Los datos redondos son: 220.000 afiliados más a la Seguridad Social y disminución del paro en 56.600.

Los desempleados registrados disminuyen mes a mes. Aunque en cifras desestacionalizadas este mayo han crecido (un concepto que el público en general no entiende, por lo que a efectos electorales no es significativo). 

En cifras absolutas el número de desempleados registrados en el SEPE fue de 2,6 millones, la cifra más baja desde mayo de 2008.

De igual manera la afiliación sigue creciendo mes a mes. Ha llegado a 21,3 millones de afiliados. Cada vez cuesta más subir la afiliación, pero la cifra absoluta es imbatible, la mayor de la estadística.

El número de desempleados registrados en el SEPE fue de 2,6 millones, la cifra más baja desde mayo de 2008

Es decir, estos datos pueden ser vendidos por el Gobierno con cierta facilidad. 

Frente a ellos, otros no son tan favorables. 

España sigue siendo el campeón del desempleo europeo en porcentaje de la población activa.

Hay entre 500.000/700.000 personas con contrato fijo discontinuo en situación de inactivos (que no están trabajando en espera de ser llamados para incorporarse al trabajo y cobran la prestación, el subsidio o nada). No están considerados como desempleados. Su inclusión subiría los parados reales a más de tres millones.

Por otra parte, los contratos indefinidos, que se supone son los menos precarios, han disminuido este mes y ya no son tan indefinidos. El 50% no duran más de seis meses o un año. El contrato indefinido en parte importante se convierte en definido. No es lo estable que supone su nombre. El mismo 31 de mayo se destruyeron 180.000 empleos.

Junto con esos datos el informe sobre el “Estado de la Pobreza en España indica que hay 12,7 millones de familias españolas que no llegan a final de mes. Algo que no se compadece con la venta triunfal de esos datos.

El mismo 31 de mayo se destruyeron 180.000 empleos

Conclusión: el mercado laboral da alegrías al Gobierno en plena campaña electoral, pero no tanto a los trabajadores. 

No es un problema sólo de la legislación laboral, aunque sigue influyendo profundamente. 

La indemnización cara disuade la contratación, incluso en caso de despido colectivo por razones objetivas. Las empresas calculan que cada contrato supone lo que se llama “un pasivo laboral” a pagar en caso de despido. 

Esa indemnización también disuade al trabajador para pasar de una empresa a otra por miedo a perder ese montante; que para él es un “activo laboral” que perdería si se va voluntariamente. Algo que se podría atenuar con la implantación de la “mochila austriaca” en la que el empleado se lleva su indemnización acumulada en el tiempo de una empresa a la otra, incluso en las salidas voluntarias.

La jerarquía de convenios, donde el sectorial prima sobre el de empresa, también dificulta la contratación ya que impide adaptar la relación laboral a la estrategia de cada empresa. Dificultad que aumenta con la reciente inclusión de los convenios autonómicos en esa jerarquía.

Oficina de empleo

Con la mentalidad del actual Ministerio de Trabajo parece difícil que la legislación laboral se dirija en la dirección de flexibilizar el mercado de trabajo.

Las otras medidas para aumentar la cantidad y calidad del trabajo demandado dependen de la estructura empresarial. 

Con un 90% de pymes es difícil que la oferta de puestos de trabajo ofrezca mayores y más estables salarios. Por eso es necesario un plan de crecimiento del tamaño empresarial ¿lo favorecen el sistema financiero, la legislación laboral, …? No parece. Tampoco la fiscalidad que detrae excesivos recursos.

Mientras, la preparación de los trabajadores no siempre es la adecuada a las necesidades de las empresas.

La educación básica, el bachillerato, FP y universidad no ofrecen las competencias que requieren las empresas. Por contra, muchos de los profesionales formados ven mejores oportunidades en el extranjero y migran.

De manera que España necesita un acuerdo global multilateral para aumentar la calidad y cantidad de su trabajo. 

Una concertación entre los responsables de la regulación y legislación del mercado, las instituciones educativas, los financiadores, los responsables de la fiscalidad, patronales y sindicatos, … ¿Es posible?

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.