Exteriores de Muface.
La debilidad por inanición del mutualismo asistencial de los funcionarios
En los próximos meses se va a dilucidar qué decisión toma el Estado y sus mutualidades administrativas, que gestionan la atención sanitaria de los funcionarios generales civiles, los militares y los de justicia, respecto a mantener la actual inanición del sistema o revitalizar su mecanismo de cobertura asistencial. Parece que la tercera alternativa, su desaparición, se habría descartado, al menos de momento.
Actualmente, tres de cada cuatro funcionarios del millón y medio de mutualistas – de Muface, Mugeju e Isfas- reciben atención de la sanidad privada por su libre elección. En la hipotética coyuntura de la migración total al sistema sanitario público, éste se vería incapacitado ante la fatiga sistémica que vive el modelo general, derivada de un cúmulo de factores (sanitarios, económicos, profesionales…).
Esa hipotética decisión traería consecuencias penosas para el sistema. La migración implicaría dedicar del erario público más de 1.000 millones de euros anuales adicionales al coste económico que conlleva hoy el mutualismo. Pero, más importante aún, supondría llevar inevitablemente a una saturación al sistema sanitario público. Al integrar a los mutualistas, se romperían las costuras, ya al límite, de los recursos sanitarios. ¿Cuál es el resultado de la ecuación? Según la Universidad Complutense de Madrid, se incrementarían un 266% las listas de espera para consulta externa y 115% para intervenciones quirúrgicas. En definitiva, esto se traduce en salud ciudadana.
Quedan, por tanto, dos alternativas: mantener el statu quo de falta de recursos y vaciamiento progresivo de la cartera de servicios sanitarios del mutualismo administrativo o aportar fondos en cantidad suficiente en el convenio que se cerrará en 2024 para ofrecer una sanidad de calidad a nuestros funcionarios, siempre a menor coste que en la pública y evitando la saturación del sistema nacional.
El ejemplo de Muface es clarividente. La prima por mutualista es de 1.040 euros de promedio y el gasto sanitario público por ciudadano del sistema nacional es 1.608 euros. El Estado, por tanto, invierte un 35% menos si el paciente es funcionario a si no lo es. La deficiente financiación, ante el aumento general de costes sanitarios, ha impedido en el convenio actual de 2022, a punto de expirar, que haya más centros sanitarios que concierten, que haya una cartera de servicios completa o haya más cuadros médicos.
¿A qué responde esta situación? Probablemente a posicionamientos y derivas ideológicas y no a decisiones de eficiencia en gobernanza sanitaria.
El mutualismo administrativo ha demostrado, durante décadas, ser un modelo de colaboración público-privada altamente exitoso.
El mutualismo administrativo ha demostrado, durante décadas, ser un modelo de colaboración público-privada altamente exitoso y una opción mayoritariamente elegida por los empleados públicos. Y contribuye a aliviar el Sistema Nacional de Salud. Al contar con una red propia de atención, los mutualistas no saturan los recursos públicos, permitiendo que estos se destinen a otros sectores de la población. Esto se traduce en una optimización de los recursos disponibles y una atención más eficiente para todos.
Revitalizar el sistema del mutualismo administrativo no es, por tanto, solo una cuestión de evitar la puntilla al modelo sanitario actual, sino de asegurar la calidad, eficiencia y estabilidad de la atención sanitaria de los funcionarios públicos, que lo merecen tanto como cualquier otro ciudadano.
No obstante, la continuidad del mutualismo administrativo no está exenta de desafíos, especialmente desde el punto de vista de la financiación que reciben los proveedores sanitarios, que está provocando que se reduzcan las prestaciones y servicios. Y es que, actualmente, solo se traslada a los proveedores sanitarios el 50% de la prima que las mutualidades pagan a las aseguradoras por la prestación.
Con el aumento de los costes directos en los últimos años, la prestación de servicios a los mutualistas ha resultado deficitaria para muchos hospitales, tanto por el incremento de la edad media de los mutualistas como por el aumento de la frecuentación. Si no se incrementa la financiación de manera adecuada, muchos centros hospitalarios podrían verse obligados a dejar de ofrecer este servicio por no poder cubrir sus costes.
Ante estos retos, es imprescindible tomar medidas urgentes y adecuadas para preservar el modelo. La modernización y el apoyo financiero adecuado no solo asegurarán la sostenibilidad del sistema, sino que también contribuirán al bienestar general y la eficiencia del sector público. Es hora de tomar la decisión de salvarlo.
***Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) y de la comisión de Sanidad de la CEOE.
