El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a recurrir, por segunda vez, el conocido como "impuesto de solidaridad" o "impuesto a los ricos" impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

En esta ocasión, la región ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación.

El citado gravamen, contra el que Ayuso ha estado 'luchando' desde su anuncio, se aplica a las grandes fortunas a partir de los tres millones de euros y se ejecuta como un recargo al impuesto de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100%.

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La nueva medida judicial la ha confirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. 

Según ha explicado García Martín, el 90% de la recaudación del citado impuesto del Gobierno central proviene de los contribuyentes que residen en la Comunidad de Madrid. "Son datos que hemos conocido hoy mismo del Ministerio de Hacienda", ha concretado.

Tal y como ha dado a conocer este mismo miércoles el Gobierno de España, Madrid ha sido la región que aporta una mayoría absoluta de declarantes: 10.302, con 555 millones de euros abonados. Es decir, nueve de cada diez. 

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Este es el segundo recurso para detener la implantación de este impuesto nacional después de que, en el mes de enero recurrieran ante el Tribunal Constitucional este gravamen por "su invasión de las competencias autonómicas en materia fiscal".

Según ha explicado García Martín, Madrid considera que este impuesto invade las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, "lesiona, además, de forma muy grave, la seguridad jurídica y viola el principio de lealtad institucional". 

A su juicio, el impuesto vulnera la Carta Magna en seis aspectos: "invaden competencias", rompe "la autonomía financiera de las comunidades autónomas", viola el "principio de igualdad, porque no se trata por igual a los contribuyentes españoles"; vulnera "el procedimiento" (porque los diputados no presentaron enmiendas) y lesiona la "seguridad jurídica", por tener efectos retroactivos".