Ahora, el debate sobre la apertura o no de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid reabre el caso que cerraron los juzgados: qué se hizo mal para que en las residencias de mayores de Madrid murieran unos 6.000 ancianos durante la primera ola de la Covid.

Vox, PSOE, Podemos, Más Madrid y el Partido Popular se han enzarzado en una pelea que parecía guardada en un cajón desde la salida de Ciudadanos del Gobierno y la posterior victoria abrumadora de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el 4-M.

[Dimite el consejero de Cs que estaba al frente de las residencias en Madrid con mensaje a Ayuso: "Suerte"]

El autor de Morirán de forma indigna, el libro que ha hecho resurgir la polémica cree que el rédito electoral que todos pueden sacar del caso también anima la disputa: la izquierda acusando al Gobierno de mala praxis y el equipo de Ayuso criticando que se reabran viejas heridas. 

En su libro, Reyero habla de protocolos para medicalizar las residencias que "no existieron", reuniones secretas sin contar con él o "manipulaciones" por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que la prensa le acusara de ser el culpable de la situación en los centros de mayores.

Reyero rebate esa visión con datos y correos electrónicos que reenvió una y mil veces a todo tipo de organismos. Hasta al Ministerio de Defensa. Llamadas de auxilio que provenían de las residencias y que, según él, están igual que antes de la Covid. 

"Una comisión de investigación sobre lo que pasó no trata de criminalizar a nadie, ni de buscar un culpable"

¿Se han convertido los temas relacionados con las residencias de ancianos en una guerra entre partidos?

En este país, al final, todo se lleva al terreno, ya no político, sino partidista. Muchas veces vemos que una cosa que un partido vota a favor en una región, vota lo contrario en otra. Dependiendo de quién esté gobernando. No es tanto la ideología del que vota, sino de dónde gobierna y dónde no.

Yo soy partidario de que haya comisiones de investigación por la gestión de la pandemia en todas las comunidades autónomas. Ciudadanos lo hemos hecho así en Madrid y también a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, que es, a mi juicio, donde se debería de hacer esta comisión.

No se trata de criminalizar a nadie sobre lo que ocurrió en esos meses, ni de buscar un culpable. Queremos saber qué es lo que pasó e informar a los ciudadanos de por qué se tomaron determinadas decisiones.

En su libro cuenta cómo se encuentra las residencias de mayores de Madrid: con leyes obsoletas, infrafinanciadas, con gestión privada en muchas de ellas…  ¿Por qué las residencias de nuestro país están tan abandonadas?

Muchas veces se incide en el tema de la privatización. Considero que la compensación entre el peso de lo público respecto a lo privado debería modificarse en favor de lo público. Pero, soy partidario de que haya colaboración público-privada y que haya empresas privadas que puedan trabajar en el sector sociosanitario. No estoy en absoluto en contra.

"En España invertimos un 0,8% del PIB en el cuidado de nuestros mayores y en Alemania o Italia la cifra es del 2%"

No me malinterprete, no critico el modelo de colaboración, sino el hecho de que, al gestionarlo una empresa privada, parece que ya no es problema de la Administración central.

Exactamente, requiere un esfuerzo de control por parte de la Administración que no se produce. Evidentemente, si tú tienes los servicios subcontratados, tienes que hacer unos pliegos de condiciones correctos que exijan determinadas cosas y que castiguen cuando no se cumplan.

Pero, volviendo a la pregunta, creo que la solución es aumentar la inversión y el control de la Administración. Tenemos que ser conscientes que la inversión que se hace con los mayores en España es muy baja con respecto a los países de nuestro entorno. Empleamos aproximadamente 0,8% del PIB en el cuidado de los mayores. En Francia, Alemania o Italia emplean un 2%. Mientras no hagamos ese esfuerzo, tendremos unos servicios acordes con lo que invertimos en ellos. 

Cuando habla en su libro de cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, de esas reuniones en las que no se le invitaba, de que nadie le escuchaba en los consejos de Gobierno…  ¿Cuándo consideró que estaba perdiendo el poder de la gestión de los centros de mayores?  

Ese sentimiento, como tal, no lo he tenido. Sí he tenido un sentimiento de impotencia, porque desde Políticas Sociales en Madrid tenían una capacidad de acción, frente a una emergencia sanitaria, muy limitada. Teníamos unos 150 sanitarios en toda la conserjería.

Desde un primer momento dijimos que si era una emergencia sanitaria tenía que intervenir Sanidad, que es la consejería que tiene los medios. Ahí fue cuando nos encontramos con una sensación de impotencia, porque nos vinieron a decir que nos las teníamos que arreglar con los medios que teníamos, que eran absolutamente insuficientes. En algunas residencias hay médicos, pero están ahí para seguir el tratamiento de pacientes crónicos, cuando el tema se complica siempre se les deriva al hospital.

Alberto Reyero ha sido diputado de la Asamblea de Madrid por el grupo Ciudadanos.

Porque en Madrid, como en el resto de España, no hay residencias medicalizadas.

