El Gobierno central se ha hecho eco del clamor de los vecinos afectados por el incendio de Sierra Bermeja, así como de los alcaldes y demás instituciones, y ha acordado este martes declararla como zona afectada gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC).

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, según han informado desde la Administración central, da cobertura a las emergencias de Protección Civil que se han producido con posterioridad al pasado 24 de agosto de 2021, fecha en la que ya fue adoptada una resolución de similares características para afrontar episodios de análogas características durante las semanas estivales previas. 

Ante esta decisión, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reclamado hoy a la Junta de Andalucía que "se ponga las pilas y trabaje ya en la elaboración de cuantos informes y documentos sean necesarios". Y ha precisado que los servicios técnicos de Protección Civil ya se han puesto en contacto con los ayuntamientos afectados para tener una primera valoración de daños. 

El delegado del Gobierno ha aclarado que la inclusión de los municipios en la declaración "es independiente de que los afectados puedan acceder a otro cauce de ayudas recogidas en Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, que prevé subvenciones a la recuperación de los daños, o las que tiene que articular la Junta como administración competente en materia forestal en Andalucía".  

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recalcado que es el momento de que la Junta y los municipios afectados realicen una evaluación técnica de los daños para que las ayudas puedan llegar lo antes posible, Según el análisis provisional, el fuego afectó a Estepona, Jubrique, Genalguacil, Casares, Júzcar, Faraján y Benahavís.

Además del incendio de Málaga, así como otro en las provincia de Granada, la decisión del Gobierno da cobertura a los ocurridos en Graus (Huesca), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), Boca de Huérgamo y Serrilla (León), Merindad de Río Ubierna (Burgos), Ayoó de Vidriales (Zamora), Cueva de Ágreda (Soria), Buñol (Valencia), Orihuela (Alicante), Cáceres y Ribas de Sil (Lugo). A estos episodios hay que sumar las inundaciones sufridas en Benicàssim y Vinaròs (Castellón), Alcanar (Tarragona), Toledo, Mallorca y Menorca.  

En todos estos casos, la emergencia alcanzó tal gravedad que las administraciones autonómicas competentes se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno, lo que permite ahora la declaración de ZAEPC. 

Son, en todos los casos, emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y bienes públicos, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, daños que no han podido ser identificados y cuantificados todavía por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía. 

Pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas adoptadas para recuperar las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado.

La declaración como ZAEPC permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios.

La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego o por las inundaciones. 

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.