Pedro Sánchez.
España atraviesa un período de marcado intervencionismo político y económico iniciado en 2018 que coloca a España en un estadio no visto desde el franquismo. Este fenómeno ha intensificado la manipulación de los mercados por parte del poder político, socavando el principio del libre funcionamiento empresarial que es esencial para el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo. Desde la presión fiscal hasta la regulación excesiva, las políticas intervencionistas actuales están configurando un marco hostil para las empresas y los consumidores.
El control político sobre empresas estratégicas
Una de las manifestaciones más claras del intervencionismo es la intervención en empresas cotizadas. Ejemplos como Indra reflejan cómo el actual Gobierno ha aumentado su influencia directa en compañías estratégicas, asumiendo control accionarial y modificando su independencia operativa. Asimismo, el caso de Telefónica, donde se han promovido intervenciones indirectas para evitar operaciones internacionales, es un reflejo del carácter paternalista del Estado. Igualmente ocurre con el deseo declarado de hacer descarrilar la adquisición de Sabadell por parte de BBVA, mientras influye de forma clara en el mayor grupo financiero de nuestro país.
Presión fiscal y nuevos impuestos
El aumento constante de la presión fiscal es otra herramienta clave de este intervencionismo. Las empresas en España afrontan una carga fiscal creciente que limita su capacidad de reinvertir en innovación y desarrollo. La introducción de impuestos especiales permanentes dirigidos a sectores específicos como el financiero y el energético bajo el pretexto de redistribuir riqueza, no son más que una forma de exprimir a compañías que asumen riesgos con la inversión de su propio capital.
Deshacer privatizaciones
Todo este proceso no puede esconder por más tiempo la maquiavélica idea de la nacionalización. Con algunas excepciones, la coalición de Gobierno representada en sus ministros tenía en la década de los 90 una media de 18 a 20 años. Vivieron en un rebelde estado de juventud la época de las privatizaciones del gobierno de Aznar, la liberalización de servicios y el acceso al libre mercado sin restricciones iniciado con la admisión de España en la CEE, embrión de la Unión Europea actual. No se puede decir que les haya ido mal a ninguno, pero han crecido con ese inexplicable resentimiento.
No hace falta mucho análisis para entender que todos los pasos que se están dando en los actores citados (Indra, Telefónica, bancos -Argentaria-, Repsol, los conglomerados eléctricos que hoy conforman Endesa, Iberdrola y Gas Natural, REE, Enagás…), buscan justamente deshacer las privatizaciones acometidas en esa época y posteriormente.
Liberalismo frente al intervencionismo
La creciente centralización del poder económico bajo el Gobierno del PSOE plantea un desafío fundamental para el modelo de libre mercado. El liberalismo defiende un sistema donde la competencia, la propiedad privada y la autonomía de las empresas sean pilares fundamentales del crecimiento económico. En contraste, el intervencionismo actual introduce incertidumbre, distorsiona las señales del mercado y frena la capacidad de España para atraer inversión y talento con un argumento social y progresista.
El socialismo extremo, caracterizado por la creciente regulación y la manipulación del sector privado, amenaza con consolidar un modelo que privilegia la dependencia del Estado sobre la autosuficiencia de la sociedad. Este modelo no sólo socava la eficiencia económica, sino que también erosiona las libertades individuales, limitando la capacidad de elección de empresas y consumidores.
No sólo es eso, el intervencionismo y la regulación extrema generan un clima de incertidumbre que ahuyenta lentamente la inversión extranjera, clave para el crecimiento económico. Al manipular mercados estratégicos y penalizar sectores clave con impuestos y restricciones, el Gobierno desincentiva la competitividad. Esto provoca desconfianza en los mercados bursátiles, deprimen las valoraciones y aumentan las primas de riesgo en activos financieros, como la deuda pública, encareciendo el coste de financiación del país y limitando su atractivo global.
En definitiva, el intervencionismo en España, simbolizado por las políticas del Ejecutivo, queda enmarcado en la actual corriente de relanzamiento del nacionalismo, imperante en el mundo Occidental como identidad de un país.