La Comunidad 'vacía' el Castillo de Manzanares tras volver a manos privadas: los tapices ya están en la Real Fábrica

Por ello, la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid (que durante años ha gestionado las visitas a este espacio) ha decidido "vaciar" el interior del castillo, dejando únicamente la cartelería correspondiente a la exposición museográfica.

Según han explicado fuentes del equipo de Mariano de Paco a Madrid Total, parte de las obras que se exhibieron durante años en el Castillo de Manzanares El Real han sido retiradas tras la finalización del convenio entre el propietario, el Ducado del Infantado -cuya cara visible es la duquesa Almudena de Arteaga-, y la autoridad regional.

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Estas mismas fuentes insisten en que, desde la Comunidad de Madrid se trabajó en todo momento para que el convenio pudiera continuar. De hecho, se ofrecieron a los propietarios dos contratos diferentes para la cesión y gestión del espacio. Sin embargo, estos no se llegaron a firmar debido a cuestiones de licencias ajenas a la autoridad regional.

La última información pública de la Comunidad de Madrid sobre las obras de arte en el interior del castillo menciona una colección de diez tapices flamencos, depositados por la desaparecida Diputación Provincial de Madrid. Son las piezas de mayor valor histórico y artístico, por lo que han sido trasladadas a la Real Fábrica de Tapices.

Una sala con armaduras en el Castillo de Manzanares El Real, situado en la Sierra de Guadarrama, a 20 de febrero de 2022, en Madrid (España) Rafael Bastante / Europa Press

Asimismo, la museografía permanece en el castillo, a la espera de que el espacio pueda reabrir, pues esa es la "esperanza" de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, mientras no se pueda formalizar el convenio, el resto de las obras han tenido que ser retiradas. La razón es puramente práctica: unas obras de tal valor deben de estar custodiadas por el organismo regional y no por un particular que no puede asegurar su mantenimiento. 

"Las obras de mayor importancia ya han sido retiradas. Las demás se retirarán en los próximos días, ya que el convenio no se ha podido formalizar", explican desde el Gobierno regional. En cuanto al paradero de las obras menores, entre ellas cuadros religiosos de José Maea, se sabe únicamente que están en un "almacén".

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Ayuntamiento, propiedad y Comunidad de Madrid coinciden en que el objetivo común es que el castillo continúe prestando el mismo servicio público y pueda reabrir. Desde la Comunidad, insisten en que se han ofrecido diferentes fórmulas y están "dispuestos a seguir explorando opciones".

La inversión de la Comunidad en este espacio no ha sido menor. Más de un millón de euros anuales se han destinado a obras de reconstrucción, conservación, mantenimiento y apertura pública del inmueble. La última de ellas estuvo relacionada con los daños ocasionados por la tormenta Filomena.

El origen de esta construcción histórica se remonta al siglo XV, cuando Diego Hurtado de Mendoza, primer Duque del Infantado, comenzó a levantarlo. El 5 de enero de 1965 se firmó la escritura de cesión del inmueble entre la Casa Ducal y la entonces Diputación Provincial de Madrid. El acuerdo se alargó 60 años y caducó el pasado domingo. De la gestión del castillo se encarga Iván de Arteaga. 

Licencias

Desde el Ayuntamiento insisten en que todo el problema radica en las licencias urbanísticas, y aseguran que están trabajando para que la actividad del castillo pueda retomarse "lo antes posible". La alcaldesa del municipio, Alicia Gallego, recuerda que fue durante las primeras reuniones para formalizar la gestión por parte de los propietarios cuando se descubrió el "pastel".

La Comunidad estaba llevando a cabo una actividad cultural dentro del castillo sin licencia. Esto no suponía ninguna ilegalidad, ya que la Administración pública no necesita dicha licencia. Sin embargo, ahora que la gestión pasa a manos de sus legítimos propietarios, esta licencia resulta indispensable.

Miguel Fiter

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Aquí es donde las cosas se complican. El "sencillo" cambio de titularidad de la licencia de explotación del castillo no puede realizarse, ya que los duques del Infantado necesitan obtener una licencia de actividad para un suelo rústico. Esto resulta completamente imposible bajo las normas urbanísticas actuales del municipio.

Por ello, los propietarios han iniciado el único trámite viable: una modificación de las normas subsidiarias. Este es un proceso lento que puede durar más de un año y que requiere la colaboración de todas las instituciones. En el mejor de los casos, la alcaldesa espera que el castillo reabra antes de enero de 2026, aunque no se atreve a garantizar una fecha concreta.

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Actualmente, los propietarios están buscando a los expertos necesarios para llevar a cabo este trámite y empezar con la documentación.

Según ha podido saber este diario, la familia espera que la situación urbanística que impide que el castillo obtenga la licencia se resuelva mediante la Ley de Urbanismo de la Comunidad de Madrid para suelo urbanizable no sectorizado, cuyos plazos son mucho más rápidos que los del Ayuntamiento, hablando de "unos meses".

En declaraciones a este periódico, el abogado de la familia Arteaga, Miguel Temboury, asegura que existen "opciones legales disponibles que permitirían reabrir el castillo durante el primer semestre" de 2025. Por ello, pone la pelota sobre el tejado de la Comunidad y el Consistorio. 

"Es fundamental que ambas administraciones encuentren una solución urgente a este problema y permitan que el castillo siga siendo un espacio de encuentro y disfrute para todos. Existen vías legales que permiten una rápida reapertura", insiste el representante legal, que recalca el compromiso de la propiedad de cara a "trabajar con las autoridades para superar los obstáculos burocráticos actuales". 

En cualquier caso, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso apuntan, en primer término, al Ayuntamiento de Manzanares El Real. La Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente explica que la modificación del planeamiento urbanístico es un tipo de proceso que aprueba de forma definitiva la Comunidad de Madrid, pero que antes debe aprobar de manera inicial el ayuntamiento de turno. Así, es la Corporación Local de Manzanares la que "debería proponer la modificación que considere". Si la propuesta municipal cumple con la normativa urbanística, el Gobierno regional le daría la luz verde final.