De entrada, el compromiso no obedece a criterio alguno de racionalidad económico-financiera. Es tan sólo una fuga hacia adelante del Gobierno con una sola finalidad: conseguir el apoyo de ERC para llegar a la Generalitat y, más importante, para mantener el soporte de los republicanos al Ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid. Ante estas "necesidades" el principio de igualdad entre las autonomías y entre los ciudadanos de las Españas es algo molesto y, en cualquier caso, irrelevante para los designios del César Imperator monclovita.

La Constitución Española establece la igualdad de derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, y cualquier trato preferencial a una comunidad autónoma socava esos principios fundamentales; restricción despreciada por este Gobierno cuyo único objetivo es conservar el poder a cualquier precio.

Por otra parte, el acuerdo entre el Gobierno y ERC muestra algo elemental: la única forma de entenderse con el Gabinete social comunista es la amenaza y el chantaje. En consecuencia, el resto de las autonomías están legitimadas a hacer lo mismo y demandar fórmulas similares a las concedidas a ERC u otras para obtener más recursos.

¿Por qué Madrid o Baleares, contribuyentes netas al sistema de financiación autonómica, por ejemplo, no tienen derecho a exigir un trato similar para sus territorios del otorgado a ERC? Sin duda, esto llevaría a una fragmentación aún mayor del Estado y a un aumento de las tensiones territoriales, pero sería una posición racional y benéfica para los ciudadanos de ambas comunidades autónomas. Y los sátrapas gubernamentales no tendrían autoridad moral para recriminarles por plantear esa demanda.

El resto de las autonomías están legitimadas a hacer lo mismo y demandar fórmulas similares a las concedidas a ERC.

De igual modo, es importante analizar las implicaciones fiscales y económicas de la chapuza acordada. España es un país con grandes desequilibrios económicos entre sus regiones. Madrid, Cataluña o Baleares tienen una capacidad recaudatoria muy superior a la media porque son más ricas, mientras que otras dependen en gran medida de las transferencias del Estado para cubrir sus servicios básicos.

En este contexto, cualquier modificación del esquema de financiación autonómica debe considerar cuidadosamente su impacto en la solidaridad interterritorial. Desde esta óptica, el acuerdo Gobierno-ERC quizá se traduzca en mayores recursos para la hacienda catalana pero ¿a costa de qué? ¿De reducir los recursos disponibles para otras comunidades? ¿De aumentar la carga fiscal soportada por los ciudadanos de otras regiones?

La percepción de injusticia tributaria por la ciudadanía tiene consecuencias profundas y desestabilizadoras en una sociedad democrática cuando se impone un esquema de privilegio inaccesible al conjunto. Los ciudadanos de comunidades que no se benefician de aquel son tratados, obviamente, de manera desigual por ukase cuasi zarista.

Esto sólo sirve para alimentar el resentimiento y la desafección no ya hacia el Gobierno que practica esa política sino hacia el Estado. Esta percepción de agravio en las zonas del territorio ajenas a las ventajas concedidas a una parte de él es un serio peligro para la estabilidad y para la cohesión de cualquier organización estatal y un poderoso incentivo para el desarrollo de movimientos políticos centrífugos en el resto de España. Pero ahí no termina la historia.

Otro aspecto crítico es la sostenibilidad financiera del chapucero pacto Gobierno-ERC. España enfrenta serios desafíos económicos, entre ellos, una deuda pública y un déficit estructural insostenibles cuya corrección es imprescindible si no se quiere llegar a una crisis fiscal. En este contexto, comprometerse a aumentar significativamente la financiación a una comunidad autónoma sin una fuente clara de financiación adicional puede agravar estos problemas.

¿Cómo se financiará este aumento de recursos? ¿Se recortarán servicios públicos en otras autonomías? ¿Se aumentarán los impuestos y a quien y en donde? El contubernio entre la coalición social comunista y ERC no da respuesta alguna a esas cuestiones y es lógico porque se trata de un expediente a corto plazo para garantizar la pervivencia del gabinete Sánchez.

España enfrenta serios desafíos económicos, entre ellos, una deuda pública y un déficit estructural insostenibles.

Y ¿cuál es o puede ser el impacto político de este acuerdo dentro de Cataluña? El Principado sigue estando profundamente dividido en términos de apoyo a la independencia y a la relación con el resto de España.

Esto significa que, para algunos, el pacto será considerado un apoyo a las aspiraciones independentistas mientras para otros, léase Junts, es inaceptable, porque, en su opinión y es verdad no garantiza que los impuestos recaudados en el Principado sean gestionados por la Generalitat ni siquiera después de negociar el "cupo" que correspondería al Govern y sobre cuya materialización el texto pactado guarda un sepulcral silencio.

Desde la perspectiva de la igualdad entre las comunidades autónomas, desde la justicia fiscal, desde la eficiencia, desde la sostenibilidad del Estado Autonómico y de las finanzas de las Administraciones Públicas, desde la cohesión territorial, el pacto Gobierno-ERC no soluciona sino que agrava las graves disfunciones políticas y financieras creadas por el lamentable sistema de financiación autonómica existente en España.

¿Qué hacer? La racionalidad y la experiencia muestran con meridiana claridad que la mejor forma de combinar la unidad y la diversidad, de asegurar un amplio autogobierno responsable y mantener bajo control a los gobiernos es el federalismo competitivo. Y la semana próxima les contaré en que consiste.