Enrique, en la protesta organizada por dueños y anfitriones de pisos turísticos en Madrid.

Enrique, en la protesta organizada por dueños y anfitriones de pisos turísticos en Madrid. M. F. El Español

Madrid Capital

Enrique 'controla' 100 pisos en alquiler y "pelea" por las viviendas turísticas contra Almeida: "Quiero una ley justa"

Los dueños y anfitriones de los pisos turísticos protestaron el martes frente al Ayuntamiento, que trabaja en una nueva regulación. 

3 octubre, 2024 02:13

Cuenta Enrique que estudió arquitectura en la Universidad de Navarra y se vino a Madrid a trabajar en el oficio. Pero enseguida cambió de rumbo profesional: "No conseguí disfrutar de la arquitectura en un estudio". Comenzó a gestionar pisos turísticos en alquiler. Primero, administró el que sus padres se habían comprado en la calle Mayor. Y después, gracias al "boca a boca", llegaron a sus manos las viviendas de más y más propietarios. A través de su sociedad, el empresario presume de haber "llegado a gestionar más de 100 pisos" dentro de la M-30. Muchas de las viviendas las alquila por meses, otras pocas las oferta por días a turistas.

Es martes, pasadas las 12 horas de la mañana, y Enrique participa junto a otras personas en una pequeña protesta frente al Ayuntamiento de Madrid. Alto, con gafas y abrigado, el empresario levanta un cartel con la siguiente inscripción: "Más vivienda social. No somos el problema". La concentración reclama una "regulación justa para los pequeños propietarios" de las polémicas Viviendas de Uso Turístico (VUT). Desde Madrid Aloja, la patronal del sector y convocante de la protesta, resumen así el sentir de estas personas: "Culpar a las VUTs por la crisis habitacional es desviar la atención de las verdaderas causas del problema, que residen en la falta de políticas de vivienda efectivas".

La patronal espera que la concentración del martes sea la "primera de muchas". En estos momentos, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida está trabajando en una nueva regulación para este tipo de negocios. Todo ello porque, a juicio del Consistorio, el Plan de Hospedaje que Manuela Carmena en 2019 no ha funcionado. En cualquier caso, hasta que no esté lista la normativa, no habrá más licencias a pisos turísticos. Almeida cortó el grifo de las autorizaciones en abril porque más del 90% estaban operando sin el permiso municipal exigido. También endureció las multas.

La "pelea" de Enrique

El negocio de Enrique cuenta con 22 empleados. La firma se encarga de la "gestión integral" de viviendas en alquiler. Entre otras tareas, recibe al huésped, le explica la ciudad y le atiende durante el viaje. "El propietario no tiene por qué preocuparse de nada", añade el gestor.

Cuenta el empresario que comenzó a gestionar el piso de sus padres como turístico gracias a la figura de la 'declaración responsable' que recoge la normativa autonómica de 2014. A partir de ahí, el negocio creció gracias al "boca a boca" y a una "gestión profesional". Pese a que su sociedad nació enfocada en las VUTs, tuvieron que adaptarse tras la puesta en marcha de la normativa municipal de 2019. La norma -la misma que Almeida va a modificar- establece desde entonces que sólo son legales los pisos turísticos que están en bajos y tienen un acceso directo e independiente a la calle.

Así, Enrique empezó a gestionar alquileres de temporada, es decir, por "meses". Todo ello en arreglo -asegura el navarro- a la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos. En cualquier caso, reconoce que, una vez en marcha el Plan de Hospedaje municipal, siguió explotando alquileres turísticos en pisos que no se ajustaban a las nuevas reglas. "Nosotros, como parte de la asociación Madrid Aloja, y hablando con muchos abogados, creíamos que era muy ilegal crear una normativa que no tuviera en cuenta los títulos habilitantes anteriores otorgados por la Comunidad de Madrid y los ilegalizara todos", justifica.

Fuentes urbanísticas explican que, antes del Plan de Carmena, "cualquier actividad económica" en la capital también "necesitaba autorización municipal"

En estos momentos, la gestora afirma que está administrando unos 12 pisos turísticos al uso, "con su correspondiente licencia urbanística de cambio de uso". Antes también 'controlaba' otra treintena de viviendas como VUTs que no estaban en bajos (las que a vista del Gobierno municipal no pueden ser legales en ningún caso). Sobre estas tres decenas pesan órdenes de cese. Por ello, la compañía está "en pleitos con el Ayuntamiento". "Lo que hago es alquilarlos por meses mientras peleo y defiendo mis derechos", detalla.

Enrique, como otros manifestados, lamenta que se culpe al alquiler turístico de la escalada de los precios de la vivienda: "15.000 anuncios de Airbnb no suben el alquiler de Madrid. Hay muchos más [pisos] que están vacíos". En este sentido, cree que una manera de sumar una "oleada de viviendas" al mercado es a través de una ley de vivienda que "proteja más a los propietarios" frente a la okupación y los impagos. 

Por otro lado, defiende que la industria ha aplicado "muchas soluciones tecnológicas" para controlar "de manera bastante eficaz el problema de la convivencia". "Tenemos medidores de ruido dentro de los apartamentos. Cuando una persona incumple las normas de la comunidad, se le saca del apartamento y ya está", pone de ejemplo.