Iglesia de la Concepción Real de Calatrava (Madrid).

Iglesia de la Concepción Real de Calatrava (Madrid). Zaratemán Wikimedia Commons

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El 'monopoly' de la Iglesia en Madrid con la 'ley Almeida': hasta 106 edificios religiosos podrán albergar pisos baratos

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De la parroquia de Calatrava, en el entorno de Canalejas, al convento de San Martín de Porres, en la calle Claudio Coello. Estos inmuebles son sólo dos de los 106 edificios religiosos que podrían beneficiarse de una novedosa herramienta municipal. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobará en 2025 una regulación que abrirá la puerta a que este centenar de construcciones albergue 'colivings' y viviendas con alquileres asequibles. Eso sí, sólo si sus dueños quieren y se cumplen unos requisitos. 

El nuevo mecanismo forma parte del Plan Reside, el mismo que regulará los polémicos pisos turísticos. El objetivo es que entre en vigor en verano. Cibeles acaba de sacar el texto a información pública y está disponible en el Portal municipal de Transparencia.

Es en esta documentación donde el Consistorio explica esta otra 'pata' del Plan Reside que habilitará que determinados inmuebles cambien su uso dotacional privado al de residencial. Hablamos, en concreto, de edificios protegidos que se encuentran en el centro histórico de Madrid. Para que puedan acogerse a esta norma, deben estar inutilizados con un uso obsoleto que no esté justificado en estos momentos en base a lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. 

Jesús Hellín Europa Press

El Ayuntamiento cree que este tipo de edificaciones son un "posible nicho" para generar vivienda en la ciudad. El informe de diagnóstico del Plan, consultado por este periódico, cifra en 182 las parcelas con posibles usos desfasados. De ellos, 106 edificios son equipamientos religiosos (19 conventos y monasterios, 85 iglesias y parroquias). 

Entre ellas está, por ejemplo, el convento de las Comendadoras de Santiago, el único de la ciudad que se conserva íntegro. Fue el primer nombre de la lista que salió a la luz. Ahora mismo conforman el lugar una iglesia, un colegio de niños pequeños, un convento de religiosas, patios y una zona monumental. En declaraciones a Madrid Total, la propiedad ya aseguró que no contemplaba sumarse a la alternativa que ofrece la Corporación Local.  

En este caso, las dueñas son las Comendadoras de Santiago, una orden femenina. En cualquier caso, los 106 edificios religiosos que Cibeles tiene en el 'radar' forman parte de la Iglesia universal a nivel pastoral. 

La parroquia de San Isidro y de Nuestra Señora del Buen Consejo (calle Toledo), la iglesia de San Pascual (en Recoletos), el Real Oratorio Caballero de Gracia (Gran Vía), la parroquia Virgen Peregrina (Diego de León), San Luis de los Franceses (Lagasca) o la parroquia de San Cristóbal y San Rafael (Bravo Murillo) son otros de los nombres recopilados por el Consistorio.  

Hasta 1.600 viviendas más

Por otro lado, el listado incluye 51 equipamientos educativos (la mayoría colegios), 9 equipamientos sanitarios (entre hospitales, sanatorios o clínicas) o 9 espacios culturales, entre otros. 

En cualquier caso, el Gobierno municipal explica en el citado informe que es "complejo" saber el grado de uso real de todos estos equipamientos. De hecho, la mayoría de ellos "están actualmente en condiciones de servicio". Pero Cibeles ha detectado algunos "aparentemente clausurados, sin uso, infrautilizados, o incluso no edificados". 

Rafael Bastante / Europa Press

El Ayuntamiento tramita la regulación a través del Área de Urbanismo que dirige Borja Carabante. Con todo, admite que esta herramienta englobará a una cifra "minoritaria" de este conjunto de construcciones. Considera "factible" que entre un 5 y un 10% de estos equipamientos catalogados recurra al mecanismo. Si es así, el parque inmobiliario en el centro de la capital crecería en 800 y 1.600 viviendas, según los cálculos municipales. 

La medida persigue también poner "en valor" el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. La transformación de estos espacios se hará a través de planes especiales que aseguren su restauración y rehabilitación. Como son bienes protegidos, son las comisiones de Patrimonio las que deben valorar caso a caso cada intervención planteada. 

Una vez reciban el visto bueno, estos inmuebles podrán acoger viviendas colectivas o residencias comunitarias y compartidas. Las casas colectivas tendrán que ser libres y tener "obligatoriamente" un alquiler asequible. De hecho, la renta máxima no podrá superar el 30% de los ingresos familiares medios del barrio en el que se ubique el edificio.