Claro. Pero la Sanidad vive de espaldas a lo que ocurre en las residencias y, de hecho, yo siempre lo he denunciado. Cuando una persona sale de su casa para entrar en una residencia ya no vuelve al centro de salud. Lo que tiene es una tarjeta sanitaria para que se le gestione la medicación y eso tiene que cambiar.

La atención médica en la residencia debería de ser responsabilidad de Sanidad. Y eso no ocurre aquí en Madrid ni en ninguna parte de España. La Atención Primaria de este país ha actuado de espaldas y sin conocer muy bien qué es lo que ocurría en las residencias pensando que allí tenían médicos, pero no es así.

Los especialistas siempre han reivindicado que una residencia es un hogar para esas personas mayores y no un mini hospital. ¿Usted cree que debería de haber un equipo de continuo?

Estoy de acuerdo en que la residencia es el hogar de los mayores, y tiene tienen que recibir la atención de su médico de cabecera, igual que la recibían antes de entrar en una residencia. Debería haber una continuidad en la atención sanitaria.

Cuando entras en una residencia pierdes el derecho a la atención primaria y a la atención hospitalaria. Fue uno de los cuellos de botella más importantes durante la crisis. Hay países en los que la atención sanitaria que se presta en la residencia es presupuesto del departamento de Sanidad y no de la parte social.

Durante muchas reuniones tuve una sensación de que de frialdad y de indiferencia por parte de los miembros del Consejo de Gobierno

Me dice que nunca sintió que había perdido los mandos de las residencias de ancianos, pero en su libro habla de reuniones en las que no se le avisaba y se firmaban protocolos sin contar con usted.

De todas esas reuniones yo me entero después, por entrevistas en medios. En el momento, yo no sabía nada de esa reunión en la que se plantearon una serie de medidas que nunca hemos visto, como medicalizar las residencias, cosa de la que no tengo constancia.

Vi determinados movimientos, evidentemente, muy a posteriori, que iban en una determinada dirección. Se me discutía prácticamente todo. Solicité que el Ejército interviniera en las residencias, se dijo que eso era imposible. En un consejo de Gobierno, el del 25 de marzo, solicité que me dieran 50 médicos y 50 enfermeras para atender a las residencias que estaban en una situación más crítica, y nada.

Tuve una sensación de frialdad, de indiferencia y no puedo dar más detalles porque el Consejo de Gobierno y sus conversaciones son secretas. Pero sí que fue la primera vez que tuve la tentación de dimitir, porque veía que no tenía ningún sentido lo que estaba ocurriendo.

Cuando se decidió que hubiera un mando único para gestionar la Covid-19, determinados medios hablaron de que se me había apartado de la gestión de las residencias y ahí empezó una campaña mediática contra mi persona con bulos, como ese.

En el libro dice directamente que esa campaña estaba orquestada por la presidenta, ¿porqué no le cesó? Era la opción más fácil.

Era una estrategia proyectada a fuego lento. Se trataba de lanzar el mensaje de que Ciudadanos no sabía gestionar. Hay que recordar que la propia presidenta ha confesado que durante esos días se había planteado convocar elecciones y que había sido Génova la que había parado la convocatoria.

Yo no sé que planificación tenían ahí acerca de su relación con Ciudadanos, pero en la parte que a mí me afectaba, me querían poner como el responsable de lo que estaba sucediendo en las residencias. Y lo cierto es que estaban en esa situación porque no estaban recibiendo la atención sanitaria necesaria.

En una de esas reuniones se toma la decisión más polémica durante toda la primera ola: dejar por escrito en un protocolo que los residentes no podían ser derivados a un hospital. Otras regiones, según parece, tomaron la misma iniciativa, pero no lo dejaron por escrito. Usted denuncia esa decisión de no derivar, pero sabe que en los hospitales había sistemas de triaje muy duros para elegir a quién salvar. Si no hubiera existido esa orden de no derivar, ¿cree que se les hubiera tratado?

Sí, en algunos casos sí. Y además, si decides tomar esa medida, lo que tienes que hacer es comunicarlo a los ciudadanos.

Siempre pongo el ejemplo del IFEMA porque me parece un caso especialmente sangrante. Se trata de un hospital de campaña que en una situación de colapso sólo usó el 30% de las camas disponibles y, encima, para atender a personas con pronóstico de baja dificultad. De los 3.000 casos que ingresaron en IFEMA en esa semana, sólo 23 provenían de residencias.

Es como si en Ucrania ponen un hospital de campaña pero no dejan entrar en él a las personas que vienen del frente, sólo a los de la retaguardia. En el Zendal sólo fallecieron 16 personas y en las residencias 5.000.

Además, para lo único para lo que sirvió el IFEMA fue para convertirse en un aspirador de profesionales sanitarios. Se llevaron muchos médicos, supuestamente mil, al IFEMA. Si hubieran ido a las residencias podrían haber salvado muchas vidas.

