Emilio Viciana, consejero de Educación: "Hay acuerdo entre CCAA del PP para contenidos comunes en selectividad"

El despacho de Emilio Viciana, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, tiene un aire que mezcla eficiencia técnica y cercanía familiar. Funcionario de carrera, amontona casi de manera simétrica tomos de órdenes y nuevos reglamentos sobre su escritorio. Aunque es imposible no fijarse en los detalles más personales: dibujos de sus tres hijos, una foto con su mujer que destila complicidad y, en un rincón, una taza de Spider-Man que saca su "lado más friki".

Nada más entrar, Viciana demuestra su carácter afable y curioso cuando la fotógrafa de EL ESPAÑOL empieza a retratarlo. "¿Qué objetivo usas?", pregunta con el entusiasmo de alguien que no solo disfruta del arte de la fotografía, sino que lo entiende. Ese mismo interés técnico y amable se traslada a su forma de hablar de educación: analiza, explica y conecta con ejemplos claros, como quien quiere que todos entiendan la complejidad de su trabajo. Porque hablar de financiación universitaria es, como mínimo, café para muy cafeteros.

El equilibrio entre lo técnico y lo personal en Emilio Viciana no es casualidad, sino algo que parece definirlo en cada detalle. Como sus dos relojes: uno analógico, que lleva porque le gusta y le parece bonito, y otro digital, que registra sus pasos. 'Lo práctico no está reñido con lo que nos hace sentir bien', parece decir su muñeca, un mensaje que encaja perfectamente con el reto que enfrenta en la educación con las pantallas en los colegios: integrar lo digital sin renunciar a lo analógico.

El consejero de Educación durante su conversación con EL ESPAÑOL en su despacho de la Consejería. Nieves Díaz

Esa misma dualidad se refleja en su enfoque hacia las pantallas en los colegios. Viciana defiende la formación en competencias digitales como un pilar fundamental, pero insiste en que no se puede permitir que los niños vivan pegados a una tablet. Igual que en su muñeca conviven tradición y tecnología, en las aulas quiere encontrar ese punto medio donde la digitalización sea una herramienta y no un fin en sí misma.

PREGUNTA: Empecemos por la última polémica que ha tenido la Comunidad con el Gobierno de España y esas becas Maria Goyi para contratar profesores universitarios. ¿Qué ha terminado pasando y por qué han advertido que esto le supondrá una gran deuda para Madrid?

RESPUESTA: Es algo que llevábamos denunciando desde hacía seis meses en la Comisión de Planificación, el 19 de junio, donde no se votó el convenio propiamente dicho, sino un reparto previo. Lo hemos firmado porque no hemos tenido más remedio, pero el Ministerio ha adoptado una serie de decisiones que no compartimos.

La LOSU han reducido las horas de dedicación docente de algunas categorías de profesores y, ahora, las universidades necesitan contratar más docentes para cumplir la ley. Eso lo decide la LOSU, pero lo pagamos las comunidades autónomas.

Ahora el Ministerio lanza un programa de cofinanciación que apenas financia una parte del problema y que es un panfleto político: impone la figura del profesor ayudante doctor, con la que no estamos de acuerdo, en detrimento del profesor asociado, que ayuda a conectar la universidad con el mundo de la empresa. Y exigen estabilizar esta figura, que es temporal, lo cual es paradójico, pues dicen que quieren acabar con la precariedad en la universidad pública imponiendo una figura que, de por sí, es temporal.

"El proyecto de cofinanciación para contratar ayudantes doctores costará unos 2.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid en los próximos 35 años"

P: Han tenido que aceptar esta imposición, como sucedió con la gratuidad de 0 a 3 años. ¿Cómo afronta su presupuesto de aquí a unos años con estos costes adicionales?

R: En el caso de los contratos de los ayundantes doctor, el convenio establece un periodo transitorio que permite a las comunidades dilatar la financiación hasta 2028. Nosotros, en cualquier caso, ya nos reunimos con los rectores y hemos puesto sobre la mesa la parte que corresponde a la Comunidad a partir de 2025, que son unos 17,4 millones.

Sin embargo, no es solo lo que costarán estos profesores durante los seis años que dura su contrato, sino que, posteriormente, se estabilizarán y pasarán a otras categorías, con otros costes distintos. Hemos hecho un cálculo estimativo, por lo bajo, sin incluir sexenios ni trienios, y el coste total será de unos 2.000 millones en unos 35 años. Es un coste exagerado.

