Durante todo este tiempo se han sucedido escándalos judiciales y políticos de toda índole y ataques directos al Estado de derecho. Al mismo tiempo, el gobierno, coreado por los medios afines al régimen, se han esforzado mucho en pintar una economía española que, poco más o menos, era el modelo a seguir por las economías de los demás socios europeos. Nada me gustaría más que fuese cierto. Pero no lo es. 

Este mes de julio se ha publicado un nuevo informe del Instituto de Estudios Económicos: “La productividad como gran reto pendiente de la economía española”. Un trabajo tan completo y serio como todos los publicados por esta institución. 

En sus conclusiones se pone de manifiesto que “en los países donde el crecimiento del PIB per capita ha sido mayor, este se ha apoyado en el mayor dinamismo de la productividad. Al mismo tiempo, se da la circunstancia de que los países que tienen mayores niveles de PIB per capita son aquellos en donde la productividad es más elevada”. Y en este punto, el de la productividad,  España no va como una moto, ni como un cohete. Va en el furgón de cola.

No es un fenómeno nuevo. Ya en el informe del FMI de enero del 2023, se señalaba la debilidad de la productividad del trabajo en España no solamente en comparación con otros países similares, sino en cuanto que su nivel es bajo y su crecimiento lento.

Los países que tienen mayores niveles de PIB per capita son aquellos en donde la productividad es más elevada

Hay diferencias regionales significativas, lo que indica una baja unidad de mercado. Lo que los economistas conocemos como Productividad Total de los Factores es débil.

Esta variable sirve para medir el crecimiento de la economía que no es debido a la acumulación de factores sino al uso eficiente de los recursos de que dispone el país, y es el responsable de que los países disfruten de un crecimiento económico sostenido en el tiempo. ¿A qué se debe esta debilidad? 

Una primera respuesta apuntaría al mercado de trabajo y al mercado de capitales. Como señala el informe del FMI, así es. Pero también se debe al tamaño de las empresas, las políticas regulatorias y la poca innovación empresarial.

Resulta que el nivel de productividad de las grandes empresas es más del doble que el de las microempresas, teniendo en cuenta que España es un país de PYMES y microempresas. No hay incentivos para que las empresas crezcan, para que aumenten su inversión en innovación, para que su dinámica interna acompañe y colabore a un aumento de la productividad.

La falta de tamaño empresarial se debe a que no hay incentivos al crecimiento y a la innovación

Como se señala también en el informe del IEE, el crecimiento del tamaño de las empresas “fortalece su capitalización, fomenta la inversión y el empleo, y se produce una mayor propensión a innovar y a exportar”.

Porque la productividad es un resultado, no un ingrediente, de manera que para mejorarla, hay que tomar medidas que potencien los factores que activan esa productividad, es decir, que llevan a un uso más eficiente de los recursos de que disponemos.

En el magnífico informe del IEE se señalan cuáles son esos factores: el capital humano, el capital físico, el capital tecnológico, el marco regulatorio e institucional y el entorno empresarial.

La estrategia a seguir no es sencilla porque es transversal. Por ejemplo, hay que impulsar la innovación, es decir, hay que promover y financiar las actividades innovadoras, de esta forma se creará un ecosistema emprendedor y se fomentará una cultura empresarial sana. Pero para ello es necesario que exista una mano de obra cualificada.

Hay que promover y financiar las actividades innovadoras, de esta forma se creará un ecosistema emprendedor

Aquí entra en escena el sistema de formación continua de las empresas pero también la formación oficial, universitaria y no universitaria. También está implicado la cultura de ahorro y de inversión, la formación de capital, la atracción de capitales extranjeros y, en ese entorno, los incentivos favorables o perversos de nuestra regulación.

En el caso de España, se demoniza la obtención de beneficios y se grava fiscalmente los vehículos de ahorro e inversión. Un aspecto muy importante es la seguridad jurídica. No está de más recordar las amenazas directas de la entonces ministra Calviño a empresarios españoles, o la huída de empresas catalanas a otros lugares de España por miedo a perder esa seguridad jurídica.

No hay incentivos a que las pequeñas empresas aumenten su tamaño y, por tanto, su capacidad inversora e innovadora. ¿Qué se podría hacer? Como señala el IEE, reexaminar la legislación fiscal, revisar umbrales de facturación para el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. También es importante reducir la burocracia, simplificar las normativas que rigen las fusiones o adquisiciones de empresas y revisar la fiscalidad de las mismas.

Un tema muy relevante que está relacionado con el tamaño, pero también para asegurar la supervivencia y resiliencia de las empresas ante contracciones de la demanda interna, es la internacionalización. Empresas más grandes y sólidas pueden competir mejor en nuestro presente globalizado

Hay que reexaminar la legislación fiscal, revisar umbrales de facturación para el IVA y Sociedades

No se puede dejar de lado la creciente impunidad de los gestores políticos que se ven amnistiados de casos de corrupción, por encima de las sentencias judiciales firmes, y que transmiten muy poca determinación en la lucha contra el fraude público.

Estamos ante una creación de incentivos perversos para que las empresas se asocien a políticos corruptos en lugar de emprender en actividades innovadoras “limpias”, que son las que redundan en un beneficio para toda la sociedad.

Por todo ello, sería muy conveniente que hubiera un diálogo serio entre todos los agentes económicos que promoviera un aumento y consolidación a futuro de la productividad de la economía española, un pilar fundamental de la creación de riqueza para todos.