El Gobierno se hace un 'all-in' con los ingresos para financiar un gasto récord

Lo que el Gobierno denomina “prudencia” aplicando la regla de gasto, en realidad no lo es en absoluto porque no tiene en cuenta de dónde venimos en términos de déficit estructural (que ni siquiera menciona) y de deuda pública.

Precisamente en el capítulo de la deuda pública es donde está algo que podríamos denominar como “sorpresa”. En este momento, el Gobierno español es la única institución que considera que la ratio de deuda sobre PIB se va a reducir por debajo del 100% para 2027.

El Gobierno es la única institución que considera que la ratio deuda sobre PIB se va a reducir por debajo del 100% en 2027

Ningún organismo oficial, servicio de estudios o institución internacional (y habrá que ver qué dice la AIReFen su opinión sobre los objetivos de estabilidad presentados) cree que la ratio de deuda sea más pequeña. Más bien todo lo contrario.

El consenso apunta a un entorno del 105,7% del PIB en 2025 (103,6% dice el Gobierno) y una aceleración progresiva en los siguientes años hasta superar el 107% de nuevo para 2027. En ningún caso se detecta una bajada consistente y menos sin haber hecho un ajuste relevante que la AiREF cifraba en su revisión de escenarios de deuda de febrero de 2024 en un 0,49% del PIB anual con carácter estructural entre 2025 y 2028.

La deuda es preocupante, más aún considerando que vuelven a estar en vigor las reglas revisadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hay que recordar que España no ha entrado en el procedimiento de déficit excesivo sólo por la expectativa de que cierre 2024 con un déficit del 3% del PIB. Sin embargo, tiene algunos riesgos relevantes como la trayectoria del gasto en pensiones (habiendo ya alcanzado hoy el objetivo que se proyectaba hace años para 2030) y otros gastos de carácter estructural.

Sin embargo, estos riesgos están siendo claramente minusvalorados al calor de una situación de bonanza en los ingresos fiscales completamente inesperada. Aquí es donde el Gobierno ha hecho un all-in en toda regla.

Fía prácticamente en exclusiva el cumplimiento de sus objetivos a que los ingresos sigan funcionando igual de bien a como lo han hecho hasta la fecha. Éste es un escenario no visto hasta ahora. Ha roto las correlaciones históricas entre recaudación, PIB y empleo. Por ello, este dividendo fiscal debería ser considerado como algo excepcional y no como normal.

En este campo, otro aspecto clave es que, aunque el Gobierno justifica que los ingresos crecen gracias a la actividad económica, el factor crecimiento económico no es el que explica el grueso del incremento de la recaudación.

Gracias a un reciente informe de la AiREF, hemos reconfirmado la tesis que manejábamos en los últimos años de que el efecto de la inflación y la “progresividad en frío” eran los responsables de que los ingresos fiscales hayan crecido de manera tan fuerte.

Según la AiREF, mientras que el 43% de la recaudación de 2021 se explicaba por el componente real, en 2022, por el contrario, fue el componente de precios el principal factor, alcanzando un 47% de crecimiento. Algo que tuvo especial incidencia sobre el IVA. En 2023, un 55% se debió a la influencia de la inflación, teniendo como principal figura tributaria afectada el IRPF.

El efecto de la inflación y la “progresividad en frío” fueron los responsables de que los ingresos fiscales hayan crecido

Debemos tener cuidado con ser demasiado complacientes con lo que ocurre con los ingresos. Y aun así, uno de los principales riesgos de largo plazo ni siquiera puede generar un resultado contable positivo a corto plazo.

Los ingresos actuales no son ni de lejos suficientes para cubrir el déficit real de la Seguridad Social. Aunque aumentan en 1.500 millones las transferencias desde la Administración Central a la Administración de la Seguridad Social, los casi 23.000 millones en transferencias no cubren ni el 50% del déficit real, el cual debe ser financiado con endeudamiento propio de la caja.

No es de extrañar que en poco más de siete años, la deuda de la Seguridad Social haya pasado del 1,5% del PIB en 2016 al 7,8% en el primer trimestre de 2024 según publica el Banco de España.