No necesariamente. Pero tanto sindicatos como Gobierno las van a utilizar para intentar liquidar lo que queda de la Reforma Laboral de 2012 (RL12) del PP.

Aquella RL12 tenía algunas líneas claves que hicieron que con crecimientos bajos del PIB se creará trabajo y se contuviese el paro. Algo que fue muy bien durante la crisis posterior al 2012 y la del 2019. Porque la RL12:

a) Aumentó la autonomía de las empresas primando el convenio de empresa sobre el del sector. Eso ha sido eliminado en la RL21.

b) Eliminó la necesidad de una decisión administrativa para los EREs. Ahora con el informe no vinculante, pero preceptivo, de la Inspección de Trabajo de alguna manera ha sido casi recuperada.

c) Ajustó las causas de despido objetivo por razones económicas manteniendo el mínimo de indemnización en 20 días de trabajo (máximo de 12 meses). El informe preceptivo, tampoco vinculante, de la Inspección de Trabajo ha reducido la precisión.

(Todas estas reformas han sido dinamitadas, más o menos, por la Reforma Laboral de 2021)

d) Redujo el mínimo de indemnización en los despidos improcedentes de 45 días a 33 días, con un máximo de 24 meses. Además, eliminó los salarios de tramitación que alargaban y encarecían los despidos.

Esta reforma de 2012, el último rescoldo de aquella ley del PP, también corre el riesgo de ser modificado, salvo en los salarios de tramitación que no se repondrían. La UE dice que la indemnización por despido debe pasar de "indemnizatoria" a "disuasoria" y la ministra Díaz apoya este criterio. ¿Qué quiere decir?

El último rescoldo de aquella ley del PP, también corre el riesgo de ser modificado.

Que la indemnización dependa de las características del despedido y sus circunstancias apreciadas por el juez. Entre esas circunstancias se recoge la de estar en riesgo de exclusión social, tener más de 50 años, ser mujer maltratada… Entonces se aumenta la indemnización.

De hecho, ya ha habido algunas sentencias con una llamada "indemnización complementaria" en base a ese criterio. Algunas han sido recurridas, pero abren una puerta a la indefinición jurídica.

Puede que haya una mayor protección del despedido recuperando la indemnización mínima de 45 días por año de trabajo. Pero en el mercado laboral habrá dos consecuencias negativas:

1) Disuadirá la contratación de personas que en un periodo más o menos largo puedan tener circunstancias que aumenten su indemnización por despido. Por ejemplo, madres de familia monoparental o personas mayores de 50 años. Como siempre, pretendiendo ayudar a colectivos determinados, se producirá el efecto perverso al dificultarles encontrar empleo.

2) La segunda consecuencia es aumentar la volatilidad del mercado laboral español.

Antes de la reforma laboral de 2012, España necesitaba que el PIB creciera por encima del 2,0% para crear puestos de trabajo y reducir el desempleo. Por contra, se disparaba el paro cuando el crecimiento del PIB era débil. Era un mercado laboral volátil.

Como siempre, pretendiendo ayudar a colectivos determinados, se producirá el efecto perverso al dificultarles encontrar empleo.

Algo que cambió radicalmente con la RL12. Con ella el aumento de trabajo y la bajada del desempleo se produjo con crecimientos del PIB mucho menores.

Ahora con crecimientos del 2,5% del PIB, la creación de los puestos de trabajo parece sostenible. En 2023 se llegó a los 21,2 millones de trabajadores. Creció un 3,8%, el triple que en 2022.

El riesgo es que en el futuro (no necesariamente lejano), sin la RL12 y un crecimiento del PIB español inferior al 2%, la dinámica del paro vuelva a la volatilidad, deshaciendo puestos de trabajo a toda velocidad. Esto es grave cuando España es aún la campeona del desempleo en Europa.

En la actualidad el PIB crece por el turismo, el consumo privado, la exportación, la entrada de los fondos Next Generation y un consumo público desaforado. Pero cuando dejen de venir los fondos europeos, o el consumo público se frene por exigencias europeas de estabilidad, nos podemos encontrar con que el círculo virtuoso actual se trunque, el desempleo se dispare y se contraiga la creación de empleo. Entonces, los trabajadores menos preparados del futuro pagarán la demagogia del presente.

Díaz ya no será ministra. Pero habrá dejado el problema a sus sucesores, probablemente de otro partido. Lo de siempre.