El Gobierno ha enviado a la Comisión Europea su Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 que de facto se extiende hasta 2031 porque se retrasa de 4 a 7 años el proceso de ajuste para cumplir las nuevas reglas fiscales de la eurozona. En él se proyecta una senda de incremento promedio anual del gasto primario neto del 3% frente al 5,9% registrado entre 2019 y 2023.
Al cierre de 2031, el déficit público se situaría en el 0,8% del PIB y la deuda pública se acercaría al 90% del PIB. Se busca compatibilizar la responsabilidad presupuestaria con el crecimiento económico. ¿Qué plantea la coalición social comunista para lograr ambos objetivos?
De entrada se propone seguir subiendo los impuestos a las rentas y patrimonio elevados y a los grandes grupos económicos; profundizar en la fiscalidad medioambiental, más impuestos "verdes"; aumentarla sobre los consumos no deseables para el Gobierno y convertir en permanentes los gravámenes "excepcionales y temporales" a la banca y a las compañías energéticas.
El pretexto para hacer eso es acercar la presión fiscal española a la media de la UE; es engañoso y falaz argumento que ignora-desprecia el negativo impacto de la fiscalidad sobre la actividad económica.
La presión fiscal no mide la carga tributaria real. El esfuerzo fiscal de los españoles (presión fiscal dividida por el PIB per cápita) es un 17,8% superior al promedio de la UE; la presión fiscal normativa en el Impuesto de Sociedades es un 28,9% y un 20,9% más alta, respectivamente, que en la medias de la UE y de la OCDE; la patrimonial lo es un 39,6% versus la UE y un 37,3 versus la OCDE y la cuña fiscal se eleva al 59,5% versus el 47% en la OCDE. Por último, España es el décimo país de esa organización con un IRPF más progresivo
Al cierre de 2031, el déficit público se situaría en el 0,8% del PIB y la deuda pública se acercaría al 90% del PIB. Se busca compatibilizar la responsabilidad presupuestaria con el crecimiento económico.
El Gobierno presume de haber diseñado uno de los “más ambiciosos y completos planes de reformas” cuando se ha limitado a realizar declaraciones genéricas propias de una redacción de la ESO: el impulso de la transformación digital, la mejora del capital humano y de la productividad y, en un ejercicio de economía ficción, tiene la audacia de cuantificar el impacto sobre el PIB de medidas que no concreta.
Sólo profundiza algo en la transición ecológica, proclamada el eje principal del plan gubernamental, cuyo hito básico es minimizar la dependencia de los combustibles fósiles. Por ello, su iniciativa estrella es cronificar el impuestazo energético.
Ahora bien, el nuevo PNIEC exige una inversión en redes de transporte y distribución de energía, en la generación de electricidad y combustibles de origen renovable de unos 300.000 millones de euros en los próximos cinco años.
En este contexto, la permanencia de este gravamen reduce los recursos de las compañías energéticas para invertir y la tasa de retorno de su inversión. Por tanto, ésta tenderá a disminuir y a deslocalizarse hacia otras latitudes con menos propensión a la voracidad fiscal. De esta manera será difícil financiar el PNIEC y se perderá tejido industrial y puestos de trabajo-
Tras haber hecho caer de manera drástica la oferta del alquiler con una legislación de tinte soviético, el Gobierno pretende convertirse en constructor de ese tipo de viviendas y, también, obligar a la Sareb, un 45% de cuyo capital es privado, a ceder su cartera a tal fin.
Como diría Assar Linbeck esa es, aparte del bombardeo, una de las técnicas más eficientes para destruir ciudades. Y qué decir del sistema de pensiones cuya sostenibilidad financiera nadie, salvo el Gabinete, considera garantizada sino todo lo contrario tras la contrarreforma de 2021 o la alquímica del mercado de trabajo realizada por Santa Yoli Evita. Para qué seguir...
Sólo profundiza algo en la transición ecológica, proclamada el eje principal del plan gubernamental, cuyo hito básico es minimizar la dependencia de los combustibles fósiles. Por ello, su iniciativa estrella es cronificar el impuestazo energético.
La apuesta del Plan gubernamental por mejorar el clima empresarial es hilarante a la vista de su entusiasta retórica anti empresarial, de sus medidas contra la propiedad privada y contra la libertad de empresa, de la creciente intervención estatal en los mercados, de la voracidad fiscalidad y de la inseguridad jurídica creada por su arbitrariedad. España se ha convertido en un país poco atractivo para emprender proyectos empresariales patrios o traerlos del exterior y el Plan del Gobierno sólo reafirma ese sentimiento.
Y ¿qué pasa con el crecimiento? Entre 2024 y 2026, el PIB potencial se mantendría por encima del 2% para descender al 1,8% en 2027, al 1,6% en 2028, al 1,6% en 2029 y 2030, para cerrar 2031 en el 1,1%. Estas son las brillantes perspectivas de una economía, la española, si se emplease de manera completa y eficiente los factores de producción disponibles. En otras palabras, el "ambicioso paquete de reformas e inversiones" gubernamentales se traducirá en un potencial de crecimiento por debajo del existente antes de la pandemia y durante los últimos 40 años. Esto es sin duda alguna un éxito.
El Plan gubernamental es lo de siempre: gasto, impuestos, regulaciones y dirigismo; esto es un rechazo frontal a poner en marcha las políticas que siempre y en todo lugar han hecho posible un crecimiento equilibrado y sostenido, crear puestos de trabajo y elevar el nivel de vida de los ciudadanos.