Por una política de vivienda útil y efectiva. ¿Es posible una solución europea?

De hecho, nuestro país vive la situación más crítica de la Unión en lo que al alquiler respecta y el 45% de las personas que viven arrendadas carecen de ahorro para la compra de vivienda, según el Banco de España. En términos de tasa de emancipación, el panorama tampoco mejora, pues sólo el 16% de los jóvenes se han independizado, muy alejado del 32% promedio de la UE, de acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

Así las cosas, no es baladí que en España el 81,7% de los jóvenes de entre 18 y 29 años afirmen estar "preocupados" o "muy preocupados" por no poder permitirse el acceso a una vivienda adecuada, según datos de la propia OCDE. Y, a juzgar por las previsiones, las perspectivas no son muy halagüeñas, pues con el vencimiento de la mayoría de los contratos firmados durante el período Covid, se estima que más del 90% de la vivienda en alquiler en la ciudad de Madrid no baje de los 1000€.

La situación tampoco es mucho mejor en ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, Mallorca, Pamplona, Santander o Sevilla, según las proyecciones de la mayoría de portales inmobiliarios.

En este caldo de cultivo, la vivienda ha pasado de ser un problema a convertirse en drama y emergencia nacional, con sendas manifestaciones en todo el país reclamando medidas más contundentes y efectivas contra el alza de precios, que se suma a la mochila inflacionista en otros muchos ámbitos. En este contexto, la clase política, caracterizada desde hace algún tiempo por inflamar los problemas en vez de resolverlos, ha optado por abonar la estrategia del frentismo y la confrontación entre propietarios e inquilinos.

La vivienda ha pasado de ser un problema a convertirse en drama y emergencia nacional

Desde “la huelga de alquileres y llamadas a la okupación”, reivindicada por el Sindicato de Inquilinas y respaldado por Podemos, hasta la oposición de Sumar reiterando hasta la saciedad el mantra del derecho a la vivienda, como si no tuviera responsabilidad sobre el problema en un Ejecutivo del que forma parte. Y, como colofón, las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, quien dice “no querer vivir en un país de propietarios ricos e inquilinos pobres”. 

Afortunadamente para inquilinos y propietarios, una política de vivienda útil y efectiva, conciliadora de los intereses y derechos de todos, es posible. Y la hostilidad no es el camino. Ahora bien, conviene reorientar la hoja de ruta. Muchas de las medidas que se han puesto sobre la mesa hasta ahora para combatir el problema del acceso a la vivienda son meramente cosméticas, cuando no altamente contraproducentes.

Desde la idea de topar los precios de los alquileres (según datos proporcionados por la Generalitat, Cataluña, la única región donde se han regulado, los precios han caído un pírrico 5%, mientras los contratos se han hundido un 17% y los incentivos de los propietarios para reformar y mantener las viviendas en condiciones decentes son cada vez menores), hasta el bono joven (que solo sirve para financiar la continua escalada de precios e incrementar el gasto y la deuda públicos a fondo perdido). Todo ello por no hablar de la actitud de la ministra del ramo, que reclama solidaridad y contención a los propietarios, lo que es, cuanto menos, bochornoso y ridículo, pues socava la propiedad privada y delega toda la responsabilidad para el reequilibrio del mercado en los caseros.

¿Qué hacer entonces? En primer lugar, urge realinear la demanda con la oferta de vivienda disponible, que es la principal razón del alza descontrolada de precios. Faltan casas para hacer frente al crecimiento demográfico (proveniente en buena parte del exterior) al que se enfrenta el país, que necesita entre 1,4 y 2,1 millones de viviendas hasta 2030 para equilibrar el mercado, según datos de BBVA Research. El Banco de España, por su parte, cifra el déficit de vivienda nueva en cerca de 500.000 pisos. 

Además del escaso dinamismo de la inversión del sector privado en el mercado de la vivienda residencial en los últimos años por la falta de suelo, la lentitud en la concesión de los permisos de obra y la ausencia de una cultura de colaboración público-privada lo bastante férrea, este aumento de la oferta se ha visto limitado también por el auge de usos alternativos de la vivienda (alquileres turísticos, de habitaciones y de temporada, por ser más rentables), y el reducido parque de alquiler social.

El Banco de España, por su parte, cifra el déficit de vivienda nueva en cerca de 500.000 pisos

En este sentido, recordemos que España sigue a la cola en inversión en toda la UE, con un mísero 2,5% de vivienda social, frente a Países Bajos (30%), Austria (24%), Dinamarca (20%) o Suecia (19%), según Eurostat. A estos efectos, la propuesta de “blindar a perpetuidad” el parque de vivienda pública, anunciada por la ministra de Vivienda en el Congreso esta semana, va en la buena dirección.

No obstante, llega tarde y no será milagrosa, primero porque la VPO han caído a mínimos desde el año 2012 y segundo porque el propio Constitucional tumbó esa posibilidad, así que hay que buscar los subterfugios legales y la estrecha colaboración con las CC.AA. para hacerlo posible.

Mayores incentivos fiscales a los propietarios para devolver su vivienda al régimen de arrendamiento ordinario, medidas más efectivas contra los pisos turísticos ilegales o una mayor colaboración entre bancos y administraciones para ayudar a los jóvenes a cubrir los gastos necesarios en el acceso a una primer a vivienda son también iniciativas deseables y necesarias.

Ahora bien, es importante reseñar que toda la crisis de vivienda es también una crisis de gentrificación en pequeñas parcelas del territorio, derivada de la eterna necesidad de transformar el modelo productivo y diversificar la inversión y el empleo en todo el país para reanimar los pequeños pueblos y ciudades, lo que aliviaría enormemente las áreas tensionadas en las grandes ciudades. Tan mala es la despoblación como la superpoblación.

¿Es posible una solución europea a la crisis de vivienda? Aunque se trata de una competencia nacional, hay elementos para la esperanza. Primero porque la futura Comisión Europea dispondrá por primera vez en la historia de un Comisario dedicado exclusivamente a esta materia. En segundo lugar, porque la UE puede marcar directrices, ofrecer asistencia técnica y dotar de planes de inversión a los Estados Miembros.

Asimismo, urge reformar los fondos de cohesión para ayudar a financiar la construcción de un parque público de vivienda asequible para bajar los precios. Además, la contribución del Banco Europeo de Inversiones, actualmente presidido por Calviño, será crucial para crear una plataforma paneuropea que atraiga y canalice la inversión pública y privada.

El Fondo Monetario Internacional volvía a revisar hace unos días el crecimiento de España para este año, situándolo en el 2,9%, lo que nos convierte en la economía líder en crecimiento en la Eurozona. Son buenas noticias. Ahora bien, ¿de qué sirve ser líderes en crecimiento de PIB cuando también se es líder en paro y una parte de la población no puede permitirse el acceso a una vivienda digna? La UE podrá ayudar, pero la responsabilidad última recae en la clase política española y en su manifiesta incapacidad para desproveerse de hipotecas ideológicas y territoriales y llegar a acuerdos transversales. Tomen nota, dejen de alimentar la cómoda polémica entre inquilinos y propietarios y pónganse a trabajar con visión de país para resolver esta emergencia nacional.

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.