El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón ha interrogado este jueves en calidad de investigados a tres funcionarios del Ayuntamiento de Alcorcón por la explosión ocurrida en un edificio de la localidad en octubre del año pasado. En el suceso murieron dos niños, entre ellos el pequeño Darío, de cinco años.
La otra víctima fue su hermano de nueve meses, cuyo nombre no trascendió. Ambos fallecieron por inhalación de humo en los brazos de su madre, que intentaba protegerles de la nube tóxica. Hacía solo 11 meses que la familia, natural de Extremadura, se había instalado en el bloque.
La explosión se debió a una chispa de una radial que prendió un material aislante de unas obras que se realizaban en un restaurante. Raúl Esteban, jefe de los bomberos de Alcorcón, explicó en el lugar a los medios de comunicación que el edificio estaba "mal compartimentado" y por el eso el humo había llegado al resto del edificio.
Este jueves, según consta en la citación, comparecerán el arquitecto municipal, el ingeniero municipal, el jefe de Sección de Disciplina y Control y un trabajador de la promotora por dos delitos de homicidio imprudente, otro de lesiones graves e imprudentes, daños y prevaricación urbanística.
El juez Agustín Carretero, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón, sospecha que la falta en el momento de construirse el edificio de la debida sectorización contra incendios pudo agravar el resultado del siniestro.
Hace ya un año, el juez interrogó en el marco de las diligencias como investigados a cuatro obreros y al coordinador de seguridad de la obra por un presunto delito de homicidio, lesiones imprudentes y daños.
Estos imputados se habrían parapeteado en un informe pericial, ratificado por el máximo responsable de los bomberos de este municipio, que exponía las deficiencias antiincendios del edificio al carecer de medidas contra el fuego en los falsos techos, incumpliendo la normativa.
A los responsables de las obras se les imputa además la presunta comisión de un delito conexo urbanístico y ordenación del territorio por vulneración de las directrices del Código Técnico de la Edificación. Mientras que a los funcionarios se les añade un delito de prevaricación urbanística.
El pasado julio, los arquitectos del edificio defendieron durante su comparecencia judicial que se cumplió con la normativa fijada en el código técnico de la edificación del inmueble.