El actual alcalde de Leganés y exdiputado de la Asamblea de Madrid, Miguel Ángel Recuenco, está siendo investigado por el juzgado de la localidad por la gestión de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE SAU) desde 2011 a 2015. Un hecho "vergonzoso" a juicio del PSOE, que alarga un embrollo judicial entre el PSOE y el PP que lleva años manteniéndose.
Y es que, la actual condición del alcalde surge tras dos querellas presentadas por la propia empresa (cuando estaba en manos del PSOE), una comisión de investigación, una auditoría y, ahora, una tercera querella. Esta última presentada por el actual alcalde del PP contra concejales de izquierdas y el exalcalde (también del PSOE).
Un ir y venir de acusaciones que, según el alcalde de Leganés, son un "culebrón de serie B" liderado por el PSOE y que, según los socialistas, es un hecho "muy grave" que va más allá del PP de Leganés. "El PP le presentó como candidato a la alcaldía, con el apoyo del partido, pese a ser conocedor del proceso judicial que se estaba tramitando contra él", afirman fuentes socialistas.
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El caso es que las dos querellas que se interpusieron contra el actual alcalde se notificaron cuando Recuenco era diputado en la Asamblea de Madrid y, consiguientemente, estaba aforado. Al salir de la Cámara regional por su condición de alcalde, perdió dicha condición de aforado y es cuando el trámite se ha remitido al juzgado de Leganés, quien ahora le investiga.
Antes, las querellas fueron admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quien pidió que se citara a declarar a una decena de personas y que la Fiscalía realizara varios informes.
Al ser dos querellas las que se presentaron contra Recuenco, se analizaron los hechos por dos fiscales distintas ("dos asuntos diferentes, dos juzgados", insisten). Aun así, y según la documentación a la que ha tenido acceso Madrid Total, las dos fiscales coinciden en que hay "indicios" y que hay que proceder a la investigación.
Es ahí donde el PSOE reitera la gravedad de los hechos, puesto que, insisten, "no se plantean el archivo de las acusaciones". Pero cuando todo esto pasa y las fiscales deciden que se deben ejecutar una serie de pruebas, Recuenco pierde el aforamiento y el TSJM se lo 'manda' a los juzgados de Leganés.
En este punto y según la información a la que ha tenido acceso este diario, el TSJM unifica las causas y decide que se acumulan ambos casos en una sola causa que es la que, ahora, estudian desde el juzgado de Leganés.
Y es precisamente allí, en el juzgado de instrucción de Leganés, donde también se ha considerado que existe un supuesto caso de "malversación, prevaricación y administración desleal" por parte del que también fuera exconcejal de Urbanismo y del gerente de ESMULE, Manuel Martí Cazorla.
Así, el pasado 6 de noviembre de 2023, un Juzgado de Leganés decidía la incoación de diligencias previas y admitía las querellas interpuestas (uniéndolas en una sola causa) por prevaricación, malversación y administración desleal.
Primera querella
Como en todo "culebrón de serie B", palabras del actual alcalde, en la lucha por la gestión lícita o no de la empresa municipal del suelo hay dos versiones. La del PP y la del PSOE quiénes estaban al frente de este organismo que es propiedad del Ayuntamiento.
En el caso de la primera de las querellas, la empresa alegaba un "posible delito de prevaricación y malversación continuada" al haber adjudicado a 4 empresas, propiedad de las mismas personas, varios contratos que suman más de 1 millón de euros.
Dichos contratos son todos contratos menores (adjudicados por un máximo de 15.000 euros más IVA, por lo que no precisan de ningún tipo de trámite público), pero que, según la denuncia, se prorrogaron o sin existir expediente de contratación y sin pasar por ningún Consejo de Administración de la Empresa pública.
Estos contratos se realizaron para la conservación y mantenimiento del polígono PP3 Puerta de Carabanchel, frente al espacio comercial Plaza Nueva.
Pero el alcalde justifica estos contratos menores prorrogados no como un síntoma de contratos "a dedo" sino como una necesidad por el estado en el que se encontraba Esmule y el Ayuntamiento, que no se hacía cargo de la limpieza de unos terrenos.
