La semana pasada concluía en un artículo que el problema de la migración en España exige elecciones anticipadas. Con el actual gobierno, incapaz de aprobar un presupuesto para este año y con dudas para el siguiente, no es posible el Pacto de Estado que requiere la migración. El Gobierno no puede pactar con la oposición del PP porque está prisionero de su debilidad parlamentaria.
Pues bien, si en migración son necesarias elecciones anticipadas, también lo son para resolver otro problema que no sólo inquieta, sino que angustia a muchos españoles: la vivienda.
Se calcula que cerca de 5,5 millones de personas están angustiadas por su vivienda. Primero los "sinhogar", que desde 2012 ha aumentado en un 25%. Además, también están los que viven en viviendas insuficientemente dotadas para una vida aceptable; los que la comparten por falta de ingresos para vivir solos o con su familia próxima; los que la tienen alejada de su lugar de trabajo, perdiendo horas en el transporte debido al alto precio de la casa o el alquiler en los alrededores de su empleo, etc.
Pues bien, si en migración son necesarias elecciones anticipadas, también lo son para resolver otro problema que no sólo inquieta, sino que angustia a muchos españoles: la vivienda.
Sobre ese dato terrorífico hay que añadir que el precio de la vivienda y el alquiler sigue subiendo. Eso a pesar del buenismo de la última ley de la vivienda. Una ley que, por ejemplo, en Cataluña, dónde se ha aplicado, ha reducido en un 15% la oferta de alquiler.
Los topes de alquileres, la defensa del inquilino por encima del propietario, el intervencionismo en las llamadas zonas tensionadas, todo ello va contra las leyes de mercado y si la oferta no ve satisfecha sus aspiraciones, retira los productos o servicios.
Los topes de alquileres, la defensa del inquilino por encima del propietario, el intervencionismo en las llamadas zonas tensionadas, todo ello va contra las leyes de mercado y si la oferta no ve satisfecha sus aspiraciones.
La causa no son los malvados especuladores, propietarios de grandes bloques de viviendas que son pocos. El 90,5% de la propiedad española es de particulares. Muchos que han ahorrado para complementar sus pensiones futuras con alquileres o venta, o para dejárselo a sus herederos.
Para resolver a corto, medio y largo plazo el problema de la vivienda se necesita un pacto de Estado en tres direcciones:
Una ley que proteja la propiedad y su rentabilidad para que la oferta vuelva a aparecer y se desbloqueen muchas viviendas retiradas del mercado ante el temor de la okupación, la alquilookupación, el frenazo a las subidas razonables de alquiler y la indefensión que todo ello genera.
Un aumento de oferta por construcción privada y pública de vivienda libre y social. Se necesitan más de 180.000 anuales y en los últimos años se han construido por debajo de 80.000. Para ello hay que crear suelo urbano a precio razonable ampliando los planes urbanísticos en los alrededores de las ciudades y mejorando los transportes públicos entre diferentes zonas de ellas. También incentivos fiscales a promotores y constructoras ¿Por qué no utilizar parte de los fondos next generation para fomentar la construcción? Durante años la construcción ha sido un sector importante en el PIB español; cerca de la aportación del turismo ¿Por qué no volver a ello? Además, la vivienda de titularidad pública en España no pasa del 2%, mientras hay países de nuestro entorno que se acerca al 30%. Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos tienen el deber de planificarla, ejecutarla y administrarla.
Sistemas de financiación a largo plazo para nuevos propietarios, especialmente jóvenes, pero no sólo para ellos. También mucho inquilino de 40 años quiere comprar su vivienda. Se calcula que una familia no debe gastar más del 30% de su renta en alquiler o hipoteca de compra. Si se alarga mucho el periodo de amortización con intereses moderados es posible ayudar a ese objetivo.
Todo esto exige un Pacto de Estado entre el gobierno y oposición mayoritaria (sea el que sea). Pero, como indiqué hace una semana, el actual gobierno Sánchez no tiene la capacidad de pactar. Tiene que estar a lo que digan sus aliados, cuanto más pequeño y radical, menos le dejan pactar. Por eso es necesario un nuevo equilibrio parlamentario.
También lo necesitan defensa, política exterior, educación …
Por eso hay que disolver las cortes, para resolver problemas y salir del actual bucle, donde lo único que discuten es quién tiene el poder o quién puede tenerlo después.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.