Madrid "se rebelará contra cualquier intervención fiscal" que le haga cubrir lo que no pague Cataluña

La región madrileña es la mayor contribuyente al fondo de solidaridad autonómico. Según cifras oficiales, aporta el 71% del total del dinero que el Estado utiliza para reequilibrar las cuentas para que todas las CCAA del régimen común puedan financiar los servicios que dan a sus ciudadanos.

Las otras dos autonomías aportadoras netas son Cataluña y Baleares, dado que Navarra y País Vasco -dos regiones también "ricas"- tienen reconocido en la Constitución un régimen propio.

Pero ese privilegio "histórico" es el que ahora ha pactado el PSOE otorgarle a Cataluña, en el acuerdo signando por el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.

Más allá de que la reforma se logre aprobar en las Cortes, el resultado sería que, si Cataluña se queda "con el 100% de los tributos" que se pagan en su territorio, dejará de aportar su 20% al fondo de solidaridad. "Y lo lógico, dada la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, es que esa merma la quieran repartir entre las dos que quedan".

Según las fuentes citadas, el Gobierno de Ayuso se "rebelará jurídicamente, legalmente, constitucionalmente… con todas las armas posibles" contra ello.

La presidenta madrileña hizo, este jueves, un alto en sus vacaciones para participar en el acto de entrega de los reconocimientos Palomas de Bronce, que conceden los Bomberos de Madrid en el Día de la Virgen de la Paloma. En ese entorno, Ayuso insistió en que se "negará" a la creación de "una supuesta España federal".

Como ya han hecho otros barones del Partido Popular, lamentó que el PSOE esté ocultando los detalles del plan. "Es una república federal plurinacional y laica que nadie explica, pero que es ilegal, que atenta contra la soberanía nacional y que, por supuesto, va a afectar a los recursos de todos los españoles, de otras comunidades autónomas que tienen problemas verdaderos", en clara referencia crítica a los partidos separatistas y a los planes pactados por Illa con ERC.

Ayuso remarcó que es el Estado el que quedaría desguarnecido económicamente con esta medida. Y no podría solucionar los problemas "de falta de trenes o de falta de infraestructuras" en regiones menos favorecidas, "pero que son leales con España y, por tanto, no importan para el Gobierno". 

El Gobierno de Madrid, de hecho, anda con la mosca detrás de la oreja porque ya tiene la experiencia de la "intervención fiscal" contra su autonomía en política de impuestos tras imponer María Jesús Montero, hoy vicepresidenta primera, la recuperación del Impuesto de Patrimonio. Con el apoyo de los socios parlamentarios independentistas que acusan a Madrid de "dumping fiscal", la ministra de Hacienda lo impuso a través de un nuevo recargo a las grandes fortunas.

"Estamos viendo cómo se atenta contra la solidaridad entre regiones", advirtió la lideresa. "Por eso, el papel de Madrid es fundamental. Ahora van a intentar que aquello que es inimaginable se convierta en obligatorio, normal".

"Nada bueno vendrá"

En el PP dan por hecho que el Gobierno tratará de romper la unidad de las 12 CCAA que gobierna el partido de Alberto Núñez Feijóo. Y que lo harán arremetiendo contra "las derechas", acusando a los populares de "las mismas mentiras de la convivencia", advirtió Ayuso. "Pero es todo una grandísima farsa y en Madrid no nos vamos a quedar quietos en defensa de nuestra soberanía, de la igualdad ante la ley y las oportunidades y de la Constitución".

El Gobierno de Madrid, por tanto, se pondrá "a trabajar a fondo, en cada posible vía para bloquear, recurrir o desmontar" el proyecto del PSOE para entregar "ese privilegio de ciudadanos de primera" a Cataluña, "frente a los de segunda, que serían el resto de españoles".

Ayuso tratará de apropiarse de los conceptos que intuye que "el sanchismo" utilizará para tratar de "engañar": las causas comunes, la unidad y las alianzas "frente a aquellos que quieren destruir esta nación por intereses abrazados al nacionalismo y al independentismo".

Estos días, desde Génova se insistía en que, primero, Sánchez compró la investidura con la amnistía, y ahora compra la Generalitat con el cupo catalán. "Está pagando esos precios con lo que no es suyo, sino de todos", advertían las fuentes de la dirección popular.

Por eso, Ayuso cerró su intervención advirtiendo de que "nada bueno vendrá de sacar a Cataluña del régimen común de solidaridad" y de que "la compra del Gobierno en esa región está causando y va a causar males mayores al conjunto de los españoles y a la propia España", con un "federalismo impuesto, de espaldas a la Constitución y al margen de la ley".