P: Dice que prefieren la figura del profesor asociado. ¿En su ley de universidades van en esa dirección? ¿Nos puede contar algo?

R: Hemos concluido el trámite de consulta pública y recibido muchísimas aportaciones. Hemos realizado reuniones con toda la comunidad universitaria, organizándolas por áreas temáticas de la ley. Nos hemos reunido con consejos sociales, rectores de universidades públicas y privadas, estudiantes, investigadores y personal científico. Estamos elaborando un borrador y nuestra idea es presentarlo en la Asamblea para finales de primavera.

P: En esa ley se contempla evitar los escraches y un modelo de financiación diferente. ¿Qué novedades hay de ese borrador?

R: Queremos un modelo de financiación por objetivos porque el actual está obsoleto. Este presupuesto sería bianual y una parte de financiación estaría destinada a infraestructuras. Sabemos que los problemas son diferentes según cada universidad pero, por ejemplo, en el caso de la Complutense o de Alcalá hace falta más presupuesto, aunque sólo sea por la antigüedad de sus edificios. 

Vamos a poner en marcha también una contabilidad analítica, que recoge la LOSU pero que las universidades no tienen. A partir de ahí hablamos de financiación por objetivos. ¿Cuáles perseguimos? Pues objetivos de internacionalización, especialmente con Hispanoamérica, aprovechando nuestra vinculación cultural e idiomática y en este caso, las universidades podrían hacer un esfuerzo por captar alumnos y profesores del ámbito internacional. Desde el punto de vista científico hablaríamos de número de patentes o proyectos internacionales captados.

El consejero de Educación, Emilio Viciana, pretende presentar el borrador de la ley universitaria antes de verano. Nieves Diaz

P: En su momento se anunció una rebaja de tasas para estudiantes latinoamericanos, pero se ha retrasado. ¿Cuándo será efectiva?

R: No se ha aplicado todavía por problemas de plazos, pero la intención es hacerlo de manera retroactiva. La normativa se ha retrasado por varios factores, incluido que estuvimos esperando a que el Ministerio publicara una normativa. No tardará mucho en aplicarse.

P: En cuanto a las universidades privadas, ¿cuántos proyectos están ahora en tramitación? ¿Son muchos?

R: Cuando me hablan de universidades privadas yo siempre hablo de lo bien que se complementan con las públicas en la Comunidad. Nosotros defendemos esa interacción y que ambas aportan. Actualmente, contamos con 13 universidades privadas. Además, hay dos proyectos que han pasado ya la tramitación administrativa. Una vez superada esta etapa, será cuestión de tomar una decisión política sobre su impulso.

P: ¿Es favorable a impulsarlas?

R: Yo soy partidario del sistema universitario con públicas o privadas, con la máxima calidad y con la máxima exigencia.

"El modelo de FP Dual que tenía la Comunidad hasta hace poco era muy adecuado. Sin embargo, la normativa estatal ha introducido cambios que no encajan en nuestro contexto"

P: El coste de la calidad de vida en Madrid, sobre todo en vivienda, repercute en los estudiantes. ¿Han percibido que esté afectando a la llegada de estudiantes españoles de otras comunidades?

R: Yo diría que no. Madrid continúa atrayendo tanto a un gran número de estudiantes españoles como extranjeros. No solo es por la calidad de nuestras universidades, públicas y privadas, sino también por otros factores, como el estilo de vida y la hospitalidad. Sin embargo, no podemos ignorar que muchos precios han aumentado tras la pandemia y, en especial, debido a la guerra de Ucrania y ha repercutido en ámbitos como la vivienda o la cesta de la compra.

Desde la Comunidad, procuramos paliar este impacto con becas a los estudiantes que las solicitan y cumplen ciertos requisitos. Además, fomentamos la excelencia. Por ejemplo, hemos introducido becas de excelencia académico-deportiva, una iniciativa que premia tanto las buenas calificaciones como los logros deportivos, y hemos reforzado nuestro apoyo a la movilidad, con un complemento autonómico para las becas Erasmus Plus porque queremos garantizar que Madrid continúe siendo un destino educativo de referencia.

P: Cada vez más estudiantes eligen Madrid para cursar Formación Profesional (FP), especialmente FP Dual, gracias a la presencia de grandes empresas. ¿Qué modelo de FP Dual persigue Madrid? ¿Se orienta hacia un sistema alemán o busca un enfoque intermedio?

