Las similitudes entre este Gobierno social comunista y el primer franquismo, el anterior al Plan de Estabilización, son cada vez mayores. No sólo la estética del nuevo Movimiento Nacional, eso sí desprovista de uniformes, recupera numerosos aspectos de la del viejo -el culto a la personalidad del líder, congresos a la búlgara, himnos-, sino también numerosas iniciativas de orden socioeconómico son un retorno al pasado, una nostálgica evocación del Antiguo Régimen.
Y esto no ha de causar sorpresa. Numerosos planteamientos, medidas e iniciativas de la actual coalición gubernamental tienen el aroma azul del nacionalsindicalismo. El estatismo y el colectivismo son dos rasgos característicos de ambos.
En esa gloriosa estela dejada por los luceros se enmarca la contrarreforma laboral emprendida por Santa Yoli-Evita, digna heredera de la política de José Antonio Girón de Velasco al frente del Ministerio de Trabajo.
Las similitudes entre este Gobierno social comunista y el primer franquismo son cada vez mayores
El incremento de la intervención gubernamental en el mercado laboral, unido a la retórica anti empresarial y anticapitalista de la exabogada de CCOO, serían aplaudidas por el León de Fuengirola quien en su discurso de 9 de mayo de 1948 en la Universidad Pontificia de Comillas lo dejó claro: “Hoy todos sabemos que la libertad económica, que propugna el autoritarismo de ciertas dictaduras plutocráticas en nombre nada menos que de la dignidad y respeto a las intangibles individualidades humanas, significa esclavitud y oprobio para millares de hombres”.
En esa misma línea, el presidente del Gobierno ha anunciado la creación de una empresa pública de vivienda con los mismos fines que el Instituto Nacional de la Vivienda fundado el 19 de abril de 1939 y dependiente de la Organización Sindical.
El presidente del Gobierno ha anunciado la creación de una empresa pública de vivienda con los mismos fines que el Instituto Nacional de la Vivienda fundado el 19 de abril de 1939
Pasó a ser controlado por el Ministerio de Vivienda bajo la dirección del insigne falangista D. José Luis Arrese en 1950 y desapareció treinta años más tarde. Pero la nostalgia respecto a la política de vivienda del Régimen del 18 de julio no termina ahí.
A ello cabe sumar las iniciativas gubernamentales en materia de alquileres, herederas también de las leyes franquistas de arrendamientos urbanos de 1951 y 1964 que acabaron con la libertad de contratación en ese segmento del mercado. Y, como aquellas, la legislación introducida hasta la fecha por el Ejecutivo se ha traducido en una reducción y, por lo tanto, en un encarecimiento de la oferta de alquileres.
La oposición o el rechazo gubernamental a adoptar políticas de oferta para hacer frente al problema de la vivienda es también muy parecida a la filosofía de la Dictadura.
En su preámbulo, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 decía: "El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político".
Y añade: "A estos principios capitales responde la presente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reforma que, naturalmente, no puede consistir en la simple e inmediata vuelta al sistema jurídico propio del Derecho común, mientras éste no sea modificado para adaptarlo a los imperativos de nuestra época, puesto que aún no hemos alcanzado la madurez económica indispensable ni se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda por importantes sectores de la sociedad española, pese al considerable esfuerzo realizado y al manifiesto incremento obtenido durante esta última década".
En este revival neofranquista se inserta a la perfección el Real Decreto 933/2021 que entró en vigor el pasado 2 de diciembre. En él, el Ministerio del Interior imponen a los establecimientos hoteleros, campings, zonas de acampada, agencias de viajes y a las compañías de alquiler de coches unas obligaciones de información inéditas en cualquier democracia occidental y lesivas para un sector esencial de la economía española: el turismo.
El alcance de los requisitos de información al sector turístico supone una lesión de los derechos y libertades individuales
No sólo el número de requisitos exigido a los potenciales usuarios de esos servicios es excesivo, se pasa de 9 a 42, sino su alcance supone una lesión de los derechos y libertades individuales; es contrario a la normativa europea de protección de datos.
Por añadidura, la combinación burocratización-invasión de la intimidad derivada de esa norma eleva para los oferentes como para los demandantes el coste de ofrecer-acceder a esos servicios y, por tanto, tendrá consecuencias negativas sobre las ramas de actividad ubicadas en esos mercados.
La medida introducida por el Sr. Marlaska es injustificable y lesiva
En un país turístico, caso de España, la medida introducida por el Sr. Marlaska es injustificable y lesiva. Considerarla fundamental para combatir el crimen organizado y el terrorismo es un argumento grotesco. En realidad se trata de un paso más en el deseo gubernamental de tener la mayor información posible sobre los ciudadanos y ello sólo puede obedecer a un afán y deseo de controlarlo. Este tipo de registros son típicos de los regímenes autoritarios y son muy parecidos a los establecidos por el Ministerio de la Gobernación en la España de la Dictadura
Cuando la semana pasada, José María Rotellar, escribió un magnífico artículo en El Debate sobre la reinvención sanchista del franquismo con la creación de una empresa pública de vivienda, se quedó corto