"La junta de compensación no tenía liquidez para seguir prestando el servicio, pero tenía patrimonio, una parcela hotelera. Y el Ayuntamiento no tenía una partida presupuestaria para ese servicio porque estaba previsto que lo tuviera que dar de en esas fechas, aunque debía asumirlo en un futuro inmediato. Con lo cual había solo dos opciones, dejar aquello abandonado o actuar", explicaba el alcalde en enero de este mismo año.
Santiago Llorente, ex alcalde de Leganés
Además, en este cruce de acusaciones, el líder del PP de Leganés acusó a la mujer del alcalde, "directora financiera de Esmule", de ser la culpable de que no se prestaran los servicios contratados por la empresa municipal. "Era quien preparaba los pagos y quien constataba la ejecución de los servicios con los técnicos de la empresa en su función de directora financiera".
Eso sí, en la querella que presentó la empresa, se achaca al exconcejal del PP de usar contratos de emergencia, puesto que "no existían acontecimientos catastróficos, situaciones que supusieran grave peligro o necesidades que afectasen a la defensa nacional, que exigieran una actuación inmediata de la Sociedad, tal y como se refleja en el artículo 113.1 de la LSCP".
Segunda querella
La segunda querella viene derivada del segundo informe realizado por un despacho de abogados independiente y también habla de un presunto delito de prevaricación y malversación.
En este caso, obedece a la gestión de los pagos realizados a una constructora por la finalización de las obras de una promoción de viviendas públicas en el barrio de Poza del Agua de Leganés (PP5).
Esto es algo que, de primeras, critica al alcalde, puesto que el Consejo de Administración de EMSULE (integrado por consejeros de PSOE y sus socios de Ciudadanos Leganemos-Más Madrid), deciden "gastarse 17.500 euros + IVA de dinero público en contratar un equipo de abogados, con la única misión de montar una querella contra mí".
"Esos consejeros manifestaron que tenían unos informes previos y propios que les hacían sospechar que se habían cometido presuntos delitos. Los consejeros de la oposición pidieron los informes en los que sustentaban sus sospechas. No han remitido informe alguno", acusó.
Con todo ello, el citado informe se centra en "la liquidación del contrato de obras que ejecutó la constructora Ogensa", que habría formulado unas reclamaciones que habrían supuesto un "perjuicio total irrogado a EMSULE de 2,7 millones de euros".
Aquí, el enfrentamiento entre el PSOE y el PP es cosa de años. Mientras que unos aseguran que el concejal del PP fue negligente con los tiempos de las obras, Recuenco afirma que ellos "no estaban en el Gobierno ni en la gestión de la empresa" cuando se iniciaron las obras (2010).
"Se pone en duda el informe de un perito arquitecto de fecha 8 de junio de 2015, un profesional que al poco tiempo entró a formar parte de la plantilla de EMSULE. Siendo el gobierno del PSOE presidido por Llorente el que le mete en plantilla. No yo", acusa el alcalde al que, precisamente en la querella, se le imputa lo mismo.
"Inhabilitado"
Por el hecho de estar siendo investigado por el juzgado de Leganés por estos hechos, el PSOE local considera que debe de abandonar su cargo. "Empieza a estar bastante inhabilitado para continuar al frente de la alcaldía y máxime cuando lo primero que hizo fue subirse el salario", han añadido.
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Laura Oliva, concejala socialista y portavoz del partido en el Ayuntamiento, se pregunta cómo es posible que el alcalde pueda "gestionar correctamente la ciudad" cuando en la empresa municipal del suelo, "a la luz de lo que están diciendo los informes", no lo hizo de manera honesta.
"Van a intentar que esto quede en nada. Sería un auténtico escándalo intentar hacer algo para que este procedimiento se pare", finaliza.
Por su parte, el PP de Rencuenco puso una querella por "malversación de caudales públicos" a los consejeros de la Empresa que votaron a favor de hacer estos informes y presentar una querella con dinero público, entre los que está el exalcalde socialista, Santiago Llorente, que, según fuentes populares, también se ha admitido a trámite.
"No hay ningún motivo para variar lo que en su día dijimos. La justicia actuará y confió plenamente en ella. Tenemos mucho trabajo para que Leganés salga del pozo en que el PSOE sumió a la ciudad en los últimos ocho años. A eso me dedico, si otros se dedican a otras cosas, es su problema", ha finalizado el alcalde.