con el absentismo laboral tan alto, parece arriesgado permitir la autobaja aunque la intención sea loable
Me pregunto a cuántos médicos de atención primaria se les ha preguntado por cuál creen ellos que es la mejor alternativa. Pero, más allá de la propuesta en sí, que en un país de personas honestas debería funcionar, hay un tema de fondo que me preocupa más.
Estamos en un Estado en el que a los ciudadanos se nos trata como sospechosos, se promueve la desaparición del efectivo para evitar el “mal uso” del dinero... y se está planteando hacer obligatorio (¡de nuevo!) el uso de mascarillas en centros médicos y hospitalarios; y además, en algunos lugares, es necesaria una receta médica para comprar Ibuprofeno o Nolotil. Pero al mismo tiempo, la ministra asume que somos una ciudadanía ejemplar y que está perfectamente preparada para darse la baja por un par de días sin engañar a la empresa. No es coherente.
Estas actitudes generan un clima de inseguridad en los ciudadanos, que no tenemos claro por dónde nos van a salir esta vez. Para cuando estas lineas se publiquen, ya sabremos si el gobierno ha cedido a la extorsión de Junts, si el Partido Popular ha ejercido de verdadera oposición, y si los tres Reales Decretos se ha aprobado.
Pase lo que pase, lo que no me cabe duda es que Pedro Sánchez encontrará el relato perfecto para salir fortalecido y dejar en mal lugar a los demás. Eso sí, a costa de ese vértigo que se siente cuando la arbitrariedad toma las riendas de tu país.
