La gestión unilateral, centralizada e intervencionista del gobierno de Sánchez en los fondos europeos, al igual que en otros aspectos de nuestra economía, no solo ha engendrado reformas que son meros parches temporales, sino que también ha creado problemas estructurales a largo plazo, impidiendo un crecimiento sostenible y bien fundamentado de la economía española.

Europa, con su programa Next Generation EU, nos ha brindado una oportunidad única para transformar y modernizar nuestro tejido productivo, para revitalizar nuestra economía a través de la inversión y la innovación. Sin embargo, los problemas para ejecutar las inversiones han revelado una gestión incapaz, demostrando que las buenas intenciones no son suficientes para generar resultados positivos si las políticas económicas se caracterizan por un exceso de burocracia y rigidez.

El dato mata el relato y parafraseando al gran Robe Iniesta, lo hace “con la sabiduría que da el fracaso”. Acabamos de conocer los datos de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia correspondientes al primer semestre de 2024 y no pueden describirse de otra manera: fracaso.

Ejecución 2024

A pesar de las declaraciones optimistas sobre la supuesta velocidad de crucero alcanzada en la ejecución de los fondos, los datos reales cuentan una historia diferente. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a 30 de junio los pagos realizados ascienden a 1.236 millones de euros, tan sólo el 3,45% de los 35.834 millones de créditos definitivos para este año.

Cuando la ejecución es más lenta que en 2021, 2022 y 2023 en todas las fases contables, a pesar de un supuesto know how adquirido en estos años, es un fracaso.

Comparativa

Si se arrastran casi 9.500 millones de euros de fondos sin ejecutar procedentes de ejercicios anteriores, sobre los cuales no se dan explicaciones, es un fracaso. Si los ministerios esencales para impulsar las inversiones apenas han realizado pagos en los primeros seis meses del año, efectivamente, es un fracaso.

Ministerios

El balance de la ejecución del ministro de Economía evidencia su falta de gestión y explica su incomodidad cada vez que debe comparecer en la Comisión Mixta de la Unión Europea del Congreso de los Diputados para explicar los avances del Plan de Recuperación.

Que solo haya liberado pagos en el primer semestre de 2024 por el 0,01% del presupuesto de fondos europeos de su ministerio es algo que requeriría muchas explicaciones. No solo no ejecuta su presupuesto, sino que tiene entre sus “méritos” se encuentra ser el primer ministro de Economía incapaz de renovar en tiempo y forma un cargo tan importante como el de Gobernador del Banco de España.

El Ministerio de Industria contaba en 2023 con más de 7.600 millones de euros, el ministerio con mayor presupuesto de fondos europeos. En 2024, de nuevo cuenta con la mayor dotación, incorporado 2.760 millones que no logró movilizar el año pasado. En los primeros seis meses, solo ha liberado pagos por el 5,26% del presupuesto de 2024.

Los programas vinculados a la transformación industrial, que deberían haber sido una prioridad, han visto una ejecución mínima. Un ejemplo claro es el PERTE VEC, que ha llegado a desesperar al sector de la automoción y provocó la dimisión del presidente de ANFAC. Los escasos avances en el resto de grandes proyectos estratégicos dependientes del ministerio explican la escasa ejecución, pero lo más grave es que ponen en riesgo la capacidad de España para alcanzar los objetivos de transformación industrial establecidos por la UE.

La nueva Ley de Industria, incluida en los hitos del sexto desembolso y de la que conocemos su anteproyecto, tiene un cariz intervencionista que invade competencias de las CCAA, crea solapamientos y duplicidades y generará más procesos burocráticos mientras deja inconclusos los aspectos que más podrían interesar al sector empresarial. Mucho tendrá que cambiar esta Ley para que se pueda aprobar, propicie cambios positivos, satisfaga las expectativas del sector industrial y cumpla con la cogobernanza prometida a los gobiernos autonómicos.

La unilateralidad del Gobierno y la falta de colaboración con las CCAA o las empresas han sido un lastre para aprovechar todos los fondos disponibles financiando proyectos que no se alinean con las necesidades territoriales, con una ejecución de los fondos fragmentada y desorganizada que ha obstaculizado la participación del tejido empresarial y la consecución de los hitos y objetivos establecidos por la Comisión Europea.

Los pírricos avances en las inversiones del plan se reflejan en los datos de inversión, medidos en la Contabilidad Nacional mediante la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). A pesar de contar con 163.000 millones de euros y a falta de dos años para finalizar el programa, la FBCF se encuentra un 1,30% por debajo de los niveles prepandemia, con la componente de inversión en maquinaria y bienes de equipo un 6% también por debajo de los niveles de diciembre de 2019.

Los retrasos en la implementación de los 83.000 millones de euros en créditos procedentes de la Adenda al Plan, con mínimos avances casi un año después de su aprobación, hacen cada vez más probable que España tenga que devolver parte de los fondos europeos no utilizados en agosto de 2026. La Comisión Europea ha expresado en reiteradas ocasiones serias preocupaciones sobre la baja tasa de ejecución, calculando un gasto real en los tres primeros años de apenas 20.000 millones de euros, un 12% del total de fondos asignados a España.

Esta situación, agravada por el retraso de casi un año en la solicitud del cuarto desembolso y los retrasos que inevitablemente acumularemos para pedir el quinto y sexto desembolso, pueden dificultar que España reciba y movilice a tiempo la totalidad de los fondos disponibles.

Además, la aversión al riesgo y la incertidumbre sobre la recuperación económica pueden provocar que muchas empresas opten por no tomar más créditos, incluso cuando están disponibles en condiciones favorables. Esta falta de interés es un claro reflejo de la desconfianza generalizada en la capacidad del gobierno para gestionar de manera eficiente los fondos y garantizar un entorno favorable para el crecimiento empresarial.

A modo de resumen, la gestión de los fondos europeos en España es un ejemplo de oportunidades perdidas. Los errores en el diseño del plan, la rigidez en la implementación y la imposición forzada y recentralizadora a los distintos niveles administrativos han resultado en una ejecución lenta y deficiente. La posibilidad de tener que devolver parte de los fondos no utilizados es un riesgo real que podría tener consecuencias graves para la recuperación económica del país. Evitar este escenario se torna cada día más complicado.

El tiempo se agota, el Gobierno es rehén de pactos por la supervivencia de Sánchez y sus ministros ni se ocupan ni se preocupan por ejecutar el presupuesto destinado a dar forma a políticas e inversiones. Será un fracaso nacional si el legado de los Next Generation reduce la libertad económica de las empresas, imponiendo reformas que no responden a las necesidades territoriales ni fomentan la innovación y el crecimiento de nuestra economía a largo plazo.

*** Santiago Sánchez López es economista.