R: Personalmente, creo que el modelo de FP Dual que tenía Madrid hasta hace poco era adecuado. Sin embargo, la normativa estatal ha introducido cambios que no están bien diseñados como la obligatoriedad de realizar prácticas desde el primer curso porque los estudiantes no cuentan con una formación teórica suficiente o la cotización de las prácticas, tanto en FP como en la universidad, lo que puede desincentivar a las empresas. Nos preocupa la 'fuga' de empresas que colaboraban altruistamente, pero que ahora ven más dificultades para acoger alumnos. Además, sorprende que organismos de la administración central, que deberían dar ejemplo, hayan dejado de aceptar estudiantes con esta nueva normativa, lo que nos genera un reto adicional a nivel autonómico.

P: Hay jóvenes que se quedan sin plaza en FP sobre todo en ciertas especialidades con alta demanda. ¿Qué medidas están tomando para ajustar la oferta a las necesidades del mercado, especialmente en sectores tecnológicos o informáticos?

R: Las cifras que circulan sobre estudiantes sin plaza son, en muchos casos, incorrectas. Por ejemplo, el año pasado se hablaba de 30.000 jóvenes y este de 50.000. Sin embargo, al inicio del curso pasado aún teníamos 13.000 plazas disponibles, y semanas después quedaban cerca de 4.000. 

La FP, al igual que la universidad, requiere flexibilidad por parte de los estudiantes, ya que no siempre es posible garantizar plaza en la especialidad deseada y en su lugar de residencia. Por eso, fomentamos la movilidad y orientamos a los jóvenes a través de programas como 'Mentores FP', que han sido un éxito. Estamos trabajando en la oferta de plazas y desde el curso pasado, la Dirección General de Secundaria y Formación Profesional cuenta con una unidad específica dedicada a la prospección y colaboración con empresas que nos comunican sus necesidades, y adaptamos los ciclos formativos en consecuencia.

P: ¿Qué novedades hay respecto a la investigación de la fiscalía con los contratos para construir centros de Formación Profesional?

R: Fue la propia consejería la que detectó presuntas irregularidades en algunas actuaciones relacionadas con contratos de centros de FP y las puso en conocimiento de la Fiscalía para que lo investigue. El asunto está ahora en los tribunales y por supuesto vamos a seguir colaborando y revisando otras actuaciones; en caso de que localicemos alguna otra irregularidad la llevaremos igualmente a la justicia.

Emilio Viciana asegura que la Escuela Acreditada Europea seguirá adelante, aunque no en el Ramiro. Nieves Diaz

P: Respecto a la jornada partida en los colegios y el modelo EGB, ¿tienen cifras sobre cuántos centros podrían adoptar estas medidas?

R: Estas iniciativas, aunque complementarias, requieren diferentes abordajes. En el caso de primero y segundo de la ESO, comenzamos con la idea de implementarlo en nuevos colegios pero viendo la buena acogida lo queremos extener siempre que sea posible. Calculamos que al menos 25 centros podrán adaptarse a este modelo para el curso 2025-2026.

Respecto a la jornada partida, trabajamos en una normativa que favorezca su implementación aunque no será obligatoria. Responde a una demanda creciente de las familias, respaldada por estudios nacionales e internacionales. Sabemos que el trámite para revertir la jornada escolar es complejo y somos partidarios de agilizarlo y simplificarlo. 

"Es perfectamente compatible que los chicos no puedan estar enganchados a una pantalla y saber que las tecnologías nos son útiles en momentos como Filomena o una posible pandemia"

P: La Asamblea de Francia ha abordado hace poco el debate sobre los uniformes en los colegios públicos. Usted, como consejero, ¿está a favor?

R: Desde la Consejería no nos hemos planteado algo así. Creemos en la autonomía de los centros y que debe ser una decisión de ellos.

P: ¿Y en el caso de las taquillas en los colegios para que los menores guarden sus móviles?

R: Ya son una realidad en muchos colegios, pero seguimos apostando por que cada institución educativa adopte las medidas que mejor se ajusten a su proyecto y a las necesidades de su alumnado.

P: En su Consejería tienen un proyecto muy importante para limitar el uso de pantallas en menores y entornos escolares... 

R: Estamos en trámite de consulta pública y recibiendo aportaciones, ya que las familias muestran una notable preocupación sobre este tema. Además, una comisión de la Asamblea ha publicado un informe con sus conclusiones. Observamos que los países del norte de Europa, pioneros en la digitalización educativa, están dando marcha atrás debido a los malos resultados, especialmente en habilidades como la escritura a mano y la lectura en papel. Por eso, trabajamos en una normativa valiente que proteja a los menores y satisfaga las expectativas de las familias.

