El debate económico no debería ser demagógico. No es así. Un ejemplo es el de los  Presupuestos de 2025 y su techo de gasto.

El Gobierno, en un arranque inaudito de demagogia, pidió al PP votar favor de su propuesta de techo de gasto y Presupuestos de 2025. El argumento es que, si no lo hace, se perderían 12.000 millones de euros más para las Comunidades Autónomas (CCAA), muchas de las cuales gobierna el PP. Un chantaje para que los barones populares presionen a Feijoo.

Es como si el Gobierno fabricase los 12.000 millones de la nada. No es así. Lo sacaría a través de los impuestos de los ciudadanos.

O sea, que esos 12.000 millones de euros estarán en manos de los políticos o en manos del público ¿Qué es preferible? 

Si fueran los únicos dineros de las Administraciones locales para hacer sus cometidos podríamos pensar que necesitamos servicios públicos. Pero las CCAA ya elevaron sus gastos en 2023 hasta casi 197.000 millones de euros y los ayuntamientos a 50.000 millones de euros. Es decir, cerca de 250.000 millones de euros en manos de los gobiernos autonómicos y municipales.

Las CCAA ya elevaron sus gastos en 2023 hasta casi 197.000 millones de euros y los ayuntamientos a 50.000 millones de euros

¿No podrían ser más eficientes? 12.000 millones son menos del 5% de esa cifra ¿No podrían esas Administraciones hacer lo mismo o más sin ellos? Eso se llama “productividad”, algo que se exige al sector privado y debe exigirse también al sector público.

Además, esos dineros en manos de los ciudadanos generan inversión y gasto. Por tanto, más trabajo e impuestos en IRP, IVA ... 

Un argumento de este gobierno “progresista” es que ese dinero se puede dirigir a colectivos más necesitados. Contra este argumento lo que hacen los gobiernos de todo tipo en EEUU, por ejemplo, es lo que los anglosajones llaman ayuda a la filantropía: exenciones fiscales para los ciudadanos que invierten en solidaridad por su cuenta.

Ese sistema, el de las ayudas fiscales a los donantes particulares, da más libertad al ciudadano, es más eficaz y eficiente. El ciudadano o lo hace personalmente, porque conoce la necesidad real del receptor de su ayuda; o a través de entidades en las que confía (Cruz Roja, ONG’s como Cáritas, médicos sin fronteras, …). Entidades cuyos “voluntarios” aportan algo más que dinero; incluso cariño. Por tanto, desarrolla la virtud de la generosidad en los donantes y la del agradecimiento y la amistad en los receptores.

En cambio, cuando el contacto es a través de la Administración, por su personal o por un algoritmo cibernético, se hace un trabajo profesional, pero que en muchos casos se le exige que sea aséptico e imparcial (¿frialdad?). Una Administración que, por otra parte, consume parte de ese dinero en burocracia, disminuyendo la eficacia y la eficiencia del sistema.

Un argumento de este gobierno “progresista” es que ese dinero se puede dirigir a colectivos más necesitados

Además, dejar el dinero en manos de los ciudadanos y ayudarles con incentivos fiscales a su aportación social también reduce la tentación del voto cautivo al Gobierno de turno. 

En resumen, el dinero público debe ser utilizado con criterios de eficacia (conseguir lo que se quiere) y eficiencia (hacerlo con el menor coste y en el menor tiempo posible). Cosa que no siempre ocurre. Por el contrario, los particulares, por ser su dinero, ya se preocupan de que se cumplan estas dos condiciones.

Se puede argumentar que los particulares tienen sus propios intereses ¿Los políticos y el Gobierno no? Como mínimo tienen intereses electorales que no siempre coinciden con el bien común. La demagogia es una de las prácticas en las que ambos intereses son divergentes. Los partidos proclaman, con frecuencia, lo que los electores quieren oír, no lo que de verdad necesitan.

En fin, que los 12.000 millones de euros no dejan de ser una falacia, una demagogia, un peligro para los contribuyentes.

Ahora, Junts ha obligado al ejecutivo “progresista” de Sánchez cambiar “el techo de gasto” para dar más dinero a las CCAA en un “toma y daca” parlamentario. Dinero que sale de los bolsillos del contribuyente. 

Lo pide un partido independentista y conservador que debería explicar a sus electores, muchos de clase media y acaudalada, que prefiere que les esquilmen con más impuestos. luego ¡que no se quejen esos votantes!

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.