Es alucinante que Calviño anuncie, ya como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, su disposición para financiar nuevos proyectos nucleares. Solo unos meses antes mantenían una posición radical ante el cierre de centrales nucleares en España. Ribera exigía "no volver a la casilla de salida" en materia de cierre de las plantas nucleares mientras en la Unión Europea alcanzaba un acuerdo histórico que no solo apoya a la energía nuclear sino que refuerza la importancia de la misma como motor clave en el proceso de descarbonización. La Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones adoptan la energía nuclear como pilar de la transición energética y, sin embargo, en España se penaliza y se mantiene el calendario de cierre.

En algunas entrevistas se intenta justificar esa diferencia de criterio usando el argumento de que son las propias empresas eléctricas las que no quieren invertir y las que no quieren alargar los plazos. Sin embargo, esa afirmación es incorrecta. Lo que dicen las empresas es que se puede extender la vida de unas centrales nucleares seguras, que funcionan excepcionalmente y que cuentan con capacidad para seguir produciendo electricidad competitiva y abundante, pero que la fiscalidad y la regulación asfixian la rentabilidad de las centrales, haciéndolas inviables. Según declaraba José Bogas en un encuentro con medios de comunicación con motivo de la presentación de sus resultados: “Creo que habría que dejar más tiempo las nucleares”.

No es que las empresas no quieran invertir o extender la vida de las nucleares, es que los gobiernos las hacen anti-económicas.

Detrás de la errada regulación antinuclear está la falacia repetida sin descanso de que las nucleares e hidráulicas venden electricidad a precio de oro y hay que expoliarlas.

El consumidor debe saber que la nuclear es una máquina de impuestos nacionales y regionales. El 61% de los ingresos de esta tecnología se van en impuestos. Un ejemplo evidente de expropiación indirecta vía fiscalidad. Las empresas corren con todos los costes y el estado absorbe más del 60% de los ingresos.

La fiscalidad y la regulación axfisian la rentabilidad de las centrales nucleares, haciéndolas inviables.  

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, detallaba el expolio fiscal que supone el sistema eléctrico español cuando mostraba, en su última presentación estratégica, que la compañía pagó 1.702,7 millones de euros en impuestos en España en 2023, un 99% más que 2022 y, para que se hagan una idea, la cifra supone alrededor del 120% de sus costes operativos. Mientras los tributos a nivel grupo crecen un 56% (España representa el 62% del total de los tributos del grupo).

En un informe de PWC España (“El papel de la energía nuclear en el marco de la transición energética” marzo 2024), se llegan a importantes conclusiones que reflejan el riesgo de seguir perdiendo competitividad.

Una importante conclusión es que el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima” (PNIEC) va muy retrasado en renovables y almacenamiento. Las trabas burocráticas y el atasco de permisos son enormes y el informe alerta que el cumplimiento del plan de cierre “conllevaría un incremento muy relevante de emisiones y precios energéticos”.

Conviene resaltar que “todos los países con centrales nucleares operativas, excepto España, están apostando por ampliar su vida útil o por desarrollar nuevas centrales”.

El parque nuclear en nuestro país se enfrenta a un problema “artificial” de viabilidad económica. 

La rentabilidad de la inversión de las centrales nucleares ha sido demolida por una fiscalidad extractiva y confiscatoria, y una de las cosas que resalta el informe es que no se está cumpliendo el compromiso de no elevar la fiscalidad incluido en el protocolo de cierre. El incremento de tasa ENRESA propuesto es del 40%, elevando la carga fiscal a un nivel que hace imposible su viabilidad económica.

Ustedes leerán a veces que la fiscalidad de la electricidad es similar en España y el resto de Europa, pero es completamente incierto. No solo se ignoran el gravamen sobre ingresos a las empresas eléctricas o el impuesto del 7% a la electricidad limpia que se pretende restablecer, así como los impuestos creados arbitrariamente por algunas comunidades autónomas a las renovables sino que, actualmente en el caso de la energía nuclear, la carga fiscal española es 12 euros por megavatio hora mayor que la francesa, y sería 15 euros por megavatio hora mayor si se aprobarse la propuesta actual, restando más competitividad a la industria española, que lleva en contracción casi dos años.

El parque nuclear en nuestro país se enfrenta a un problema “artificial” de viabilidad económica por su elevada fiscalidad, con los riesgos que eso conlleva en seguridad de suministro.

Es increíble que el impuesto nuclear de la Ley 15/2012 se creara para cubrir posibles incrementos en los costes de Enresa y, para no variar, no se utilice para ese propósito sino con un objetivo puramente recaudatorio. Es increíble pero no sorprendente, claro.

No hay transición energética competitiva sin la energía nuclear, que supone el 20% de la producción firme y sin emisiones. El cierre innecesario de las centrales nucleares ha llevado a que Alemania, tras más de 500.000 millones de subvenciones, mantenga un 42% de su producción energética en combustibles fósiles (carbón y lignito y gas natural), aumentando su dependencia del carbón un 20% en los últimos años. Menos nucleares, más carbón aunque se invierta masivamente en renovables. La recesión de Alemania y el colapso de su sector manufacturero tienen una causa directa: la destrucción de un mix energético diversificado y competitivo. Exactamente lo que no nos podemos permitir en el país con la mayor tasa de paro de la OCDE.