Sánchez asume el programa de Sumar: acepta que 12,4 millones de usuarios de la sanidad privada paguen más impuestos

Los socialistas han pactado con el partido de Yolanda Díaz que los seguros de salud dejen de estar exentos del Impuesto de Primas de Seguros (IPS). Esto elevará el precio de las primas de 12,4 millones de españoles que cuentan con un seguro sanitario. 

Recapitulemos. A día de hoy, no hay que pagar IVA por las primas de los seguros. Están exentas porque cuentan con un tributo específico, que es el citado IPS, que aplica un tipo fiscal del 8%. 

Eduardo Parra Europa Press

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Los seguros de salud, igual que los de vida o los sociales y colectivos, están libres de este impuesto. Al menos por ahora. Si la medida pactada entre Sumar y el PSOE sale adelante, el IPS se comenzará a pagar también por los seguros de asistencia sanitaria presumiblemente a partir de 2025. 

Sumar (los de Yolanda Díaz son los que han dado a conocer el acuerdo con los socialistas) argumenta la aplicación de la medida en que, a día de hoy, la exención de las primas de seguros privados sanitarios "tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta". 

La imposición del IPS a los seguros de salud es una de las medidas a las que el Ministerio de Hacienda, a través del Grupo Parlamentario Socialista, ha tenido que transigir para lograr el apoyo de Sumar a la reforma fiscal que se está tramitando en el Congreso. 

Una reforma fiscal que, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025, se está introduciendo como enmiendas en el proyecto de ley para crear el tipo fiscal mínimo para las multinacionales. 

Ricardo Rubio / Europa Press

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Como parte de dicha reforma, PSOE y Sumar se postulan a favor del impuesto a la banca (que se mantendría), así como a una subida del IRPF a las rentas altas y a crear una figura para gravar los bienes de lujo. Sin embargo, Sumar ha decidido renunciar finalmente al tributo específico para las empresas energéticas en el que tanto había insistido Yolanda Díaz.  

Pero, pese a ello, no está claro que esta reforma fiscal salga adelante. ERC, EH-Bildu y Podemos insisten en reclamar que el impuesto a las energéticas se mantenga en próximos años, y amenazan con tumbar el resto de las medidas fiscales si no es así. 

De hecho, todavía se desconoce cuál es la postura de partidos como el PNV y Junts ante la subida tributaria del seguro de salud. Son partidos que siempre han estado en contra de incrementar los impuestos a la sanidad privada. 

Se trata de una medida polémica en la que los de Díaz (y en su momento los de Pablo Iglesias) insisten. Concretamente, su medida fetiche es que a los servicios sanitarios privados se les aplique el IVA. 

Alberto Ortega / Europa Press

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Sin embargo, la propuesta flaquea. Por un lado, las actividades relacionadas con la sanidad (y la educación, que también forma parte del paquete exigido por Díaz) privada están exentas de pagar el IVA no sólo en España, sino prácticamente en toda la Unión Europea (tal y como indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIReF-). Se trata de exenciones que están recogidas en el espíritu de la normativa comunitaria. 

De ahí que retirar esta exención fiscal se vea como un asunto que debería tratarse dentro de un marco europeo y en discusión con la Comisión Europea, pese a que España (y el resto de los Estados miembro) cuenta con competencias para derogar las exenciones. Así lo consideran varios ministros socialistas y lo vieron, también, los fiscalistas que María Jesús Montero reunió para elaborar el libro blanco para la reforma fiscal, en 2022. 

De hecho, estos expertos desaconsejaron aplicar el IVA a servicios sanitarios privados, sobre todo porque hay muchas de estas actividades que dependen de manera casi exclusiva de este sector, "como la atención dental".

Así, gravar estos servicios con el IVA elevaría irremediablemente su precio y dificultaría su acceso. 

Moncloa

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La AIRef estima que eliminar las exenciones de la sanidad privada podría llegar a procurar unos ingresos públicos adicionales de hasta 1.763 millones de euros al año, aunque hay que tener en cuenta que estos cálculos son previos a la pandemia de la Covid-19.