La burocracia y, de manera más precisa, la tramitación de licencias urbanísticas asoma en el horizonte como el principal quebradero de cabeza al que ya se empiezan a enfrentar la provincia de Málaga y la capital de la Costa del Sol en el objetivo de mantener el crecimiento económico de los últimos años.
Así al menos lo creen los integrantes del Foro Regulación Inteligente, un grupo de análisis dedicado al estudio de las distintas regulaciones existentes en España y que está dirigido por el analista Diego Sánchez de la Cruz.
Este equipo acaba de elaborar un informe específico sobre la provincia de Málaga, en el que si bien valora los logros alcanzados por este territorio, reconocido como uno de los de "mayor y mejor proyección económica y social", también subraya la necesidad de abordar "reformas que acompañen y sostengan la tendencia de crecimiento", especialmente en el plano urbanístico.
De manera precisa, se indica que en una provincia en la que el sector de la construcción representa el 8,43% del Productor Interior Bruto (PIB), y ocupa a un 28,3% de la población activa, "se detecta un claro déficit de vivienda que tiene como consecuencia el incremento de precios". Sobre ello, según los cálculos registrados, en los últimos siete años el metro cuadrado ha crecido un 41,9%.
Conforme a lo recogido en el estudio, titulado La Burocracia Urbanística como Amenaza al Progreso de Málaga, en los últimos 20 años se ha producido un descenso acumulado del 91,14% en la vivienda visada, siendo "prácticamente imperceptible" el peso de la promoción pública. Indicadores, según los autores, que reflejan "el fuerte deterioro del mercado en la provincia, cada vez más propio de una situación de escasez".
Oferta necesaria
Considerando el comportamiento de los visados en los tres últimos años, se estima un crecimiento de 66.510 viviendas hasta el año 2029, cifra muy alejada de lo que, a ojos de los analistas, es necesaria para atender el crecimiento demográfico previsto.
Para cumplir con un incremento poblacional moderado, la oferta debería ser de 81.900 unidades (9.100 visados por ejercicio), elevándose a 109.800 en un planteamiento optimista (12.200 unidades anuales).
"El déficit es de 15.390 viviendas, en el primer caso, y de 43.290 desarrollos, en el segundo", se apostilla. Y como consecuencia de ello, se ponen números a la incidencia de esta menor carga constructiva. Según se concluye, "de confirmarse la actual tendencia, la inversión perdida del sector promotor por el déficit en el desarrollo de vivienda sería de hasta 8.110 millones; cifra a la que habría que sumar hasta 5.458 millones que se perderían en la actividad constructiva".
A juicio de los autores del trabajo, esta realidad pone de manifiesto "un evidente problema de escasez de oferta", justificada, de manera especial, por "el bloqueo burocrático que sufre la tramitación de licencias, especialmente en la capital".
Tomando como referencia los testimonios de colectivos esenciales en el sector como el de los promotores y arquitectos malagueños, se subraya que el tiempo medio de tramitación de las licencias "alcanza niveles aberrantes".
"El promedio de tiempo máximo esperado llega a los 13,5 meses, mientras que la mediana de tiempo máximo se sitúa en los 12 meses", se destaca, añadiendo: "Cifras que se sitúan inaceptablemente por delante de los tres meses que fija como referencia la legislación en vigor".
Otro aspecto señalado en el informe tiene que ver con la necesidad que tienen los arquitectos de consultar necesariamente con la Administración para intentar "aliviar los retrasos y tener mayor certidumbre".
"Solo un 4,1% de los arquitectos afirma que no se ve obligado a consultar con los técnicos municipales para avanzar la tramitación de sus expedientes, mientras que el 36,2% debe hacer entre una y dos visitas de este tipo para desbloquear sus obras", se informa.
El porcentaje es del 33,3% en los casos en los que estos profesionales necesitan entre tres y cinco consultas, mientras que otro 26,4% requiere más de cinco citas. Lo recogido viene a coincidir en buena medida con las últimas quejas expresadas por el Colegio de Arquitectos de Málaga y por varios promotores de la provincia.
De hecho, el foro evidencia los efectos que el retraso en la tramitación de los expedientes tiene en forma de sobrecostes para los compradores. Los analistas consideran que el sobrecoste financiero que suponen para el promotor las demoras acumuladas puede ser de unos 3.158 euros.
Ante este escenario, Foro Regulación Inteligente recuerda la existencia de "un amplio consenso" en torno a la necesidad de desbloquear el parón burocrático que "lastra el desarrollo urbanístico e inmobiliario de la provincia y, sobre todo, de la capital".
Programas con tecnología MS-DOS
Apuntan que la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga viene lamentando que las administraciones no hayan aprovechado los años de menor actividad empresarial para agilizar sus trámites administrativos, "que se han convertido en el principal escollo con el que se encuentran las empresas a la hora de empezar nuevos desarrollos urbanísticos o promociones inmobiliarias".
En esta misma línea, el Colegio Oficial de Arquitectos viene denunciando la existencia de "un atasco importante en la tramitación de los expedientes, que bloquea el crecimiento del sector en toda la provincia y, especialmente, en la capital".
Entre los factores identificados por el colectivo, destaca "el atraso tecnológico en los procedimientos administrativos, que están lejos de lo que requiere una apuesta verdadera por la digitalización y la tramitación electrónica".
En el caso de la capital de la Costa del Sol, en el informe se admite el esfuerzo que viene realizando el Ayuntamiento en el intento de mejorar la situación con la sustitución de licencias por declaraciones responsables, lo que incide sobre las obras menores; pese a ello, la obra mayor "sigue sufriendo un atasco burocrático muy significativo".
Al tiempo, denuncia que dos años después de que se presupuestaran 250.000 euros para mejorar la dotación electrónica y tecnológica de la Gerencia de Urbanismo sigan pendientes de aplicación. Se da el caso de que algunos expedientes se siguen tratando en programas con tecnología MS-DOS, "más propia de los años 80 que de la década de 2020".