Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, duque de Alba, cumplió este martes su objetivo. El Ayuntamiento de Madrid aprobó por fin el plan especial que le da vía libre para convertir dos edificios contiguos de la calle Princesa en 66 apartamentos turísticos. Dos construcciones que, en estos momentos, están ocupadas por las oficinas de varias empresas que, según una reciente y polémica inspección, no tienen permiso para ejercer su actividad. Algunas de estas compañías exponen su situación y denuncian su "malestar" ante EL ESPAÑOL por el modo en el que, a su juicio, ha actuado el aristócrata.
Los inmuebles se encuentran en el número 22 y 24 de la calle Princesa, a dos pasos de Plaza de España y pegados al Palacio de Liria. Se construyeron en los años 40 y tienen un origen residencial familiar, aunque se concibieron para alojar viviendas de alquiler. Con el tiempo, tal y como explica la propiedad en el expediente urbanístico, acabaron ocupados por oficinas y despachos profesionales.
En el caso de las dos parcelas del duque, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) les asigna un uso residencial. El recién aprobado plan de hospedaje permite al propietario unir las dos construcciones en un sólo edificio e implantar en él un uso terciario de hospedaje. Para abrir el negocio, en cualquier caso, debe vaciarlo antes de inquilinos.
Oficinas con "contratos firmados"
¿Qué ocurre entonces con las empresas con oficinas en el edificio? Su situación es compleja. Este periódico ha podido recabar el testimonio de algunas de ellas, que prefieren no ser identificadas.
Según aseguran, hace años firmaron contratos de alquiler con Fitz-James Stuart y se mudaron a estos espacios sin pedir ningún otro permiso.
Al principio, la relación con el casero iba sobre ruedas. "Había buena sintonía", destaca uno de los testimonios recabados. "El duque era un casero cojonudo a las buenas pero cuando le ha tocado hacer una operación distinta se ha olvidado de sus inquilinos", resume otro.
Entre los motivos que alimentan su "malestar" está el de que se enteraron "por la prensa" de las intenciones de Fitz-James Stuart. Fue poco después cuando se les comunicó que el duque había cedido la explotación de los inmuebles a Copla City Rentals.
La inspección de abril
Esta firma comenzó entonces a negociar la salida de los inquilinos de Princesa 22 y 24 hasta que se detuvieron las conversaciones en marzo, recuerdan las mismas fuentes. A mediados de abril y para sorpresa de ellos, se presentó una inspectora del Ayuntamiento que decretó varios ceses de actividad a la mayoría de compañías arrendadas en los edificios.
En el informe emitido por la Agencia de Actividades, adelantado por Somos Madrid y consultado por este periódico, la inspectora propone para 13 de 15 empresas el "cese inmediato de todas las actividades ejercidas sin título habilitante hasta la oportuna legalización de las mismas".
En este sentido, una de las compañías que se ha visto envuelta en esta situación lanza la siguiente acusación: "Que llegue una inspección solicitada por mi casero genera mucho malestar". En el informe, sin embargo, se indica que la solicitud procede de la Subdirección General de Planeamiento. "El duque de Alba no ha mandado ninguna inspección", recalcan desde el entorno de Fitz-James Stuart.
Además, esta empresa hace hincapié en criticar que, primero, el duque les alquiló unos pisos para oficinas y, ahora, "alega" que se tienen que "marchar porque el uso es de vivienda".
Vista aérea de los edificios de Princesa 22 y 24 (sombreados en color rojo) justo delante del Palacio de Liria, en Madrid.
También cargan contra la inspección "exprés" y con los "tiempos nunca antes vistos". "No se nos da tiempo para nada: 10 días para reaccionar. Llama la atención la dedicación y esfuerzo en atender este asunto en oficinas habiendo miles de expedientes graves estancados", dicen estas voces.
Desde Copla, por su parte, dejan claro que todo el procedimiento se ha llevado a cabo con el "máximo cumplimiento de la legalidad" y siguiendo lo exigido por la normativa. A su vez, desmienten que se hayan paralizado en algún momento las negociaciones con los afectados.
Cabe añadir que en la memoria del expediente, el promotor reconoce que el edificio está ocupado actualmente por oficinas o despachos profesionales, aunque en ningún momento se refiere a ellos como 'inquilinos'. A día de hoy, tanto en la puerta de acceso al portal de Princesa 22 como en la de Princesa 24 cuelgan varios pequeños carteles con nombres de empresas que aparecen en el informe de la Agencia de Actividades.
El plan, aprobado en Cibeles
El plan especial se abordó el martes en el pleno de Cibeles. Más Madrid, PSOE y Vox votaron en contra, pero el proyecto salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP de Martínez-Almeida. Precisamente, la oposición en bloque criticó duramente la velocidad a la que, a su juicio, se respondió a la inspección que pidió el aristócrata.
La tesis de los partidos de la izquierda es que se envió esta inspección para echar a estas personas y acelerar la puesta en marcha del negocio turístico.
El delegado del Área de Urbanismo, Borja Carabante, defendió el plan y la inspección. "¿Me echan en cara que mande una inspección al duque de Alba? ¿No se dan cuenta de que llegan al ridículo? ¿Creen qué puede beneficiar a alguien mandar una inspección, iniciar un procedimiento sancionador y sancionar?", preguntó a sus rivales.
"Indemnización justa"
El tema de los títulos habilitantes tiene una vuelta de hoja más. Uno de los citados moradores subraya que incluso las comercializadoras inmobiliarias ofertaban estos espacios para el alquiler de oficinas. También apunta a que existe un "histórico" de licencias antiguas que demuestra que se ha desarrollado previamente un "uso exclusivo de oficinas".
Con todo, entre los planes de estas compañías en apuros está el de lograr cambiar la titularidad de estos permisos para regularizar su situación, continuar con las negociaciones y obtener una "indemnización justa".