El caso ITV lleva más de tres años sobrevolando a Noelia Posse, la exalcaldesa socialista de Móstoles, que acabará sentándose en el banquillo de los acusados. La causa judicial se inició con una querella de Más Madrid, en la que el partido alertaba a la Justicia de un posible comportamiento de corrupción después de que el Gobierno de Posse hubiera condonado una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV en la localidad.
Los dos ediles de Más Madrid que denunciaron, Susana García y Gabriel Ortega, entendían que el Ayuntamiento mostoleño no había cobrado las tasas debidas por el uso del suelo público que hizo la empresa ITV Móstoles SL, cuyos administradores también irán a juicio. A ojos del partido, esta decisión, sumada a una condonación de parte de la deuda de la mercantil con el consistorio, había supuesto un evidente perjuicio a las arcas públicas.
La adjudicación de la inspección técnica de vehículos (ITV) a esta compañía se produjo en 2011 por una duración de 30 años y en condiciones de ventaja, según entendía Más Madrid, partido que había sido socio del PSOE mostoleño hasta que abandonó la Ejecutiva local de Posse en 2019.
La causa derivada de la querella de Más Madrid fue archivada en 2022 por la juez instructora que antes había citado a declarar como investigados a la entonces alcaldesa y a su equipo. Pero Más Madrid, con el apoyo de la Fiscalía, recurrió el sobreseimiento y la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso, lo que ha llevado ahora al banquillo a Posse y a su equipo por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la resolución judicial que abre juicio oral para la exalcaldesa y sus concejales. El auto, además, les impone la obligación de reunir, "de forma conjunta y solidaria", la cantidad de 817.453 euros para asegurar la responsabilidad civil que derive del juicio.
Acompañarán a Posse en el banquillo de los acusados: David Muñoz Blanco (que fue teniente de alcalde y sigue como secretario de Organización del PSOE mostoleño), Rebeca Prieto Moro (antigua concejala de Empleo, del PSOE), Alejandro Martín Jiménez (actualmente, secretario general del PSOE de Móstoles y quien fue concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana), Aitor Perlines Sánchez (exconcejal de Hacienda), María Luisa Ruiz González (exedil de Urbanismo, del PSOE), María Dolores Triviño Moya (antigua concejala de Igualdad, PSOE), Beatriz Benavides Fuster (exconcejala de Urbanismo e Igualdad; ya jubilada) y Natividad Gómez Gómez (concejala de Educación por Podemos cuando se firmó el contrato).
A todos estos políticos o expolíticos se suma Mónica Ramírez Moreno Manzanaro, administradora de ITV Móstoles SL. Será la Audiencia Provincial de Madrid la que enjuicie el caso. También se sentará en el banquillo de los acusados Francisco Javier Torner, antiguo tesorero del Ayuntamiento.
Hace cuatro meses, la Fiscalía solicitó que Posse, que sigue como líder de la oposición en Móstoles, hoy gobernada por el PP, fuera inhabilitada durante 12 años para cualquier cargo público. Otros cuatro acusados más siguen siendo concejales del PSOE local todavía. El Código Ético del partido obliga a ordenar la suspensión de militancia de cualquiera de sus miembros cuando se abre juicio oral contra ellos en un caso de corrupción como éste.
Juan Lobato
En efecto, el secretario del PSM, Juan Lobato, ha sido preguntado en varias ocasiones por el caso ITV. Sobre todo, después de que la Fiscalía pidiera la inhabilitación de Posse. El dirigente siempre ha aludido al Código Ético del partido, que marca suspensión de militancia en el caso de apertura de juicio oral, tal y como ha ocurrido ahora.
Si los cinco socialistas afectados por el caso ITV, incluida Posse, no renuncian a su acta y se les suspende de militancia, podrían pasar al Grupo Mixto, una posibilidad factible después de que Lobato permitiera que Noelia Posse repitiera como candidata en las últimas elecciones municipales.
Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid, que fue el partido que denunció este posible caso de corrupción, ha sido la primera en recordarle a Lobato lo que establece el Código Ético del PSOE y la crisis política que puede abrírsele debido al caso ITV.
Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido también la dimisión de Posse y, si ella no lo hace, que sea el propio Lobato quien lo cese; si no "su autoridad quedará bastante mermada".
"La corrupción rodea al PSOE de [Pedro] Sánchez, a su Gobierno, a sus ministros y a su entorno más personal. Y también en la Comunidad de Madrid, en los ayuntamientos donde ha gobernado", ha denunciado Serrano.