"Me opongo a que el criterio de edad, dependencia o discapacidad sea un criterio que haga el ser atendido o no, y si es así, que se diga"

Pero esos mil médicos y esas 5.000 camas no sirven de nada si no hay un ventilador para los casos graves de Covid. Al final, el problema que tenían los hospitales, en ese momento, era la escasez de material y medicinas. Si no tienes un medio de ventilación asistida, por mucho que tengas un médico al lado de una cama, no puedes salvar a nadie.

Nos tenemos que centrar en que dejaron a gente en las residencias sin atención sanitaria y eso ocasionó que las personas murieran en lo que yo denomino condiciones indignas. En el mejor de los casos lo único que recibían era morfina y sedación.

Tampoco se usaron las camas de la privada, representantes del sector dijeron que no se había derivado ni a una persona de las residencias de ancianos de Madrid a un hospital privado. Ninguna. ¿Eso tiene algún sentido?

Desde el 112 me han dicho, verbalmente por lo que no tengo un documento que lo confirme, que se les dice que no vayan a las residencias a recoger a las personas enfermas. No es una cuestión ni de recursos, ni de respiradores.

¿Usted considera que lo que se hizo en las residencias no era una cuestión de responder a la limitación del esfuerzo terapéutico que venía marcado desde los hospitales? Es decir, en los hospitales se priorizaba la respiración asistida según la edad del paciente, pero usted considera que la única discriminación que tenían las personas de las residencias de ancianos era dónde vivían. ¿Si alguien con 80 años hubiera vivido en su casa sí le habrían atendido?

Por lo menos no habría habido un protocolo que les excluyera de esa manera. Yo me encontré con casos de personas con discapacidad que tenían altas expectativas de vida y a las que se les estaba negando el acceso a un hospital. Y si eso se hace, hay que hacerlo de manera transparente, informando a la gente de la situación en la que nos encontramos.

Me opongo a que el criterio de edad, dependencia o discapacidad sea un criterio que haga el ser atendido o no, y si es así, que se diga. Yo no he oído ni al consejero de Sanidad ni a la presidenta dar a conocer que existían esos criterios. Lo que han hecho es negar que existiera un protocolo como el que evidentemente pusieron en marcha.

A estos residentes no les dio ni siquiera esa oportunidad de que el médico decidiera si se les ingresaba o no. No discuto jamás si los criterios clínicos indicaban una priorización pero sí que haya una orden política.

Habla de una persecución mediática hacia su persona, pero no fue el único. Carlos Mur fue acusado de ser el brazo ejecutor del protocolo que impedía a los mayores de las residencias de ancianos ser derivados al hospital. Mur era un histórico de la gestión sanitaria, no un novato. ¿Cree que le utilizaron de chivo expiatorio?

Estoy de acuerdo en que le utilizaron de chivo espiatorio. Evidentemente, yo entiendo que no fue una decisión suya, sino que fue algo acordado, algo que se notificó a sus superiores. Aunque ahora ya nadie sabe qué pensar, hace unos días en una entrevista la presidenta de la Comunidad negaba que se hubieran aprobado nunca esos protocolos.

Su reacción es la de negar siempre lo evidente. Evidentemente, en esos documentos estaba la firma digital del señor Mur y, cuando se intentaba derivar a las personas, los hospitales hacían referencia a la existencia de ese protocolo.

Si Madrid volviera a vivir la primera ola de contagios de la Covid, ¿pasaría lo mismo en las residencias de ancianos?

Sí, porque la situación de las residencias es la misma y porque se aplicarían los mismos protocolos. ¿Por qué no? no ha habido ni siquiera una reflexión sana y transparente acerca de lo que significaban esos protocolos. Pero, reitero, que es necesario ser claros. Si la sociedad que queremos tener es aquella que excluye a determinadas personas de la atención sanitaria por razones de edad o dependencia, que se diga. 

Lo que ocurrió en las residencias, como con las mascarillas, no lo sabremos nunca porque pasó en Administraciones de todo signo político

Habla de judicializar el asunto y es cierto que la Justicia siempre ha terminado cerrando estas investigaciones. No sólo en Madrid, en toda España.

Ahí se ve cuál es la posición de la judicatura o de los fiscales. Una de las cosas que a mí más me sorprende no es que se archiven determinadas querellas, sino que no se haya llamado ni una vez al firmante de ese protocolo a que haya ido al juzgado. Simplemente para explicar por qué hizo ese protocolo.

Estamos asistiendo a juicios por auténticas chorradas, como una supuesta patada que hubo por ahí [se refiere a la supuesta agresión de Íñigo Errejón], pero no a esto. Yo no digo que se le cite como investigado o como imputado, simplemente para qué, por qué y a razón de qué escribió ese protocolo.

Al final, lo que están haciendo todos y en todas las regiones, es dejarlo pasar, no sea que salga algún caso que les perjudique. Lo mismo que ha pasado con las contrataciones de emergencia con respecto a las mascarillas. Como ha ocurrido en administraciones de todo signo político, pues al final el resultado va a ser que nunca sepamos nada de lo que ocurrió y las auténticas barbaridades que se hicieron.