La intentona de Getafe para intentar topar el precio de los alquileres agarrándose a la nueva Ley de Vivienda apenas ha tenido recorrido. El Ayuntamiento, gobernado por la socialista Sara Hernández, pidió el miércoles a la Comunidad de Madrid que declarase al municipio como "zona tensionada". Los alquileres han rebasado en los últimos meses los 1.000 euros, cuando hace apenas dos años rondaban los 800 de media. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, ha rechazado la solicitud al estar convencido de que la limitación de precios "no ha funcionado" en ciudades como Barcelona y otras capitales europeas.
La posición del Gobierno regional no es, ni mucho menos, sorprendente. En los últimos meses, se ha mostrado en contra a la regulación aprobada en la pasada legislatura por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. La propia dirigente popular aseguró en abril que la Comunidad de Madrid no aplicaría la Ley de Vivienda "donde no sea obligatorio" al considerarla un "atropello a la propiedad". De hecho, el Tribunal Constitucional ha admitido esta semana a trámite los recursos que presentaron Ayuso y otras tres comunidades contra distintos artículos de la Ley.
Getafe, una ciudad del sur de la región donde viven más de 183.000 personas, ha sido el primer y único municipio madrileño en solicitar las posibilidades que ofrece la Ley de Vivienda para contener el alquiler. Fragua, una plataforma de análisis inmobiliario que utiliza datos de todas las grandes plataformas de anuncios, detalla a este diario que el pasado agosto un ciudadano debía pagar, de media, 1.033 euros -12,6 € el m2- si quería residir en Getafe, a diferencia de los 916 que hubiera abonado en el mismo mes de 2021.
Ante esta situación, la socialista Sara Hernández explicó el miércoles que su Ayuntamiento había enviado una carta al Ministerio de Vivienda y otra a la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid pidiendo la declaración de la ciudad como "zona tensionada", es decir, un área residencial donde hay una desproporción entre el precio de los alquileres y el poder adquisitivo de los habitantes.
El encargado de anunciar que el Gobierno regional había impedido tal posibilidad a Getafe fue el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que remarcó que Sol es la que tiene las competencias en esta materia y la responsabilidad de declarar zonas tensionadas.
"Rechazamos esta petición porque consideramos que limitar los precios y declarar las zonas tensionadas va contra la oferta de vivienda de alquiler", defendió el consejero, en declaraciones recogidas por Europa Press el viernes. "No compartimos esta iniciativa, mucho menos topar los precios. Lo que queremos es que la vivienda se mueva con libertad en el mercado. Es lo que le he trasladado a la regidora de Getafe", recalcó.
A su juicio, la Comunidad "se ha fijado en la experiencia de otras ciudades de España, como Barcelona, donde no ha funcionado esta limitación, así como en otras ciudades europeas, como París o Berlín". Cuando el Ejecutivo autonómico decidió llevar la norma al Constitucional, su principal argumento fue que la Ley, que entró en vigor en mayo, "invade competencias autonómicas" y se "extralimita en la interpretación" de determinadas materias. Madrid sostiene que la de la vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.