¿Fin ideológico a Muface?

Cuando el Gobierno desoye a todas las partes afectadas, incluidas aseguradoras, a los centros y hospitales, a la dirección de Muface y a los propios funcionarios, y hace caso omiso de una realidad que acabará por explotar sin remedio, es porque probablemente exista el plan intencionado de dejar morir el modelo del mutualismo.

¿Por qué le interesa finalizar un modelo que ahorra 1.000 millones de euros año al erario público? ¿Por qué finiquitar algo que, con su desaparición, provocará un aumento de 266% en las listas de espera para consultas y un incremento del 115% en las listas para intervenciones quirúrgicas en la sanidad pública, según un estudio de la Universidad Complutense? ¿Por qué le interesa al Gobierno acabar con un modelo que se apoya en la sanidad privada?

Probablemente exista el plan intencionado de dejar morir el modelo del mutualismo.

Pero esta muerte tendría sus consecuencias, no solo afectando a los mutualistas que se verán forzados a abandonar la sanidad privada, teniendo en cuenta que es una opción elegida por más del 72% de ellos, sino también a la totalidad de los ciudadanos que dependen del sistema público para el cuidado de su salud. Son más de 1,5 millones de usuarios y beneficiarios que se incorporarán al sistema público, cuando las listas de espera –todas, cualquiera que se estudie- son las mayores de la historia.

Con el incremento planteado por el Gobierno, la prima por funcionario y beneficiario ascenderá hasta los 1.209 euros por mutualista en 2026, absolutamente insuficiente para igualar el presupuesto sanitario que maneja el sistema público por ciudadano, que se situará en ese año en 1.736 euros por ciudadano. ¡500 euros menos por ser funcionarios mutualistas! Esta última cifra es la que exigen las aseguradoras y centros sanitarios, necesaria para garantizar la sostenibilidad de este sistema, que hasta ahora ha sido un indudable alivio de la carga asistencial para el sistema público de salud.

Es esto de lo que hablamos. Aliviar el sistema público pero sin recortar derechos asistenciales de los funcionarios. El compromiso con la salud y el bienestar de los ciudadanos es la piedra angular de esta asistencia, pero, más allá de la propia cuantía de la prima, es imperativo adoptar con urgencia una solución más equitativa y sostenible. Esta debe asegurar una financiación adecuada y la provisión de recursos necesarios, no solo a las compañías de seguros, sino también a los propios centros que prestan la asistencia, con el fin de evitar el colapso de estos servicios esenciales, garantizando así una atención sanitaria de calidad, digna y accesible que merecen los ciudadanos.

Es preciso señalar que los centros sanitarios y hospitales, que perciben el pago de los servicios por parte de las aseguradoras, han estado ofreciendo asistencia a los mutualistas a menudo asumiendo pérdidas económicas que hacen insostenible esta situación a medio y largo plazo. Esta situación, exacerbada por el envejecimiento de la población mutualista y la creciente demanda de tratamientos especializados, ha llevado a muchos centros a operar de manera deficitaria.

La viabilidad de un modelo absolutamente necesario en nuestro Sistema Nacional de Salud está en juego.

Así que, a menos que se garantice una distribución justa de esta nueva prima entre los prestadores de servicios, los hospitales y clínicas seguirán enfrentando dificultades financieras que amenazan la continuidad del modelo. Y hay que tener en cuenta que estos centros son los pilares fundamentales de la atención sanitaria para más de 1,5 millones de personas.

La viabilidad de un modelo absolutamente necesario en nuestro Sistema Nacional de Salud está en juego, y con ella, la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria de millones de españoles.

No obstante, ante esto, tenemos una propuesta del Gobierno que en realidad tiene como objetivo deliberado trasladar la responsabilidad del cierre de Muface al sector sanitario privado, que, ante condiciones insuficientes, no estaría dispuesto a ofrecer un servicio asistencial que carezca de la calidad necesaria. Un enfoque que no solo pone en riesgo la sostenibilidad de la atención sanitaria, sino que también compromete el bienestar de los ciudadanos que dependen de estos servicios.

No es solo una cuestión de números: es una cuestión de equidad, responsabilidad y visión de futuro.

***Carlos Rus es presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y de la comisión de Sanidad de la CEOE.