El enfrentamiento entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subido de nivel este miércoles con el último anuncio de la popular en materia sanitaria. 

Ayuso se ha adelantado al Gobierno de Pedro Sánchez para regular la venta de derivados del cannabis, como el CBD, después de que el Gobierno de España manifestara su intención de hacerlo. Puesto que, en España, no existe un marco regulatorio nacional para los productos derivados del cannabis

La presidenta, con su ley regional, da un paso adelante en este vacío legislativo, imponiendo sus bases ideológicas. Todo ello pese a que, las leyes de venta les tengan atados de pies y manos.

Como principales medidas, Ayuso ha destacado que su ley "prohibirá la venta de derivados del cannabis" en cualquier establecimiento a través de máquinas expendedoras, en farmacias o en máquinas de venta que estén a menos de 300 metros de un centro educativo. 

Hay que recordar que, en lo que respecta al CBD, en España existe un sistema de autorización de productos fabricados con CBD. Y, si los productos están fabricados, Madrid no puede prohibir su venta.

Su única opción es limitarla en determinados establecimientos, como ahora ha anunciado. Por eso, su forma de poner coto a la venta de productos no es prohibir su distribución de raíz, sino limitarla mucho: ni espacios cerca de entornos escolares, ni máquinas expendedoras, ni farmacias.

Además, Ayuso ha anunciado que se va a prohibir su "publicidad y patrocinio" y la venta de merchandising "con la imagen de estos productos" que, a su juicio, "quieren ser cada vez más simpáticos y familiares los jóvenes". 

En este sentido, la Comunidad de Madrid está trabajando con el Colegio de Farmacéuticos de la región para que las farmacias de Madrid no vendan este tipo de productos y que "no se anuncie ningún beneficio como ha pasado en la UE".

Entre estos derivados del cannabis a los que quieren poner coto, destaca el aceite para vapeadores, snacks o gominolas con CBD, cuyo consumo "también tiene riesgos para la salud", según Ayuso. 

Anteproyecto de ley

Lo que ha iniciado la Comunidad de Madrid, en su consejo de Gobierno celebrado este martes, es la "tramitación del anteproyecto de Ley para reformar la norma sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos vigente desde 2002, con el objetivo de proteger a los menores de los derivados del cannabis atajando su acceso".

El objetivo del Gobierno madrileño, por las limitaciones legislativas a nivel nacional, es adecuar la futura normativa regional también a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023.

En el futuro texto legal que establece la prohibición de vender a los niños sustancias perjudiciales y nocivas para su organismo. También, la obligación de informar de manera visible de la composición, características y uso de artículos orientados a este colectivo.

La medida va en línea con el Plan Regional sobre Drogas en el que está trabajando el Ejecutivo autonómico y que, según ha avanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es necesario porque "desde muy jóvenes, los niños están empezando a consumir marihuana y otras sustancias parecidas, que son tan perjudiciales".