“Nobody sees the same way I do, I need direction to get through” Gerard Love.
El esperpento del hachazo fiscal de la última semana debería ser fuente de titulares diarios. Lo aterrador es que se queda en nada cuando sabemos por El Español que Aldama, el comisionista del caso Koldo, ha implicado a Sánchez, Begoña Gómez, Marlaska, Ábalos, Torres y Teresa Ribera en sus negocios con el Gobierno. Estamos ante un sistema de corrupción e inseguridad jurídica institucionalizado.
Da vergüenza leer que el Gobierno acuerda por un lado mantener el impuesto a las energéticas para contentar a sus socios comunistas y, por el otro acuerda con Junts x Cat que no se mantenga. Como no cuela, les intenta convencer de que no afectará a las inversiones en su región. Aleatoriedad e inseguridad jurídica.
A la banca, les mantienen un impuesto a los ingresos porque les da la gana. Da vergüenza escuchar a esta clase política extractiva afirmar que los bancos y las eléctricas son el mal encarnado.
Lo triste de España es que existan ciudadanos que no entiendan que no vamos a progresar y tener salarios decentes demonizando a las grandes empresas.
Un país que realmente pensara en el Estado de bienestar y en el progreso defendería tener más grandes empresas y muchas más multinacionales.
Lo triste de España es que existan ciudadanos que no entiendan que no vamos a progresar
Es especialmente aberrante ver que en España adoptamos una mala idea confiscatoria con el fervor del sectario convencido. El impuesto mínimo del 15% es una de esas evidencias. Se dice que es una transposición de una directiva europea, y que lo exige la UE y la OCDE, y, sin embargo, muchos países de la OCDE no lo aplican y Estados Unidos lo rechaza.
Además, como un alumno aplicado para todo lo que sea expoliar, España acuerda por unanimidad gravar el diferencial entre el impuesto pagado por las filiales si no llega al 15%, algo que solo aplicarán el 25% de los 130 firmantes del acuerdo, como explica Lorenzo Bernaldo de Quirós.
En los impuestos al tabaco se ha introducido la aleatoriedad y, encima, se consigue lo contrario a lo que se pretende conseguir. Al mantener una fiscalidad muy baja en los vapeadores y subir los impuestos por precio (ad valorem), genera un incentivo a comprar marcas baratas, pero no penaliza el consumo de la manera en la que los ministerios anuncian. Es más, como en la energía o la banca, la fiscalidad del tabaco es especialmente aberrante porque deja claro que el objetivo es exclusivamente recaudatorio.
Dice la ministra Montero que 7.200 millones de los fondos europeos dependen de la reforma fiscal y que este hachazo lo exige Bruselas. Es falso. Lo que exige Bruselas para liberar los fondos y cumplir con los compromisos pactados con el Gobierno es una reducción de déficit que el Gobierno se niega a cumplir reduciendo gasto superfluo.
Por supuesto, el Gobierno no va a reducir el gasto superfluo.
El Gobierno y sus socios expoliadores ponen cada vez más trabas a la inversión y añaden la inseguridad jurídica como si eso no tuviese consecuencias.
El Gobierno y sus socios expoliadores ponen cada vez más trabas a la inversión y añaden la inseguridad jurídica
Es todavía peor, un gobierno que tiene ingresos récord por la inflación y que no cumple sus compromisos de endeudamiento y exige seguir expoliando a los contribuyentes no es una administración, es una familia mafiosa.
La inseguridad jurídica ya pesa en la economía española. La inversión lleva estancada desde 2019, la inversión extranjera cae desde 2018, y las grandes empresas están sujetas a un régimen de amedrentamiento, sumisión y confiscación.
Un gobierno serio defendería a las empresas que realmente pueden invertir en tecnología, descarbonización y que fortalecen el aumento de la productividad. Sin embargo, lo que hace es lo contrario. Se presentan como defensores de las pymes y azote de las multinacionales, es decir, que su sectarismo penaliza el éxito. Amancio Ortega sería un ejemplo para ellos cuando su empresa era una microempresa y ahora es un malvado.
En realidad, el ataque a las grandes empresas y la inseguridad jurídica tienen un objetivo muy evidente: el control. No les importa el progreso sino el control de lo que quede. Las pymes no molestan y, además, las expolian por una decena de elementos adicionales. De hecho, penalizar el crecimiento empresarial y atacar a las multinacionales es hundir a las pymes. ¿Quiénes se creen ellos que son los clientes, proveedores y socios de las multinacionales?
Yo, que sí quiero el progreso de España, quiero más multinacionales, más inversión y más sector privado y menos sanguijuelas políticas alrededor de un gobierno zombi acorralado por la corrupción.
España tiene un grave problema de prioridades. Casi la mitad de los votantes se creen que van a tener más riqueza penalizando su creación. Y así nos va.
España tiene un PIB per cápita estancado y que se sitúa muy por debajo del estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi. El Gobierno te empobrece y se presenta como el que te regala cosas. Lo único que regala es miseria.
Las multinacionales no pueden invertir sin seguridad jurídica. Ya tienen suficiente riesgo de negocio. Lo que ha hecho Sánchez es disculpar la corrupción, generalizar el despilfarro y destruir la confianza en un país que no se merece lo que está ocurriendo.