Los economistas del desarrollo dicen que el mayor freno al crecimiento económico de las naciones es la desconfianza en sus instituciones. No importa el volumen de sus recursos naturales (Venezuela o el Congo son riquísimos) o de capital humano (Argentina lo tenía en la época peronista y descendió en su economía). Si sus instituciones fallan, la economía no despega o, incluso, retrocede.
Esa desconfianza tiene mucho que ver con su funcionamiento y con la corrupción.
Si la maquinaria institucional es lenta e incompetente, los ciudadanos pierden confianza en sus capacidades para resolverles sus problemas. Los inversores consideran que hay demasiados obstáculos administrativos a sus actividades y desisten.
Si la maquinaria institucional es lenta e incompetente, los ciudadanos pierden confianza en sus capacidades
Si hay percepción de corrupción los ciudadanos pierden la confianza en sus intenciones; piensan que sus dirigentes políticos sólo deciden en función de sus intereses, olvidándose del bien común. Lo mismo pasa con los inversores, se alejan de esos territorios porque la corrupción aumenta el riesgo por la incertidumbre que eso supone, que implica también riesgos legales.
En economía del desarrollo una clave es esa: la percepción de corrupción. Las decisiones empresariales, por ejemplo la inversión en un país, está en función de esa percepción. Por eso el índice de la ONG Transparencia Internacional se titula así: Índice de percepción de la corrupción.
Si hubiera corrupción, pero no se supiera, algo casi imposible, no influiría en esas decisiones. Por tanto, los corruptos, cuando son descubiertos, no son sólo ellos los que sufren las consecuencias de su deslealtad con las instituciones. Las sufren también todos los ciudadanos que ven cómo se pierde confianza en las instituciones que gobiernan el país; ven como se deteriora la confianza en sus instituciones y, por ende, en su economía.
Una desconfianza que como dice el Presidente de esa ONG “agrava la injusticia social y perjudica a los más desfavorecidos”.
Así que al corrupto se le debe castigar por dos motivos: Uno porque abusa de un poder que se le ha conferido, otro porque perjudica a los que le rodean, sobre todo a los más débiles. Su actuación es un freno al desarrollo.
En la lista de Transparencia Internacional en 2023 España tiene una puntuación media 60, entre los menos corruptos (Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda, cercanos a 90 puntos) y los de mayor percepción de corrupción (Venezuela, Siria, … con menos de 20 puntos). Pero no hay que alegrarse. Llevamos dos tres años bajando en el ranking, aumentando nuestra sensación de corrupción respecto a otros países.
Una bajada que es peligrosa porque España compite con esos otros países para atraer inversiones internacionales. De momento aguantamos, pero si seguimos bajando llegará un momento que dejaremos de ser atractivos.
En el análisis de “The Economist”, que alaba la economía española, echo de menos este factor, ademas de la deuda pública y el desempleo, que ellos denuncian.
Los escándalos de los últimos años pueden empezar a perjudicar a la economía española
Por eso los escándalos de los últimos años pueden empezar a perjudicar a la economía española. Porque la percepción internacional de la corrupción en España empiece a hacer más daño.
Lo curioso es que ese perjuicio afectará fundamentalmente a los más desfavorecidos. Aquellos que este gobierno dice defender.
Un Gobierno, el de Sánchez, que alardea de defender a los débiles y aplicar cirugía con sus “corruptos”.
Pero no hay que engañarse, la percepción no depende de las afirmaciones gubernamentales, sino de las sensaciones de quienes analizan.
Unos analistas que perciben que lo que se ve es la punta del iceberg; que debajo hay mucho más. Siempre es así. Cuando la policía alardea de incautar cada vez más alijos de droga, la percepción es que su comercio aumenta. Lo mismo pasa con la corrupción.
En consecuencia, si hay culpa en los corruptos por acción, también la hay en sus dirigentes y compañeros por no haber “vigilado” de manera eficaz y eficiente. Si unos llegan a ser castigados penalmente, sus “vigilantes” se deben castigar “políticamente”.
Lo deben hacer: en el primer caso, en los corruptos, la judicatura; y en el segundo, los vigilantes, las instituciones políticas en el parlamento o los ciudadanos en las urnas.
“Porque los corruptos además de amorales, son inútiles”. Los corruptos y los que por omisión permitieron esa corrupción.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.