Nuevo capítulo en el mediático protocolo de residencias de la Comunidad de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que la región de Isabel Díaz Ayuso priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Audiencia Provincial desestiman el recurso de apelación interpuesto por las hijas de dos residentes fallecidos contra el auto dictado el 10 de noviembre de 2022 por el juez de Instrucción número 48 de Madrid por el que se archivó la querella interpuesta contra la Comunidad de Madrid.
Los protocolos de las residencias fueron muy polémicos y la izquierda en bloque (Podemos, PSOE y Más Madrid) ha intentado poner en marcha varias comisiones de investigación sobre el tema, pero el PP siempre las ha tumbado en la mesa de la Asamblea.
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Los fallecidos a los que se refiere el procedimiento penal eran dos pacientes de la residencia pública de mayores 'Adolfo Suárez'. Tras comenzar con sintomatología de Covid 19, fallecieron en dicho centro público.
Instrumentalizar el dolor
Tras conocer la resolución, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha destacado que la decisión judicial pone de manifiesto que "las derivaciones se hicieron siempre atendiendo a criterios clínicos" y no a los citados protocolos.
A su juicio, ello libera de cualquier tipo de responsabilidad tanto al personal directivo como a la Administración regional. "Pido a los partidos de izquierda que dejen de instrumentalizar el dolor de los familiares y que dejen de hacer demagogia con el dolor", ha aseverado.
Frente al argumento de las hijas de los fallecidos, los magistrados exponen que la situación excepcional de pandemia motivó "la adopción de procedimientos, recomendaciones, protocolos e instrucciones técnicas ad hoc resueltas por las administraciones competentes".
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Entienden que no existen "indicios racionales de criminalidad para continuar la instrucción del procedimiento", basándose en la conclusión del médico forense.
En su informe, de noviembre de 2022, concluyó que "atendiendo a la documentación clínica examinada, sí se pusieron en marcha los medios adecuados y disponibles de diagnóstico y tratamiento conforme la ciencia médica".
Para sus conclusiones, los magistrados tienen en cuenta su disponibilidad en el momento de la pandemia "que había desbordado los sistemas asistenciales sanitarios". "No se puede garantizar que de haber sido derivados a un centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final hubiera sido otro", recogía el informe pericial.