La DANA junto a la erupción volcánica experimentada por la isla de la Palma en 2021 constituye la mayor catástrofe natural registrada en España durante un siglo. En términos de pérdida de vidas humanas supera con amplitud a las cinco mayores que se habían producido con anterioridad: las inundaciones del País Vasco en 1953, la gran riada de Valencia en 1957, la catástrofe de Ribadelago en 1959, las riadas del Vallés Occidental en 1962 y el desprendimiento de Biescas en 1996. Desde un punto de vista económico, su impacto carece de precedentes.
Las zonas afectadas en Valencia suponen en torno al 2 por 100 del total nacional en diversos indicadores (población, renta de hogares, número de empresas, empleo, valor añadido empresarial, edificios residenciales) con una especial incidencia en el sector industrial. El Banco de España estima que la DANA restará 0,2 puntos al crecimiento del PIB en este trimestre, manteniéndose en negativo un año después..
Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas destinadas a paliar los efectos de la DANA y facilitar la recuperación de la actividad productiva en los territorios golpeados por ella cuya cuantía asciende a más 16.600 millones de euros.
Sin embargo, la instrumentación de ese ingente volumen de recursos está cuajada de incertidumbre y muy probablemente tenga problemas en su ejecución; esto es, que las ayudas no lleguen y con la suficiente rapidez a sus destinatarios. La adjudicación de una parte significativa de ellas, aproximadamente dos tercios del total, estará sometidas a un proceso burocrático que tiene serias posibilidades de dilatarse en el tiempo cuando su recepción urgente por los afectados es esencial.
En este contexto, la propuesta realizada por el Juan Bravo en nombre del Partido Popular tiene una lógica aplastante. El Gobierno conoce perfectamente cuál es la situación económico-financiera de las personas y de las empresas ubicadas en los lugares donde se ha producido la catástrofe y, en consecuencia, tiene la capacidad de hacer llegar las ayudas de manera automática y sin dilación a quienes las necesitan.
El Gobierno conoce perfectamente cuál es la situación económico-financiera de las personas y de las empresas ubicadas en los lugares donde se ha producido la catástrofe
Estos datos están en posesión de la Agencia Tributaria. Y la Gestapo tributaria del Ejecutivo tiene una ocasión de oro para prestar, por una vez, un servicio beneficioso para los ciudadanos. En lugar de eso, el paquete gubernamental se sustenta en la filosofía del Secretario General del PSOE sintetizada en la célebre frase: “Quien quiera ayuda que la pida”.
Dicho eso, la recuperación económica de las áreas afectadas por la DANA requiere el despliegue de una estrategia más amplia. No se trata sólo de paliar los daños ocasionados por el desastre sino sentar las bases para evitar su repetición en el futuro y, también, para impulsar el crecimiento en las regiones dañadas por aquella.
De lo contrario existen el riesgo de que un shock coyuntural se convierta en estructural y conduzca a una sustancial pérdida de población y de actividad productiva en los territorios que han sufrido la DANA. Estos se han transformado en un lugar donde la ecuación coste-beneficio se ha alterado de manera significativa en favor del primero. Y, obviamente, eso no es nada bueno para la economía.
De entrada es imprescindible acometer las obras de infraestructura y de mantenimiento de las mismas para impedir que se reediten situaciones como la acaecida. Y ha existido una clara negligencia dejación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en ambos campos.
Así, por ejemplo, se paralizaron los proyectos para el Barranco del Poyo y esto se vio acompañado por la Ley de Protección de la Huerta aprobada por el Gobierno de Tximo Puig que impidió la conexión entre aquel y el nuevo cauce del Turia. La combinación de esas dos iniciativas ha sido una de las causas determinantes de la tragedia.
La recuperación económica de las áreas afectadas por la DANA requiere el despliegue de una estrategia más amplia
Por otra parte, las subvenciones, las medidas destinadas a mejorar las infraestructuras no bastan para reactivar la economía en zonas catastróficas y hacer descansar ese objetivo en la acción directa de los poderes públicos es costoso y, por regla general, ineficiente. En este sentido cabe recordar que las ayudas prometidas por el Gobierno para hacer frente a la destrucción generada por la erupción del Volcán de Tajogaite en La Palma duermen todavía el sueño de los justos cuatro años después de producirse la crisis. La isla sigue esperando el mana estatal y éste, como Gordon, nunca ha llegado.
Ante este panorama es preciso adoptar una aproximación diferente e imaginativa aunque prive al Gobierno de un protagonismo que, al final, se reduce a un ejercicio propagandístico sin beneficio alguno para las víctimas de los desastres. La meta ha de ser la creación de un entorno orientado a reconstruir el tejido empresarial existente antes de la DANA y a atraer inversiones privadas que aceleren y hagan posible ese proceso.
Para ello, la opción más eficiente es la conversión de los territorios castigados por aquella en zonas francas o, como se las denomina en la jerga académica, zonas económicas especiales. Esto se traduciría, entre otras cosas, en la concesión de “vacaciones fiscales” a las compañías y autónomos, por ejemplo, durante un período no inferior a cinco años.