"Que la izquierda se vaya poniendo en fila de a uno para pedir perdón". Con esta frase ha reaccionado el Partido Popular de la Comunidad de Madrid tras conocerse que la Fiscalía Europea ha archivado el caso de las mascarillas del hermano de Ayuso por "no haber indicios de delito".
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Una frase categórica que los populares han publicado su cuenta oficial de Twitter tras conocerse la desestimación. Con la Fiscalía Europea ya son seis los organismos que han desestimado el caso: la Fiscalía Anticorrupción, la Cámara de cuentas, el Tribunal de contratación administrativa, la Intervención de la Comunidad de Madrid y la Comisión de control de las contrataciones
Desde la Comunidad afirman que el auto es "demoledor" y cierra la puerta a posibles críticas por el contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por 1.512.500 euros, en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Desde el organismo europeo han sobreseído el procedimiento "por no haberse acreditado que el precio pagado por las mascarillas fuera desproporcionado en relación con la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido por la intervención de personas ajenas a la empresa".
Durante el último año, los fiscales europeos han tomado declaraciones a los presuntos implicados; han analizado la documentación aportada por los declarantes; han comprobado la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas; han requerido información a la Agencia Tributaria, el SERMAS o la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); han recabado informes de la Guardia Civil y nombraron un perito que examinó toda la documentación.
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Al final de esta "exhaustiva investigación", la Fiscalía Europea ha decidido archivar el procedimiento "por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", según ha informado en un comunicado. La decisión se ha adoptado por la correspondiente Sala Permanente, a propuesta de los fiscales europeos delegados en España y con el acuerdo de la Fiscal Europea supervisora, Concepción Sabadell.
"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", subraya el comunicado.