La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de condonar parcialmente la deuda que las CC.AA. tenían contraída con el Estado tiene una magnitud sin precedentes tanto por la cuantía de la “asunción” de deuda autonómica (83.252 millones de euros) como por las consecuencias que tiene a medio y largo plazo.
Esta decisión, en términos cuantitativos, es sólo comparable con el rescate de las cajas de ahorros, el cual se fue integrando en las cuentas públicas en forma de déficit público, pero no computable en la cifra que mira Bruselas (protocolo de déficit excesivo).
Desde el punto de vista de las cuentas públicas estamos en una situación parecida, pero con el riesgo de que la cifra total de déficit real se vaya más allá del 8% del PIB, asumiendo que se cumple el objetivo marcado del 3% remitido hace unos meses en el Plan Presupuestario a la Comisión Europea.
Con un PIB de 1.593.136 miles de euros al cierre de 2024, los 83.252 millones “perdonados” son un 5,22% del PIB. Con lo cual, aun teniendo en cuenta que todo el proceso de asunción de la deuda se hace durante 2025, el Gobierno debería empezar a presentar en sus ejecuciones presupuestarias y en los números que presenta al mercado esos 5,22 puntos de PIB para reflejar el estado real de las cuentas públicas.
El problema con este tipo de operaciones es que no es fácil visualizar los efectos reales sobre el conjunto de las Administraciones Públicas. y cuál es el efecto real sobre los ciudadanos, con independencia del territorio en el que sean residentes.
Sería preferible que Hacienda dijera claramente que es una actuación arbitraria
Menos aún cuando el Ministerio de Hacienda y las fuentes oficiales justifican esta acción asegurando que las CC.AA. se sobre endeudaron en la crisis de 2008, algunas de ellas estaban infrafinanciadas y también algunas habían hecho uso de su capacidad normativa para bajar los impuestos cedidos parcialmente como el IRPF.
En primer lugar, siendo rigurosos, no es posible dilucidar con un mínimo de cientificidad, por un lado, qué se considera sobre endeudamiento y, por otro lado, qué parte se debe por la crisis, por la insuficiencia de recursos tributarios procedentes del sistema de financiación autonómica (SFA) o por la actuación más o menos afortunada de política fiscal de cada región.
Sería preferible que Hacienda dijera claramente que es una actuación arbitraria que rompe con cualquier mínima lógica de corresponsabilidad fiscal antes que intentar justificar un criterio técnico no sólo discutible sino muy poco natural comparado con el todavía vigente SFA de 2009.
¿Alguien puede sostener con un mínimo rigor que para calcular este sobre endeudamiento se comparen dos crisis completamente distintas como fueron la Gran Recesión con la pandemia?
En segundo lugar, la deuda ya existente sólo afecta, y de una forma no demasiado considerable, al presupuesto de las CC.AA. en forma de pago de intereses. Algo perfectamente ajustable con cualquiera otra partida de gasto.
No es, por tanto, un argumento válido decir que la condonación parcial de la deuda ayuda a prestar más y mejores servicios públicos cuando las CC.AA. siguen estando bajo objetivos concretos de déficit presupuestario y, salvo algunas excepciones, se cumplen razonablemente.
Menos aún cuando el conjunto de las AA.PP. se ha beneficiado de un coste de la financiación decreciente durante una década gracias a los bajos tipos de interés.
La condonación de deuda supone hacer perder patrimonio a todos los españoles
En tercer lugar, si bien la deuda con el Estado forma parte de la ratio sobre PIB de las regiones y lastra su calificación crediticia, el grueso de la deuda autonómica está contraído con los bancos, no con los mercados de capitales, y en consecuencia la valoración crediticia no tiene la misma relevancia.
Según los últimos datos recogidos por el Banco de España (tercer trimestre de 2024), el 85,6% de la deuda autonómica (fuera de la contraída con el Estado) era en préstamos fundamentalmente a largo plazo y sólo el 14,4% eran valores representativos de deuda (bonos, pagarés…).
También según estos datos, la deuda contraída en el Fondo de Financiación de las CC.AA. (el ‘heredero’ del FLA y de otros mecanismos de financiación que puso en marcha el Gobierno Rajoy-Montoro) asciende a 208.638 millones de euros.
Intentando traducir este movimiento: la condonación de deuda supone hacer perder patrimonio a todos los españoles a cambio de un menor nivel de endeudamiento de los ciudadanos residentes en los territorios endeudados con el Estado que son todos excepto los que viven en la Comunidad de Madrid.
La ‘socialización’ de la deuda no parece la mejor solución, teniendo en cuenta que el terreno donde se debería jugar es en la reforma del SFA, caducado desde 2014.
*** Javier Santacruz es economista.
