Isabel Díaz Ayuso afronta este nuevo curso político con dos grandes retos por delante: aprobar los Presupuestos (las actuales cuentas datan de 2019) y lograr la ratificación la Administración provisional de Telemadrid. Para ello necesita los votos favorables de Vox o, al menos, su abstención. Y ya tiene claro cómo ganarse el apoyo de la formación que lidera Rocío Monasterio en la región.
La presidenta madrileña, según ha podido saber EL ESPAÑOL, está dispuesta a cumplir uno de los deseos monolíticos de la derecha dura: modificar las leyes de género y LGTB de Madrid. En concreto, el artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, así como el 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia.
Estos puntos son los que recogen la "inversión de la carga de la prueba"; un concepto juridico que implica trasladar al demandado la obligación de justificar su inocencia, invirtiendo así el onus probandi.
A la supresión o reformulación de estos puntos se refirió Ayuso en su intervención del pasado jueves en la Asamblea de Madrid, cuando anunció "iniciativas" para "poner coto a las denuncias falsas" y que éstas "no causen más perjuicio a las verdaderas víctimas", así como "evitar más daño a inocentes".
Un discurso muy diferente al que hasta hace bien poco practicaba la dirigente popular...
Cambio de criterio
Es cierto que Ayuso y Monasterio mantienen una buena relación y que su sintonía en políticas económicas y financieras es "más que evidente", según fuentes populares, pero entre ambas dirigentes siempre había habido un punto de fricción: las leyes LGTB que actualmente rigen en la Comunidad de Madrid y que, por cierto, fueron aprobadas en 2016 por el Gobierno popular de Cristina Cifuentes.
La presidenta autonómica, aspirante a presidir el PP de Madrid, siempre había defendido públicamente estas leyes como pertinentes para proteger a homosexuales y transexuales de los "prejuicios ajenos" y que así puedan "vivir en libertad".
Una postura muy diferente a la de Monasterio, que siempre las ha considerado una "aberración jurídica", tal y como expresó tras conocerse que la supuesta agresión homófoba en Malasaña se trataba en realidad de una denuncia falsa de un chaval de 20 años que se dejó tatuar "maricón" en las nalgas como parte de unas prácticas sexuales inusuales.
El viraje de Ayuso en su opinión sobre estas leyes comenzó en la sesión de investidura, cuando se abrió a "revisarlas", y culminó el pasado jueves en la Asamblea de Madrid.
"¿Están dispuestos a modificar las leyes vigentes en la Comunidad de Madrid que no respeten la presunción de inocencia?", preguntó la portavoz de Vox, que achacó a la presidenta el tener normas en la región "que invierten la carga de la prueba" y "vulneran la presunción de inocencia".
"¿Va a ser coherente y derogarlas, o va a ser como el alcalde Carmeida [un juego de palabras con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la exregidora Manuela Carmena] y el PP de Génova, que dicen una cosa y hacen la contraria?".
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, pregunta a Isabel Díaz Ayuso.
Al ser interpelada de esta manera, en el turno inicial de preguntas, la dirigente autonómica dijo estar "de acuerdo con que nunca más se vuelva a vulnerar la presunción de inocencia, que es la base de nuestro ordenamiento jurídico".
¿Convicción o imposición?
Pese a que la derogación de las leyes autonómicas es una reivindicación monolítica de Vox en la Comunidad de Madrid, y pese al viraje de la presidenta en esta cuestión, fuentes cercanas a la regidora aseguran que la decisión ha sido tomada "motu proprio" y que nace de su convencimiento de que las denuncias falsas son una "lacra" a combatir.
Una versión que, no obstante, desmienten desde la formación verde, que celebra el cambio de criterio de la presidenta en los días previos a la aprobación de los Presupuestos y la ratificación de la Administración de Telemadrid.
La denuncia falsa de Malasaña ha reafirmado a Vox en su convencimiento de que estas leyes cercenan la presunción de inocencia del acusado. Más aún después de que la izquierda utilizara el caso para señalar el "discurso de odio" de la formación de Abascal como desencadenante del supuesto delito.
La relación entre Partido Popular y Vox, así como la relación personal entre Ayuso y Monasterio, es excelente en la Comunidad de Madrid. Pero las buenas relaciones no significan que el apoyo de Vox vaya a ser gratis, como advirtió Monasterio en la sesión de investidura, donde exigió reducir el Gobierno regional a 7 consejerías, cerrar Telemadrid y derogar las leyes LGTB.
Tres propuestas de máximos que no han sido aplicadas tal cual, pero sí atendidas: el Ejecutivo se redujo de 13 a 9 consejerías, se anunció la auditoría de la cadena regional y ahora se modificarán las leyes LGTB. Adiós a la "inversión de la carga de la prueba".
"Homofobia"
La modificación de las leyes LGTB podría traer cola, por cuanto llega en un momento en el que la izquierda política y mediática ha emprendido una campaña contra la "complicidad" de Isabel Díaz Ayuso con una "homofobia" que, en palabras de la presidenta, "sólo está en la cabeza de la izquierda".
Un alegato proferido el pasado jueves en la Asamblea de Vallecas que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han utilizado para cargar contra la presidenta madrileña después de que un grupo de neonazis irrumpiera en el barrio madrileño de Chueca al grito de "fuera maricas de nuestros barrios" o "fuera, sidosos, de Madrid". Y eso que corresponde a la Delegación del Gobierno el autorizar o prohibir este tipo de marchas.
Del mismo modo, han afeado al Partido Popular que se haya abstenido recientemente en el Parlamento Europeo en la votación para pedir que las parejas homosexuales sean reconocidas en todos los países miembros.
Un clima político, en definitiva, que invita a pensar que una modificación de las leyes LGTB de la Comunidad de Madrid, que es algo que lleva tiempo reivindicando Vox, no haría sino agudizar la campaña de la izquierda contra Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la "homofobia".