Por fin hay acuerdo entre Isabel Díaz Ayuso y Vox para los Presupuestos autonómicos de 2022. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya dispone de cuentas públicas para el próximo año después de que el Partido Popular haya atendido algunas de las "líneas rojas" o exigencias que la formación de Rocío Monasterio planteaba para su apoyo. Entre ellas, la gratuidad en la Educación de 0 a 3 años (así como en Bachillerato y Formación Profesional) o la auditoría de los centros de menores extranjeros no acompañados (menas) para conocer sus detalles legales, financieros y estructurales.
El pacto consta de 13 puntos y ha sido anunciado por la propia Monasterio en una rueda de prensa desde la sede del partido nacional, en la calle Bambú, donde también ha asegurado que en el documento firmado con la Comunidad de Madrid se recoge el compromiso de no aceptar ninguna de las enmiendas de los partidos de la izquierda regional (Más Madrid, PSOE y Podemos).
"Con el presente acuerdo el Gobierno se compromete a no alcanzar ningún acuerdo total ni parcial con los otros grupos. Del mismo modo, VOX se compromete a no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni enmiendas parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea", indica el texto consensuado por ambos partidos.
Partido Popular y Vox, Díaz Ayuso y Monasterio, han llegado por fin a un acuerdo que se ha hecho de rogar mucho más de lo esperado. Y es que la idea original del Gobierno autonómico era cerrar un acuerdo antes de la presentación del Proyecto presupuestario, que tuvo lugar el pasado 27 de octubre desde Puerta del Sol, pero que se alargó hasta la tramitación parlamentaria. Nunca, eso sí, llegó a correr peligro.
No ha habido foto conjunta para anunciar el pacto, e Isabel Díaz Ayuso se ha limitado a decir en su cuenta de Twitter que los Presupuestos "mantendrán todos los compromisos que les dieron amplio respaldo electoral" y "sumarán medidas muy positivas": "Este acuerdo refuerza a la Comunidad de Madrid en el momento más necesario".
Leyes LGTB
La presidenta madrileña ha adoptado algunas de las exigencias de Vox tal cual han sido planteadas, y otras las ha considerado generosamente. Entre las primeras, la gratuidad de la Educación en todas las etapas no obligatorias, en especial la de 0 a 3 años (así como Bachillerato y Formación Profesional). Así, el documento firmado incluye el compromiso del Ejecutivo de implantar un bono educativo que financie dichas etapas a las familias que reciban menos de 35.000 euros anuales.
El Partido Popular también se ha comprometido a una reducción del 10% en los presupuestos destinado a Telemadrid y a disminuir otros gastos como el recorte en la promoción de Consejerías y edificios de carácter público.
Pero llama la atención que las leyes LGTB han quedado fuera del acuerdo escrito. Los de Rocío Monasterio proponían la derogación completa de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Unas normas aprobadas en su día por el Gobierno popular de Cristina Cifuentes que, según Rocío Monasterio, tratan de "imponer una ideología".
Y aunque el acuerdo no dice nada al respecto, pero el Gobierno regional se ha abierto en los últimos meses a cambiar la redacción del artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, así como del 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia. Concretamente, los puntos que recogen la "inversión de la carga de la prueba".
Todo ello para asegurar, en palabras de Ayuso el pasado mes de septiembre, que se "ponga coto a las denuncias falsas" para que "no causen más perjuicio a las verdaderas [víctimas] y evitar más daño a inocentes".
Centros de menas
En cuanto a la auditoría de los menores extranjeros no acompañados (menas), esta incluirá todos los aspectos legales, financieros, procedimentales y de funcionamientos de los mismos. A su vez, el texto indica que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid estudiará la posibilidad de personarse en las acciones judiciales que se desarrollen en aquellos asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos o sus propiedades (okupación), ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados (bandas latinas) o individuos".
Vox siempre ha criticado con insistencia la inseguridad que provocan sus centros de acogida en los barrios madrileños, así como la "paga" de 400 euros al mes que reciben en base al el Decreto 126/2014 de 20 de noviembre aprobó el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
El duro discurso que Vox mantiene sobre estos menores pasa por censurar que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso invierta dinero en "soldados" instruidos para "atracar a la gente de la calle" o "apuñalar a niños en los botellones".