Alcalá analiza el ADN de cacas de perro para multar a sus dueños con hasta 3.000€: hay 9.000 canes registrados

No es la primera vez que un alcalde intenta descubrir qué caca pertenece a qué perro. Pero sí que puede ser la primera vez exitosa. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha emprendido una cruzada contra las cacas de perro y, más concretamente, contra los dueños que no las recogen de la acera. El Consistorio alcalaíno ha empezado a analizar el ADN de las heces que hay en la acera para multar a los dueños que no las recogen. Esta misma idea la tuvo Alberto Ruiz Gallardón en 2004, cuando era alcalde de Madrid, pero no llegó a buen puerto.

El Ayuntamiento complutense lleva desde julio haciendo un registro de ADN de los perros de Alcalá de Henares. Los dueños tenían un plazo de tres meses para acudir a una clínica veterinaria colaboradora para que un especialista tomara una muestra de saliva del animal. 

"Tenemos entre 8.000 y 9.000 censados", afirma el concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, en conversación telefónica con este periódico. "Calculamos que son en torno al 50% de todos los perros de Alcalá". Es decir, que la mitad de propietarios de canes que todavía no ha inscrito a su mascota en el registro se arriesga a una multa de 3.000 euros.

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Terminado el plazo, y con cerca de la mitad de los animales registrados, el Ayuntamiento ha empezado a recoger muestras de heces de perro para analizarlas y cruzar el ADN con la base de datos. Si sale una coincidencia, el dueño recibirá una multa. 

"En caso de que no se recojan las heces y se detecte por ADN al propietario, puede traer aparejadas sanciones que podrían alcanzar hasta los 3.000 euros de multa", explica el concejal. "No obstante, de lo que se trata es de conseguir tener una ciudad más limpia y concienciar a la ciudadanía de la recogida de heces en nuestras calles, para que estén limpias y saludables".

Toma de muestra de ADN canino. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El Ayuntamiento ha dedicado una partida de 200.000 euros para la creación del registro de ADN, con la contratación de un laboratorio privado por concurso. Cada muestra necesaria para crear el registro ha costado 33 euros, que ha pagado el contribuyente, en algunos casos, ayudado por un bono de 23 euros del Ayuntamiento. 

Asimismo, el gobierno municipal va a dedicar una partida anual de 45.000 euros para analizar las heces que se recojan en la calle. Con este dinero, el Consistorio podrá pagar algo más de 1.300 análisis al año, ya que el precio de analizar cada caca recogida es también de 33 euros. 

Los encargados de recoger las muestras en la calle son trabajadores del laboratorio contratado, que contarán con la ayuda de la Policía Local de Alcalá de Henares para este cometido.  

Prevenir el abandono

Este "genotipado" de las mascotas es complementario a la identificación mediante microchip. Ambas medidas son obligatorias desde el pasado 1 de julio, de conformidad a lo establecido en la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía.

El concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares, Vicente Pérez (derecha), junto a un policía y un operario. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El banco de ADN también servirá para detectar casos de abandono de mascotas. "Lamentablemente, se siguen produciendo casos de abandono de mascotas y, con objeto de que no sean identificadas, les extraen el microchip. A través del censo por ADN se podrá identificar a estos propietarios infractores y perseguir el abandono de forma más efectiva", asegura el Ayuntamiento en una nota de prensa.

"Además, se recuerda que también se comprobarán otras obligaciones, como la de portar una botella (agua mezclada con vinagre/bicarbonato sódico/zumo de limón) para limpiar el orín o llevar sujetos a los animales", avisa el Consistorio.

Gallardón no pudo

En el año 2004, el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quiso hacer lo mismo en la capital. Por aquellas, Madrid tenía algo más de 200.000 perros censados. Gallardón planteó que los servicios municipales de limpieza tuvieran la posibilidad de identificar el ADN de las heces de cada perro en algún lugar no permitido. 

La medida fue tachada, como poco, de disparate por la opinión pública y la oposición. Era inasumible por su coste y por el mantenimiento de una base de datos tan cambiante (cada perro vive en torno a los 14 años). Finalmente, Gallardón descartó la idea.