P: ¿Y cómo se puede conjugar con prepararse para momentos como la Covid-19, en los que todos los escolares tenían que tener una tablet para seguir las clases?

R: Es perfectamente compatible. De hecho, siempre digo que las nuevas tecnologías están aquí para quedarse y no podemos hacer caso omiso de ellas. Tenemos normativa estatal y europea que obliga a formar en competencias digitales, y esto no lo podemos obviar. También debemos estar preparados para situaciones como la pandemia o Filomena, para que los alumnos puedan aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías. Sin embargo, esto no significa que estén permanentemente enganchados a una tablet o a un dispositivo móvil.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid posa en su despacho de la calle Alcalá. Nieves Diaz

P: Hablando, por cierto, de Europa, la Comunidad tuvo un proyecto para crear una escuela europea en el Instituto Ramiro de Maeztu. Los padres se levantaron y se paralizó. ¿Es un proyecto apartado?

R: Estamos buscando nuevas ubicaciones. Es un proyecto que nos hace mucha ilusión. Quizá no tuvo tanta repercusión mediática, pero había mucha gente que pedía una escuela acreditada europea cuanto antes, incluso padres del Ramiro que nos lo solicitaban insistentemente. Sin embargo, al escuchar las preocupaciones de algunas familias, decidimos que no era necesario hacerlo en el Ramiro. Queremos llevarlo a cabo con las máximas garantías y apoyo, así que seguimos buscando ubicaciones.

P: ¿Tienen un tiempo estimado para ponerlo en marcha? ¿El próximo curso?

R: El próximo curso no nos da tiempo, pero queremos que sea dentro de esta legislatura.

P: Hemos empezado con política y terminaré con política. En cuanto a la relación con los sindicatos, ¿cómo están las negociaciones para la reducción de jornada?

R: La relación con los sindicatos es buena; me he reunido con ellos en varias ocasiones y también hay reuniones técnicas frecuentes. Estamos avanzando y somos optimistas. Aunque los sindicatos han continuado con sus movilizaciones, estoy convencido de que llegaremos a un buen acuerdo.

P: ¿Incluyendo la reducción de la jornada lectiva?

R: Creo que sí. Hemos presentado una oferta buena, aunque quedan detalles por pulir. Estoy convencido de que alcanzaremos un consenso.

"Lo que ha hecho el Gobierno central con la EVAU es puro maquillaje que no avanza más allá de cambiarle el nombre"

P: ¿Qué opina de la nueva EVAU del Gobierno?

R: Lo que ha hecho el Gobierno central con la EVAU es puro maquillaje que no va más allá de cambiar el nombre. Se dieron cuenta de que había un problema y de que las comunidades del PP nos habíamos puesto en marcha. Su propuesta no va a tener repercusión, pero la del PP va a ser algo potente y más ambicioso. Eso sí, lo hacemos dentro de nuestras competencias, sin invadir al Estado, y para ofrecer algo con mayores beneficios para los alumnos.

P: ¿Igualar contenidos beneficia más a Madrid porque su selectividad es de las más duras?

R: Igualar exigencias beneficia a todos. Madrid es de las comunidades más exigentes, pero hay otras que también lo son.

P: ¿Qué preparan las comunidades del PP para la selectividad de junio?

R: Es fundamental igualar el nivel de exigencia. Para eso, las comunidades del PP se llevan reuniendo desde octubre de 2023 para revisar criterios clave, como los de corrección. Aspectos como el peso de las faltas de ortografía, que varía entre regiones, han sido prioritarios en estas discusiones. Además, lo que estamos haciendo es trabajar en contenidos comunes dentro de lo que es la parte autonómica de la prueba. En junio, al menos en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, se verá una propuesta más sólida que la planteada por el Gobierno.

P: ¿Qué tal es la relación con sus homólogos en otras comunidades?

R: Las relaciones entre comunidades autónomas son buenas y existen puntos en los que es posible llegar a acuerdos comunes. Sin embargo, en algunos casos, especialmente con comunidades del PSOE, el enfoque ideológico y político parecen tener más peso que el beneficio práctico para los alumnos. Curiosamente, se han encontrado más afinidades con regiones como Cataluña o el País Vasco que con algunas gobernadas por el PSOE.