A principios del 2010, el Ministerio de Sanidad daba sus primeros pasos para prohibir las máquinas expendedoras de bollería en los colegios. Una medida que se terminó fraguando, pero que empezó a germinar en el seno de la Asamblea de Madrid. 

Una comisión de investigación, similar a la que ahora se va a poner en marcha para investigar el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales, fue el inicio de este movimiento que se vinculaba, directamente, a los peligrosos datos de obesidad infantil. 

Ahora, Madrid vuelve a abrir paso en un tema que preocupa a la mayoría de los padres: el uso de nuevas tecnologías y redes sociales entre los más jóvenes. Una preocupación creciente que se extiende, además, a los diputados de la Asamblea de Madrid. 

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Y es que, además de lo innovador de ponerse a investigar sobre este tema y sus consecuencias, la futura comisión sobre el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales que ha propuesto el PSOE vislumbra una 'rara avis' difícil de ver en estos días: un pacto entre el PP y el PSOE.

Ambos líderes regionales, tanto Isabel Díaz Ayuso como Juan Lobato, se han mostrado especialmente preocupados por este tema y, ahora, quieren dar pasos para avanzar en una futura regulación que, si se cumplen sus expectativas, puede extrapolarse a nivel nacional. 

El 'ok' del propio Partido Popular lo ha anunciado este mismo jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la sesión de control al Gobierno de Madrid. "Me parece muy interesante", ha señalado la dirigente regional.

La unión definitiva entre el PSOE y el PP en este punto se hará efectiva el próximo lunes cuando se votará la creación de esta comisión en la Junta de Portavoces. Esto presupone que los resultados de la comisión estarán listos en marzo.

¿Cómo será?

Tal y como ha adelantado el PSOE, que se ha mostrado muy orgulloso de la puesta en marcha de este proyecto, el objeto principal de la Comisión es que acudan a la Cámara regional a lo largo de tres meses expertos y organizaciones que puedan ayudar a fijar un criterio.

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El estudio debe de ser muy amplio, recoger datos e intentar discernir si deben de "existir o no móviles en los colegios e institutos en Madrid" o qué usos se le deben dar para evitar el consumo de pornografía o conductas de violencia machista; como ha enumerado Juan Lobato.

Desde el curso 2020/21, el Decreto por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, incluye la prohibición expresa del uso de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, permitiendo, exclusivamente, su uso como herramienta didáctica o por razones de salud.

"Yo sé que esta pregunta es difícil y complicada, pero creo que es el momento de que lo asumamos y que de una vez nos tomemos en serio este reto en la Comunidad", ha señalado Lobato en sede parlamentaria.

Precisamente, Juan Lobato ha sido quien ha puesto altas expectativas en esta Comisión. Ha concretado que su intención es que, con este proyecto, Madrid sea pionero a nivel nacional. 

En declaraciones a los medios, Lobato ha manifestado su deseo de pedir al nuevo Gobierno de España "que impulse una Cumbre de Comunidades Autónomas" para tratar este tema. 

Ha planteado que el proyecto nacional se ponga en marcha antes de verano de 2024, cuente con el informe madrileño, y (a partir de ahí) se hagan recomendaciones a nivel nacional sobre el uso de móviles, tecnología y redes sociales "para la infancia y la adolescencia".

Control escolar

Todo este debate vuelve a la Asamblea de Madrid después de que, este mismo martes y de manera pionera, Ayuso haya iniciado su intención de regular, en el ámbito escolar, la sobreexposición con un protocolo en las escuelas públicas y concertadas que no existe en ninguna región de España.

Ayuso anunció un protocolo por el cual los colegios vigilarán y notificarán a los servicios educativos las adicciones a este tipo de dispositivos que cada vez proliferan más entre los menores. Como ahora hacen con temas relacionados con drogas, abandono o abusos.

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El texto, que ya está a disposición de todos los centros educativos a través de la página web de Educación, contiene indicaciones sobre cómo identificar y actuar ante estas situaciones, además de una serie de fichas para facilitar la recogida de información, el análisis y el control por parte de los equipos docentes.

Estas herramientas posibilitan una rápida respuesta de los tutores y, en caso de necesidad, la derivación de los alumnos que presenten mayores dificultades al Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT) de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y al Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones Comportamentales en el Hospital público Gregorio Marañón (AdCom Madrid).