Más de tres semanas después de que el Gobierno decretara el estado de alarma, son muchas las residencias de mayores en España que todavía no cuentan con test de diagnóstico. En muchos de esos centros mueren personas con problemas respiratorios que no pasan a las estadísticas oficiales, puesto que los médicos geriátricos pueden sospechar por los síntomas presentados que se trata de un fallecimiento por Covid-19, pero no certificarlo.

Así, si hay un segmento en el que se pone de manifiesto que las cifras oficiales sobre contagios y muertes por coronavirus son muy superiores a las que reflejan las gráficas que se recogen en los medios de comunicación, ese es el de las residencias de la tercera edad.

El pasado 24 de marzo, la Comunidad de Madrid envió una notificación a esos centros de mayores con un "procedimiento para la gestión de cadáveres". En esa orden, a la que ha tenido acceso este periódico, se establecía un protocolo para la retirada de cuerpos mientras dure el estado de alarma.

Así es el protocolo

En el caso de los hospitales es la Unidad Militar de Emergencia (UME) la encargada de retirar el féretro y en el caso de las residencias de mayores y los domicilios particulares son las funerarias las responsables de gestionar esa retirada.

Teniendo en cuenta que, en varias intervenciones públicas, el presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, Juan Antonio Alguacil, ha denunciado que las funerarias en España tienen capacidad para hacer 1.700 servicios diarios y no dan abasto, es complicado encajar las cifras oficiosas (a falta de una estadística pública oficial sobre los casos de Covid-19 en estos centros) que se están facilitando sobre el número de fallecimientos en residencias.

De acuerdo con esas estimaciones, la cifra de muertes en centros de la tercera edad por coronavirus no alcanza los 4.000 en todo el territorio nacional, un número que gestores de residencias en Madrid consideran muy inferior al real. 

Según denuncia una empresa privada de gestión de residencias a EL ESPAÑOL, en los últimos días han tenido que esperar hasta 30 horas para que la compañía de servicios funerarios Parcesa se pueda llevar a una anciana fallecida, cuando los tiempos habituales que maneja esa funeraria suelen ser de entre una y tres horas. El motivo de ese retraso sería el altísimo volumen de trabajo que tienen las funerarias, que solo atienden a residencias y domicilios.

Desde Parcesa aclaran que siendo más alto de lo habitual el volumen de trabajo de estos días en residencias y domicilios, las funerarias también se están encargando de los hospitales privados y están haciendo de apoyo en algunos hospitales públicos. Además, añaden, "las empresas funerarias se encargan de recoger a los fallecidos trasladados por la UME a las morgues habilitadas por la Comunidad de Madrid, para proceder a su posterior cremación o entierro".

Un censo inexacto

Según los datos -ya obsoletos porque se actualizan cada 10 años- del Instituto Nacional Estadística (INE), en España había censadas en el año 2011, 270.286 personas viviendo en residencias de la tercera edad. El Imserso ofrece cifras más actualizadas sobre el número de plazas, que en el año 2018 superaban las 380.000.

Si la infección se ha detectado ya de forma oficial en al menos el 20% de las residencias, el virus podría haber convivido con unos 76.000 residentes. Y teniendo en cuenta que la mortalidad es del 10%, no sería disparatado pensar que la cifra pudiera estar ya próxima a los 7.600 fallecidos.

Se trata de estimaciones que las citadas fuentes consideran conservadoras, ya que sospechan que el número de residencias afectadas podría superar el 50%, teniendo en cuenta las largas colas que hay para acceder a las desinfecciones de la UME y los datos que manejan los proveedores de material EPI (equipos de protección individual) que trabajan con estos centros. Hay quien estima que sería posible llegar a los 15.000 fallecidos en residencias.

Sin embargo, la ausencia de test de diagnóstico para poder hacer frente a la pandemia -y dotar a las estadísticas oficiales de cifras más certeras- hace imposible realizar una estimación clara de hasta dónde llega el drama que se está viviendo desde finales de febrero en las residencias de ancianos.

El Ministerio de Sanidad, que coordina la entrega de esos test junto a las comunidades autónomas, no está enviando el material solicitado a muchas residencias en las que hay casos de sospecha y funcionan protocolos internos para tratar a los posibles enfermos.

Menos pensionistas

Hay datos que se irán conociendo en los próximos meses y que pondrán de manifiesto hasta qué punto el coronavirus ha sido letal entre los mayores.

Uno de ellos es la evolución de las pensiones. Los datos de la Seguridad Social correspondientes al mes de marzo -cuando se decretó el estado de alarma- reflejaron una caída en más de 8.377 personas en el número de pensionistas, hasta los 8.896.412.

Con este dato se rompió la tendencia al alza de los últimos cuatro meses, en los que el número de pensionistas había aumentado, si bien en el conjunto de 2019 la caída del cómputo total fue algo superior a 2.300 personas (cifra de muertes en un año muy inferior a la del mes de marzo).

Sin embargo, el colapso en todos los registros de defunción invitan a pensar que el dato del mes pasado podría ser mayor del anunciado. Si a eso se suman los efectos que la enfermedad sigue teniendo en abril, cuando se han alcanzado los picos en el número de fallecidos, hace previsible que este mes las cifras de la Seguridad Social nos permitan hacer un dibujo más fiable de hasta dónde alcanza el drama del coronavirus entre los más mayores.