La calle Serrano, una de las más exclusivas de Madrid, acogerá este martes la protesta organizada por un sindicato y unos vecinos furiosos de Lavapiés. Todos ellos se plantarán frente a la sede de Elix Rental Housing, una socimi vinculada a Claudio Aguirre Pemán, primo de Esperanza Aguirre, para clamar contra la operación de esta sociedad para comprar un bloque de pisos en la calle Tribulete.
En medio de toda esta polémica, la sociedad está contando con la ayuda de una mediadora. Se llama María José Jiménez Cortiñas y su perfil profesional es, cuando menos, llamativo: ex candidata del PP en Ourense a finales de los 90 -"no cuenta ni como experiencia", aseguró ella misma- y cabeza de lista de Podemos en 2015 por Salamanca. Su faceta más conocida, sin embargo, es la de activista por los derechos de las mujeres gitanas en España.
El inmueble se encuentra en pleno corazón de Lavapiés, a dos minutos a pie de la parada de Metro. Se construyó hace más de cien años y alberga 50 viviendas y dos locales comerciales repartidos en seis pisos. En su interior viven entre 52 y 54 familias en régimen de alquiler. Los inquilinos se enteraron hace unos días de las intenciones de esta compañía y ahora temen quedarse en la calle "de la noche a la mañana".
Elix Rental Housing es lo que se conoce como una socimi, una forma societaria creada en 2009 que no paga impuesto de sociedades y que disfruta de grandes bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales. La firma nació a principios de 2023 fruto de la asociación entre AltamarCAM y Elix. Estas dos firmas cogestionan la empresa, siendo la primera responsable de la gestión corporativa y del vehículo, mientras que la segunda se ocupa de la gestión de los inmuebles.
La accionista mayoritaria del negocio es Altamar Real State, cuya matriz, a su vez, es AltamarCAM Partners, la empresa fundada por el primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Tribulete 7 todavía no forma parte de la cartera de activos de Elix Rental Housing. La compañía está trabajando en ello y, según los representantes de los inquilinos, este martes a las 18 horas dará luz verde a la adquisición del inmueble. Fuentes de la socimi no confirman este último extremo, pero sí detallan que están siguiendo los pasos habituales en el proceso de compra de un edificio.
Aseguran, igualmente, que "en ningún caso" la operación persiga rehabilitar el edificio para llenarlo de viviendas de uso turístico. "El objetivo es rehabilitar el edificio para garantizar las condiciones de habitabilidad y seguridad necesarias y las viviendas estarán destinadas a uso residencial", detallan.
Pero en el bloque desconfían. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid -que está asesorando a los vecinos- teme que Altamar y su socimi utilicen una "técnica estrella de la especulación inmobiliaria": desahuciar, renovar y vender "a un precio mucho más alto". Alejandra Jacinto, candidata de Podemos en las últimas elecciones autonómicas y ya fuera del partido morado, también está asesorando a los inquilinos en este proceso.
Desde Elix Rental Housing entienden que "los vecinos puedan estar intranquilos por el desconocimiento". "Por ese motivo, nuestro objetivo es contactar con ellos uno a uno para explicarles la situación y ofrecer la mejor solución para cada uno de ellos".
Mediadora con "enfoque social"
Según adelantó El Plural, la socimi ha enviado a la trabajadora social como mediadora con los vecinos del bloque de Tribulete 7. Fuentes del Sindicato de Inquilinas fueron testigos de como la mujer aseguraba haber sido designada por la socimi en las negociaciones con los inquilinos, pero sin revelar su vínculo oficial con los potenciales compradores.
Preguntada por esta cuestión, desde la sociedad inmobiliaria confirman que "efectivamente", esta trabajadora social está trabajando para Elix Rental Housing como mediadora en este proceso. "Tiene un claro enfoque social para encontrar la opción más adecuada en cada caso", precisan.
Del PP a Podemos y el activismo
Este diario ha intentado contactar con Jiménez Cortiñas a través de Gitanas Feministas por la Diversidad, pero la asociación que ella misma fundó con otras compañeras en 2013 no ha contestado.
Según recogió La Voz de Galicia en 2015, Guru, el apodo con el que se conoce a María José, vivió su primer acercamiento a la política en 1999, cuando concurrió como número 21 de la lista del PP de Ourense. Años más tarde, los morados la ficharon para encabezar su candidatura por Salamanca para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.
La propia activista recordó sus aventuras políticas en una entrevista que el periódico gallego publicó a finales del año pasado. Al parecer, su paso por las listas del PP "no cuenta ni como experiencia". "Estaba estudiando la carrera, y tenía mucho vínculo con una persona relacionada con el PP de Ourense. Decidieron meterme en las listas municipales y me enteré después, cuando vine a Galicia en vacaciones. Fue una foto, en realidad", aclara.
"La experiencia en la que sí me involucré fue la de Podemos", matiza a renglón seguido. En este punto, dice que también concurrió con el partido fundado por Pablo Iglesias para las generales de 2019. "Tenía mucha ilusión y me quedé a muy poco de entrar en el Congreso. Pero en la repetición ya no quise participar. La experiencia dentro fue fea, muy competitiva, con muchos egos... Más de lo mismo", dice.
Protesta en Serrano
La protesta de la calle Serrano arrancará a las 17 horas frente a la sede de Elix Rental Housing, situada en un cuarto de un edificio del número 51 de la famosa vía. La junta de la compañía comenzará una hora más tarde, aunque desde la firma sólo dicen que se abordarán "diferentes temas" que afectan a la firma.
Hace un mes, en el orden del día de una junta de la sociedad que finalmente se pospuso, sí que aparecía como uno de los puntos la "autorización para la adquisición de un activo esencial para la sociedad". La firma calificó este movimiento como "Operación Barrio Lavapiés".
El caso ha llegado a los oídos de la oposición madrileña en Cibeles. Más Madrid ha planteado que sea el Ayuntamiento quien compre el edificio del que "un fondo buitre quiere expulsar a 54 familias y dos comercios de toda la vida". Tras escuchar esta idea, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al partido de Rita Maestre que deje el "populismo" y de "jugar con las esperanzas de la gente" con las viviendas de Tribulete 7.
El PSOE, por su parte, ha criticado "el modelo de chanchullo especulativo instalado en Madrid" y ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a Martínez-Almeida, que apliquen la ley de Vivienda y que "protejan" a estos vecinos. La portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, ha enviado una carta a la firma instando al consejo de administración a que frene una operación que "daña la reputación" de la compañía.